La Municipalidad de Puerto Montt, por medio de su Unidad Penal Municipal, presentó una querella contra los representantes de tres locales comerciales acusados de cometer el delito de rotura de sellos, luego de que —según antecedentes municipales— vulneraran medidas de clausura impuestas por la autoridad local durante el mes de febrero. El caso apunta a recintos que, además, no contaban con patentes vigentes, un elemento que agrava el escenario desde la perspectiva del control municipal y la seguridad pública.
De acuerdo con lo expuesto por el municipio, las acciones judiciales buscan que el Ministerio Público encabece una investigación criminal para establecer responsabilidades y sancionar a los involucrados con las penas máximas contempladas en el ordenamiento jurídico vigente. En la práctica, se trata de un paso que eleva el conflicto desde la fiscalización administrativa a una persecución penal, con consecuencias más severas para quienes resulten responsables.
La querella se basa en la presunta infracción al Decreto Exento N° 12.539, instrumento que ordenaba el cierre inmediato de los establecimientos cuestionados. Según los informes técnicos que sustentan la presentación, los locales fueron notificados formalmente respecto de la clausura y de las condiciones impuestas por la autoridad municipal.
Tras esa notificación, y en el marco de controles posteriores, fiscalizadores municipales realizaron visitas de inspección. En esas revisiones, siempre según los reportes técnicos citados por el municipio, se constató que los sellos de seguridad instalados para materializar la clausura habrían sido destruidos de forma intencional, con el objetivo de retomar las operaciones comerciales de manera ilegal.
Lo que busca la querella
El municipio plantea que el quebrantamiento de una clausura mediante la rotura de sellos no es un incumplimiento menor: implica, en los hechos, desconocer una orden expresa de la autoridad y volver a funcionar pese a una prohibición vigente. Por eso, la ofensiva judicial apunta a que el caso sea investigado penalmente y no solo tramitado como una infracción administrativa.
En términos comunitarios, este tipo de medidas busca reforzar el cumplimiento de reglas básicas para el funcionamiento de actividades comerciales, especialmente cuando se trata de locales sin patentes vigentes. Para vecinos y comerciantes que operan dentro de la normativa, el control y la fiscalización son parte de un piso mínimo de equidad: quienes cumplen costos y exigencias esperan que las clausuras se respeten y no se eludan volviendo a abrir a puertas cerradas o bajo sellos vulnerados.
El abogado de la Unidad Penal Municipal, abogado de la Unidad Penal Municipal, Marcos Emilfork, explicó que este actuar se inserta en una nueva política municipal de tolerancia cero frente a la impunidad en delitos que afectan el orden público. En esa línea, mencionó expresamente hechos como robos de cables, usurpaciones y falsificaciones, como parte del universo de situaciones que el municipio busca enfrentar con herramientas penales.
“El quebrantamiento de las clausuras mediante la rotura de sellos nunca se persiguió penalmente por el municipio hasta ahora”, sostuvo Emilfork, marcando un giro en la forma en que el municipio pretende abordar este tipo de incumplimientos. Según lo planteado, el objetivo es reafirmar el compromiso de la administración con fortalecer la seguridad y el cumplimiento de la ley en la capital regional.
Contexto de fiscalización en febrero
Los hechos descritos se enmarcan en medidas de clausura adoptadas durante febrero, periodo en que —según la información municipal— se ordenó el cierre de estos locales por no contar con patentes vigentes. La finalidad de un cierre inmediato decretado vía decreto exento es evitar que el establecimiento continúe operando mientras se encuentra fuera del marco regulatorio, reduciendo riesgos asociados a la actividad comercial no autorizada.
En lo inmediato, el proceso abre un curso de acción penal que ahora quedará en manos del Ministerio Público, que deberá determinar diligencias, eventuales formalizaciones y responsabilidades. Para el municipio, el próximo paso clave será sostener la querella con los antecedentes técnicos ya recabados en inspecciones y notificaciones, en un escenario que podría sentar un precedente sobre cómo se perseguirán, hacia adelante, las roturas de sellos de clausura en Puerto Montt.
