A más de dos meses del fallecimiento del sargento segundo de Carabineros Javier Eduardo Figueroa Manquemilla en Puerto Varas, región de Los Lagos, la investigación judicial enfrenta un giro significativo que abre interrogantes sobre la dinámica real de los hechos: el llamado al 133 que originó el procedimiento policial donde el funcionario fue baleado en la cabeza estaría asociado al teléfono del propio carabinero, y la bala que lo mató habría salido de su arma reglamentaria. Hasta la fecha, el Ministerio Público y Carabineros no han logrado establecer la participación de terceros ni identificar autores.
El origen del caso: un balazo en la cabeza la madrugada del 11 de marzo
El hecho que sacudió a la Región de Los Lagos ocurrió la madrugada del martes 11 de marzo de 2026, el mismo día del traspaso de mando presidencial. A eso de las 06:00 horas, un llamado al 133 alertó sobre personas consumiendo alcohol en la vía pública en calle San Francisco de Puerto Varas. El sargento Figueroa, de 36 años, y un compañero concurrieron al lugar para realizar una fiscalización de rutina. Al llegar, según la versión inicial, debieron enfrentar a un grupo de sujetos armados, uno de los cuales habría efectuado dos disparos, impactando al uniformado en el cráneo. Figueroa fue trasladado al Hospital Regional de Puerto Montt, donde ingresó con diagnóstico de muerte cerebral y permaneció conectado a ventilación mecánica durante ocho días. Falleció el 19 de marzo de 2026.
El carabinero tenía 15 años de servicio en la institución, tres felicitaciones en su hoja de vida y era jefe de ronda de la Primera Comisaría de Puerto Varas. Era casado con una funcionaria de Carabineros y dejó un hijo de 7 años. El Presidente de la República, José Antonio Kast, decretó Duelo Nacional de tres días en su honor y su funeral, realizado el 21 de marzo, reunió a las más altas autoridades del gobierno y de la institución policial. Como último gesto, el sargento Figueroa se convirtió en donante de órganos, tal como lo había expresado en vida.
Los nuevos antecedentes que complican la investigación
Según reveló un reportaje de Reportajes T13 publicado el 11 de mayo de 2026, la Fiscalía logró establecer mediante peritajes del OS-9 de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) que el llamado al 133 que originó el procedimiento habría sido realizado desde un teléfono asociado al propio funcionario, dispositivo que fue encontrado posteriormente al interior de su mochila y sin chip. Las policías rastrearon el aparato a través de su número de serie. Lo que aún no se ha podido determinar es si el sargento lo usaba regularmente para comunicarse, y tampoco si la mochila estaba en manos de su familia o en su vehículo al momento del hecho.
En cuanto al arma utilizada para balarle, los peritajes establecieron que el disparo entró por la frente del carabinero con una posterior salida de proyectil, y esa bala corresponde al arma del propio policía fallecido. Además, el análisis forense no detectó restos de terceros en el arma. El ADN del compañero de Figueroa —quien estaba presente al momento del hecho— fue analizado y el resultado fue negativo, descartándose por ahora su participación. La investigación también enfrenta un obstáculo adicional: existe un ángulo ciego de 130 grados en el registro visual del lugar, lo que impide ver directamente el momento en que ocurrieron los disparos.
Carabineros reafirma reserva de la investigación
Ante la divulgación de estos antecedentes, Carabineros de Chile emitió un comunicado ratificando que se trata de una investigación de carácter reservado en pleno desarrollo. La institución indicó que seguirá colaborando activamente con el Ministerio Público y poniendo a disposición todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos. Reafirmó además su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto al debido proceso. La familia del sargento Figueroa confirmó comunicaciones recientes con la Fiscalía sobre los últimos avances, pero prefirió no hacer declaraciones públicas.
El caso mantiene en vilo a la comunidad de Puerto Varas y a la institución policial en Los Lagos. A dos meses del hecho, la investigación no tiene imputados y acumula evidencias que, lejos de aclarar la dinámica del ataque, han multiplicado las hipótesis sobre lo que realmente ocurrió aquella madrugada en calle San Francisco.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
