El Gobierno de José Antonio Kast profundizó la rebaja al impuesto que pagan las empresas, llevándola desde el 23% que contemplaba el proyecto original hasta un 22%, mediante indicaciones ingresadas al Senado la noche del jueves, en la recta final de la tramitación de su megarreforma tributaria. La tasa de primera categoría, hoy fijada en 27%, se reduciría de forma gradual hasta llegar a ese 22% hacia fines de la década, según el nuevo articulado que la Comisión de Hacienda comenzó a revisar este viernes.
La medida es el corazón del proyecto y también su principal nudo político. El Ejecutivo y el mundo empresarial la defienden como una herramienta para impulsar el crecimiento y la inversión, acercando la carga tributaria chilena al promedio de la OCDE. Pero la forma y el momento en que se introdujo esta última rebaja —un punto porcentual adicional deslizado en indicaciones de último minuto— reabrió las preguntas de fondo: cuánto dejará de recaudar el Estado y quién absorbe ese costo.
Una rebaja que mueve la aguja de la recaudación
El punto porcentual que separa el 23% del 22% no es menor cuando se traduce en recursos fiscales. El senador del Frente Amplio Diego Ibáñez fue directo al cuestionar la maniobra: acusó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de ser «bien pillín», y planteó dudas sobre si los senadores del PPD que habían sellado un acuerdo con el Ejecutivo conocían este cambio. Según explicó, el pacto con esa bancada contemplaba una sobretasa permanente de 1,5% sobre el impuesto corporativo, lo que dejaría la carga en un 24,5% partiendo del 23%. Al ampliarse la rebaja al 22%, esa carga baja a 23,5%, recaudándose menos de lo que se había previsto.
La objeción no es aislada. El Comité Unido del Senado, integrado por la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde Social, ya había advertido que la rebaja del impuesto corporativo «implica una pérdida significativa de recaudación fiscal», apuntando a que esos recursos son necesarios para financiar salud, educación, vivienda y seguridad. El trasfondo de la disputa es qué ocurre con el financiamiento de los derechos sociales si el Estado resigna ingresos permanentes a cambio de una promesa de mayor inversión que aún debe materializarse.
Invariabilidad a la medida de los grandes capitales
Las indicaciones también rediseñaron la invariabilidad tributaria, el beneficio que congela las reglas impositivas para atraer inversión extranjera. En lugar de los 25 años parejos del proyecto original, se estableció una escala por montos: diez años de invariabilidad para inversiones entre 50 y 100 millones de dólares, quince años hasta los 350 millones, y un máximo de veinte años para los proyectos que superen esa cifra. Es decir, mientras mayor el capital, más largo el blindaje frente a futuros cambios tributarios. El propio articulado aclara que estas empresas no quedarán exentas del royalty minero, el IVA, los impuestos verdes ni los tributos municipales.
En paralelo, el crédito tributario al empleo —equivalente al 15% de las remuneraciones imponibles, con un tope de 75 UTM anuales por trabajador— quedó acotado exclusivamente a las firmas que exporten servicios tecnológicos a distancia, en el marco de la llamada economía digital. La focalización, presentada como una forma de estimular la economía del conocimiento, deja fuera al grueso del empleo tradicional que originalmente el beneficio buscaba incentivar.
El costo que llega a los municipios
Uno de los puntos con efecto más directo en los territorios es la exención de contribuciones y su impacto sobre el Fondo Común Municipal, el mecanismo de redistribución del que dependen buena parte de las comunas del país, incluidas muchas de la Región de Los Lagos. Para compensar la pérdida de ingresos, el Gobierno comprometió que un tercio de la prima por invariabilidad se destine al fondo, además de exigir patente comercial a las sociedades de inversión y facilitar el cobro de derechos municipales. En paralelo, un grupo transversal de alcaldes ingresó una indicación para que la rebaja de contribuciones se focalice solo en personas mayores de 65 años que la necesiten, y no beneficie a propietarios de viviendas de alto valor.
La defensa del Ejecutivo y lo que viene
Desde el oficialismo, la rebaja se sostiene como un compromiso irrenunciable. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, advirtió que su sector no estará disponible para aprobar cambios que debiliten el proyecto, y que de ocurrir, votarían en contra. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que una tributación más competitiva es condición para reactivar la inversión y el empleo. La Comisión de Hacienda del Senado votaría las indicaciones hasta total despacho, sin descartarse que la discusión en Sala se adelante para el martes 14 de julio. En esa votación se definirá si el corazón de la megarreforma se aprueba tal como lo diseñó Hacienda o si la presión opositora logra recuperar parte de la recaudación en disputa.
