La Municipalidad de Máfil, en la Región de Los Ríos, enfrenta un nuevo flanco financiero en el área educacional luego de que la Superintendencia de Educación aplicara una multa de 510 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a cerca de $37 millones, por incumplimientos asociados a la rendición de recursos públicos recibidos durante 2024, cuando el municipio aún actuaba como sostenedor de establecimientos antes del traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
De acuerdo con los antecedentes revisados en el procedimiento administrativo, el proceso se inició en septiembre del año pasado, después de que el organismo fiscalizador detectara la ausencia de información respecto de aportes estatales que habían sido recepcionados por el municipio. La revisión se centró en el periodo previo al cambio de sostenedor y en la obligación de respaldar documentalmente el uso de esos fondos.
Tras el análisis, la Superintendencia concluyó que se configuró una infracción calificada como grave y vinculada a recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Sobre ese punto, el alcalde de Máfil, Andrés Lara, sostuvo que el caso no se limita a la sanción monetaria y que el procedimiento hace referencia a un volumen de recursos mayor: según afirmó, la situación involucra aproximadamente $350 millones que no habrían sido rendidos de manera adecuada.
El jefe comunal planteó que la administración municipal agotará las instancias disponibles para revertir el castigo o, al menos, conseguir una rebaja. En esa línea, confirmó que el municipio apelará la resolución emitida por la Superintendencia de Educación, con el objetivo de que la autoridad reguladora reconsidere la determinación que derivó en la actual multa SEP Máfil.
Apelación a la sanción y presión sobre el presupuesto municipal
Andrés Lara explicó que la estrategia municipal apunta a cuestionar la sanción o reducir su efecto en las arcas comunales, considerando el impacto que, a su juicio, genera una multa de este tamaño en un municipio con compromisos financieros ya tensionados. El alcalde expresó preocupación por el efecto que estos antecedentes han tenido en la planificación presupuestaria y en la disponibilidad de recursos para sostener otras prioridades de la gestión.
El municipio sostiene que el origen del problema se relaciona con procesos y decisiones previas en el manejo de fondos destinados a Educación, y que el escenario actual responde a situaciones heredadas desde administraciones anteriores. En sus declaraciones, Lara indicó que la situación detectada por la Superintendencia se suma a otras dificultades financieras arrastradas en el ámbito educacional.
Entre los puntos que la autoridad comunal puso sobre la mesa, mencionó una deuda superior a $220 millones vinculada al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Según señaló, esos recursos no habrían sido rendidos correctamente y, conforme a antecedentes que maneja el municipio, habrían sido utilizados para fines distintos a los establecidos para dicho fondo.
Fondos SEP y FAEP: montos observados y panorama heredado
En el caso asociado a la SEP, la observación central se vincula a la falta de rendición de información y respaldo sobre recursos públicos recibidos durante 2024. La Superintendencia de Educación, al cerrar su análisis, estableció que la conducta constituye una infracción grave, lo que derivó en la aplicación de la multa de 510 UTM.
Desde el municipio, el alcalde insistió en que la dimensión del problema excede el monto de la sanción y que existe un volumen relevante de recursos cuyo respaldo no fue presentado oportunamente o no cumple con los estándares exigidos. En ese marco, la defensa municipal buscará que la resolución sea revisada y que la sanción pueda disminuir o quedar sin efecto, dependiendo del resultado de la apelación.
Lara también advirtió que el arrastre de deudas, sanciones y compromisos financieros vinculados a la educación municipal obligará a redestinar una parte importante de los recursos proyectados para su periodo alcaldicio. Según indicó, esa carga podría traducirse en menos margen para inversión e implementación de nuevas iniciativas durante los próximos años, al tener que priorizar el pago de obligaciones pendientes.
El escenario queda ahora a la espera de lo que resuelva la autoridad fiscalizadora frente a la apelación anunciada por el municipio. Mientras el proceso sigue su curso, la administración comunal sostiene que la regularización de rendiciones y la contención del impacto financiero de la multa serán claves para estabilizar las finanzas municipales y ordenar las cuentas ligadas a Educación en Máfil y su transición al nuevo esquema de administración escolar.
