Más de 45 países se reúnen esta semana en Santa Marta, Colombia, con un objetivo que las negociaciones climáticas han evitado durante tres décadas: definir cómo dejar atrás los combustibles fósiles, incluyendo la reducción y eliminación de la producción de petróleo, gas y carbón, principal motor de la crisis climática.
El encuentro no opera bajo el paraguas de Naciones Unidas. Se trata de una iniciativa impulsada por Colombia y los Países Bajos, diseñada para abrir un camino donde los foros tradicionales han quedado estancados, al sentar a la misma mesa a países dispuestos a avanzar sin el veto de quienes han bloqueado estas conversaciones.
La discusión llega en un momento en que la crisis energética, acentuada por la guerra, expone cómo un conflicto localizado impacta a casi todas las economías del mundo. En América Latina, ese escenario se traduce en apagones, alzas del precio de los combustibles y aumento del costo de la vida, con mayor presión sobre los hogares más vulnerables.
Para el sur de Chile y la Región de Los Lagos, la lectura es directa: cuando suben los combustibles y se encarece la energía, el golpe se siente en el presupuesto familiar y en actividades que dependen del transporte y la logística, en un territorio donde las distancias, la conectividad y el clima hacen que la energía sea un factor crítico para la vida diaria.
Una salida fósil fuera del bloqueo de los foros tradicionales
La directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Gladys Martínez de Lemos, planteó que el desafío no es solo aumentar compromisos climáticos, sino abordar el núcleo del problema: cómo recortar la producción de combustibles fósiles hasta dejarla atrás. En su análisis, la urgencia climática y la estabilidad económica “están del mismo lado”, y no se contraponen.
Según esa mirada, la guerra muestra el camino “más razonable”: reducir la dependencia de los combustibles fósiles e invertir en un modelo energético soberano, menos expuesto a shocks globales. Pero al mismo tiempo, el estrechamiento de la oferta mundial eleva la presión por ampliar la extracción en nuevos territorios y vuelve a posicionar a América Latina como frontera de expansión.
Como ejemplos de esa tensión, se menciona la aceleración del megaproyecto de fracking en Vaca Muerta, en Argentina, y la reactivación de exportaciones venezolanas bajo licencias de Estados Unidos. El diagnóstico es que las inversiones se multiplican con la promesa de altos retornos a corto plazo, mientras se consolida una dependencia ya probada como insostenible.
Base jurídica, transición justa y el rol de los derechos
El planteamiento incluye que los países que buscan avanzar en la salida de los fósiles cuentan con una base jurídica y científica ya establecida. Se apunta a que tribunales internacionales han reafirmado la obligación de los Estados de proteger a las personas y al planeta frente a los efectos de la crisis climática, incluyendo de forma expresa el deber de regular la producción fósil.
En esa línea se releva el Acuerdo de París y las contribuciones nacionales (NDCs) que lo materializan, las que fijan metas y principios de transición justa considerados vinculantes. El reto descrito es traducir esos compromisos en legislación y políticas públicas domésticas efectivas, capaces de implementarse y de sostenerse más allá de los ciclos políticos.
El punto crítico, según Martínez de Lemos, es que la transición debe ser justa para resultar viable. Se describe un patrón recurrente: cierres o abandonos de proyectos sin remediación ambiental, sin compensación y sin alternativas económicas para los territorios afectados.
Ese patrón fue documentado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por comunidades y organizaciones civiles. La evidencia presentada apunta a que la extracción suele terminar sin garantías para quienes han soportado sus impactos, especialmente pueblos indígenas y afrodescendientes.
La conclusión del planteamiento es que una transición que ignore derechos o abandone territorios degradados sin rendición de cuentas difícilmente sostendrá el respaldo social y político necesario. Desde esa perspectiva, la reunión de Santa Marta busca ser más que otra cita internacional: una oportunidad para que América Latina deje de ser frontera de expansión fósil y se convierta en un espacio donde se construya una transición energética “en sus propios términos”, con foco en la gente y el planeta.
