La Corte de Apelaciones de Puerto Montt y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia firmaron un protocolo que permitirá estandarizar los informes sobre medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes en la región de Los Lagos.
La iniciativa busca mejorar la calidad, claridad y oportunidad de la información que reciben los tribunales de familia, con el objetivo de facilitar decisiones judiciales más rápidas y efectivas en casos sensibles.
Informes más claros para decisiones más oportunas
El nuevo sistema establece un formato único que deberán utilizar los programas encargados de ejecutar medidas de protección, permitiendo entregar antecedentes más precisos y útiles a los jueces.
Esto apunta a resolver una de las principales dificultades del sistema: la dispersión y falta de estandarización en los informes, lo que puede retrasar decisiones clave en casos que involucran a niños y adolescentes.
El ministro encargado de asuntos de familia, Patricio Rondini, destacó que se trata de un instrumento inédito a nivel nacional, orientado a fortalecer la labor judicial.
“En la medida que estos informes son actualizados y contienen la información necesaria, se toman mejores decisiones”, señaló.
Coordinación entre instituciones
El protocolo fue suscrito en conjunto con el Servicio de Protección Especializada y contó con la adhesión de tribunales de familia de Osorno y Río Negro, fortaleciendo la coordinación a nivel regional.
Desde el sistema judicial se valoró que la iniciativa permita avanzar hacia una justicia más eficiente.
La jueza del Juzgado de Familia de Osorno, Lorena Riquelme, destacó que los nuevos informes serán más breves y enfocados, facilitando el análisis de los casos.
Implementación obligatoria desde abril
El instrumento comenzó su marcha blanca durante marzo y será obligatorio a partir de abril para los 88 programas de intervención existentes en la región.
Según explicó el director regional (s) del Servicio de Protección Especializada, Javier Romero, el protocolo surge desde la necesidad de los propios tribunales de contar con información más oportuna.
Mejora del sistema de protección
La implementación de este nuevo sistema se enmarca en los esfuerzos por fortalecer el sistema de protección de la niñez, en un contexto donde la coordinación entre instituciones ha sido uno de los principales desafíos.
El avance apunta a mejorar la respuesta del Estado en casos de vulneración de derechos, donde la calidad de la información disponible puede ser determinante para la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes.
