Con un ataúd simbólico que representaba la “muerte de la salud pública del país”, 15 alcaldes de la Región Metropolitana llegaron este lunes al Palacio de La Moneda, en Santiago, para entregar una carta dirigida al presidente José Antonio Kast, alertando por recortes presupuestarios que afectarían al sistema de salud pública y, en particular, a la Atención Primaria de Salud (APS).
La delegación estuvo integrada por el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro; el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos; la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes; la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino; el alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga; el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo; el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra; el alcalde de Pirque, Jaime Escudero; el alcalde de Recoleta, Fares Jadue; el alcalde de San Bernardo, Christopher White; la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla; el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; la alcaldesa de El Monte, Zandra Maulen; el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo; y el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas.
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades comunales, la acción buscó visibilizar el impacto que tendría el ajuste en la red de salud pública, considerando que los municipios administran parte relevante de la atención primaria y sostienen el funcionamiento cotidiano de prestaciones en sus territorios.
En La Moneda, el grupo fue recibido por la jefa de Gestión Ciudadana de Presidencia, Ruth Hurtado, quien además es exsecretaria general del Partido Republicano. También se indicó que para el próximo miércoles se proyecta una reunión con el mandatario.
La advertencia por 24 programas y su efecto en la red municipal
En la carta entregada al Presidente, los alcaldes expresaron su inquietud por la eventual eliminación de 24 programas del área de salud, con especial preocupación por aquellos vinculados a la Atención Primaria de Salud. En su diagnóstico, la medida trasladaría el peso del ajuste fiscal a los municipios que administran la red asistencial y a los trabajadores del sector.
El documento plantea que ese escenario podría significar una mayor carga laboral y pérdida de empleos entre quienes sostienen prestaciones locales. La alerta, señalaron, apunta a evitar que el ajuste se traduzca en recortes directos en la atención en los territorios.
Entre las prestaciones que, según advirtieron, se verían afectadas por las medidas, enumeraron iniciativas asociadas al acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, salud mental, prevención del suicidio, cuidados paliativos, atención de personas mayores, programas de reparación en salud y salud bucal, entre otras enfocadas en grupos vulnerables.
Solicitudes al Ejecutivo: per cápita, PRAPS y Presupuesto 2027
En el mismo texto, los jefes comunales sostienen que la eliminación de programas está comprometiendo “el modelo de atención vigente y afecta con mayor intensidad a quienes dependen del sistema público”. Junto con ello, alertaron por consecuencias operativas en el sistema, como una mayor presión sobre los servicios de urgencia, aumento de listas de espera, incremento de la mortalidad evitable y mayores costos para el Estado.
Dentro de las principales solicitudes planteadas al Ejecutivo, las autoridades comunales pidieron aumentar los recursos destinados a la APS en el marco del Presupuesto 2027; transparentar y actualizar el cálculo del per cápita; detener la reducción de programas como los PRAPS; fortalecer la capacidad operativa de la atención primaria frente al aumento de los costos de funcionamiento; y revisar las medidas asociadas a la universalización en salud.
Al cierre de la presentación en el Palacio de La Moneda, los alcaldes manifestaron su disposición a avanzar en un diálogo técnico y político con el Gobierno, con el objetivo de compatibilizar la responsabilidad fiscal con la protección del derecho a la salud pública.
