En Santa Marta, Colombia, la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles cerró con un acuerdo en el que 57 países comprometieron acelerar sus procesos de transición energética, uno de los hitos ambientales más seguidos de la semana en Latinoamérica y con eco en el sur de Chile por el debate sobre cómo se reduce la dependencia de combustibles fósiles y se protege el territorio.
El balance semanal también instaló una señal de alerta desde la cuenca amazónica: un estudio documentó que las redes criminales ya impactan al 67 % de los municipios y al 32 % de los territorios indígenas. En paralelo, un informe global reportó un freno de la pérdida de bosque tropical en 2025, aunque Brasil, Bolivia, Perú y Colombia siguen concentrando los puntos más críticos de Latinoamérica.
En Ecuador, en tanto, un tribunal electoral sancionó con una multa de 18 000 dólares a dos líderes que impulsaron la consulta popular en defensa del Yasuní, una decisión que fue cuestionada por expertos consultados. La resolución reactivó un debate regional sobre la participación ciudadana en temas ambientales de alto impacto.
En la agenda institucional, la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú terminó en Nassau, Bahamas, con discusiones intensas sobre el acceso a la justicia ambiental, la protección de defensores ambientales y la participación pública. Aunque se reportaron avances en transparencia y género, organizaciones indígenas denunciaron exclusión en decisiones clave, y se fijó que la próxima cita será en 2028.
Transición energética: acuerdo de 57 países y el debate regional
La conferencia realizada en Santa Marta puso sobre la mesa la necesidad de acelerar la transición más allá de los combustibles fósiles, con 57 países alineando un acuerdo para apurar esos procesos. El resultado fue leído como un hito por su volumen de adhesiones y por la señal política que instala en un escenario de cambios energéticos en curso.
En el sur de Chile, y particularmente en la Región de Los Lagos, el tema se observa con atención por su vínculo con discusiones locales sobre energía y desarrollo territorial, donde la demanda por infraestructura, descarbonización y estándares ambientales se cruza con economías regionales. El acuerdo internacional funciona como un referente en un momento en que los territorios se informan y comparan experiencias de transición.
La semana también evidenció que la transición energética y la protección ambiental avanzan en paralelo a tensiones sociales y territoriales, especialmente cuando se trata de decisiones que se toman con alcance internacional y repercuten en regiones periféricas. En Los Lagos, esto conecta con la conversación pública sobre cómo se equilibran metas ambientales con actividades productivas y con la voz de las comunidades.
Amazonía y Escazú: crimen organizado, bosque tropical y acceso a justicia
El estudio difundido sobre la Amazonía entregó cifras concretas: las redes criminales ya afectan al 67 % de los municipios y al 32 % de los territorios indígenas. Ese diagnóstico expone una dimensión ambiental y de seguridad que atraviesa la gobernanza de ecosistemas estratégicos para el clima y la biodiversidad del continente.
En la misma línea de monitoreo ambiental, un informe global señaló un freno de la pérdida de bosque tropical durante 2025. Aun así, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia continúan concentrando los puntos más críticos de Latinoamérica, manteniendo el foco sobre los principales frentes de deforestación y degradación en la región.
El Acuerdo de Escazú, por su parte, volvió al centro del debate tras el cierre de su COP4 en Nassau, Bahamas (foto: CEPAL). La reunión abordó acceso a la justicia, defensores ambientales y participación ciudadana; junto con avances en transparencia y género, organizaciones indígenas denunciaron exclusión en decisiones clave, y quedó establecido que la próxima conferencia se realizará en 2028.
El cierre de la semana dejó un hilo común para el sur de Chile: los procesos de transición energética, la protección de bosque y la discusión sobre justicia ambiental se mueven al ritmo de acuerdos internacionales y conflictos en terreno. En regiones como Los Lagos, donde la ciudadanía sigue de cerca debates ambientales y productivos, estos hitos regionales marcan el tono de las conversaciones que seguirán abiertas durante los próximos años.
