Los gobiernos regionales del país plantearon al Ejecutivo una demanda por mayor autonomía en el financiamiento de la gestión de emergencias, solicitando que el porcentaje descontado de sus presupuestos para este fin permanezca en cada territorio y se destine a acciones concretas de preparación, mitigación y primera respuesta ante desastres. El planteamiento se produce en un contexto marcado por eventos climáticos de creciente intensidad, en el que las regiones asumen buena parte de la respuesta inicial cuando se declara una crisis.
El reclamo por descentralizar los recursos de emergencia
El argumento central de las autoridades regionales apunta a que los mecanismos presupuestarios nacionales, al concentrar recursos en un fondo del que —según sostienen— no habría información ni control regional, dificultan planificar inversiones preventivas con continuidad. En esa línea, advirtieron que la respuesta institucional no puede depender únicamente de reasignaciones cuando ya existe una crisis en desarrollo, porque la compra de equipamiento y la ejecución de iniciativas requieren tiempos administrativos que no calzan con la urgencia de los eventos.
Aunque se han logrado gestionar recursos para equipamiento, las autoridades enfatizaron que estos «no son automáticos» y que, incluso cuando se aprueban por vías abreviadas, deben pasar por tramitaciones y procesos de adquisición antes de transformarse en equipamiento operativo. «La prevención no puede comenzar cuando la emergencia ya está instalada», recalcaron, en una reflexión centrada en cómo se financia la preparación y la primera respuesta ante eventos críticos. Bajo ese enfoque, cuestionaron que «mientras las emergencias ocurren en las regiones, se retiren recursos que podrían proteger a nuestras comunidades y fortalecer la primera respuesta».
El caso de Los Ríos y los descuentos presupuestarios
Como ejemplo del impacto de estos descuentos, se mencionó el caso de la Región de Los Ríos, donde la resta anual asciende a cerca de 2.300 millones de pesos. Según expusieron las autoridades, ese monto implica restar financiamiento que podría utilizarse para reforzar la preparación comunitaria, la educación preventiva y la respuesta inicial, especialmente en comunas donde las brechas de equipamiento y capacitación se vuelven críticas cuando aumenta la demanda por apoyo durante una emergencia.
El planteamiento fue transmitido al Presidente José Antonio Kast, al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y —en la última reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID)— al subsecretario de Gobierno, José Francisco Lagos. La discusión se enmarca en un debate más amplio sobre la institucionalidad de emergencias, en el que la Ley de Presupuestos 2026 ya habilita a los gobiernos regionales a destinar hasta un 2% de su presupuesto de Inversión Regional para enfrentar situaciones de emergencia en todas sus etapas, mecanismo cuyo uso anticipado fue activado por el Gobierno mediante una resolución del 10 de julio y coordinado a través de los propios COGRID.
Inversión comunal y el foco en la prevención
En paralelo a la demanda por autonomía, los gobiernos regionales detallaron las acciones desplegadas durante este año en alianza con el SENAPRED, el SERNAGEOMIN y los municipios. Entre ellas figuran el financiamiento de planes comunales de emergencia con un promedio de 120 millones de pesos por comuna, el apoyo para la adquisición de vehículos y equipamiento, y la destinación de recursos a estudios de remoción en masa, capacitación municipal y educación preventiva. Pese a estos avances, las autoridades reconocieron que «debemos avanzar más», en referencia a la necesidad de consolidar capacidades locales antes de la temporada de riesgos.
Las autoridades regionales sostuvieron que las regiones han demostrado capacidad para invertir con responsabilidad y que el Gobierno central recurre a ellas para solicitar apoyo durante las emergencias. A partir de esa experiencia, reiteraron que la gestión del riesgo se enfrenta durante la crisis, pero se prepara «desde mucho antes», insistiendo en la necesidad de contar con mayor autonomía y recursos disponibles en el propio territorio. El planteamiento quedó instalado como una demanda de reasignación efectiva del financiamiento, de modo que la prevención y la mitigación no dependan de procesos tardíos y que las regiones puedan sostener una planificación más estable de su equipamiento, estudios técnicos y formación municipal. «Una región preparada protege mejor a su gente», concluyeron.
Para la macrozona sur —incluidas las regiones de Los Ríos y Los Lagos, expuestas de forma recurrente a sistemas frontales, desbordes de ríos y remociones en masa—, el desenlace de esta discusión presupuestaria tiene consecuencias directas: define cuántos recursos quedan disponibles en el territorio para anticiparse a las emergencias que, temporada tras temporada, golpean con mayor fuerza a las comunas rurales y ribereñas del sur de Chile.ha demostrado capacidad para invertir con responsabilidad, y afirmó que el Gobierno central recurre a los gobiernos regionales para solicitar apoyo durante emergencias. A partir de esa experiencia, reiteró que la gestión del riesgo se enfrenta durante la crisis, pero se prepara “desde mucho antes”, insistiendo en que se requiere mayor autonomía y recursos disponibles en el propio territorio.
El planteamiento quedó instalado como una demanda de reasignación efectiva del financiamiento para que la prevención y la mitigación no dependan de procesos tardíos, y para que las regiones puedan sostener una planificación más estable de su equipamiento, estudios técnicos y formación municipal. “Una región preparada, protege mejor a su gente”, concluyó el Gobierno Regional, al reafirmar que la prevención debe comenzar antes de que la emergencia se instale.
