El reloj corre para la industria salmonera chilena. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso un arancel adicional de 12,5% a las importaciones provenientes de Chile, en el marco de una investigación abierta en marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que acusa a Santiago de no haber adoptado medidas suficientes para frenar la importación de productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso. El proceso considera comentarios escritos hasta el 6 de julio y audiencias públicas desde el 7 de julio en Washington, por lo que existe una ventana formal para que gobiernos, gremios y empresas presenten antecedentes antes de una decisión final. Esa ventana se cierra en menos de tres semanas.
El salmón chileno es el sector más directamente expuesto. Durante 2025, los salmones refrigerados o congelados fueron la segunda mayor exportación de Chile a Estados Unidos, con envíos por US$2.542 millones. Para la región de Los Lagos, que representa el 35,5% de la producción chilena de exportación de salmones y concentra el grueso de los centros de cultivo, plantas de procesamiento y empleo directo e indirecto del sector, las consecuencias de un arancel adicional no son abstractas: son miles de puestos de trabajo y la viabilidad de la principal industria de la macrozona sur.
¿Por qué acusa EEUU a Chile de trabajo forzoso en las salmoneras?
La acusación no surge del vacío. Una investigación de Fundación Libera y el Centro Ecoceanos identificó indicios de los 11 indicadores de trabajo forzoso reconocidos internacionalmente por la OIT en las tres etapas de la salmonicultura: piscicultura, centros de cultivo y plantas de procesamiento, con especial foco en los buzos de centros de cultivo. En la región de Los Lagos, dirigentes sindicales de la industria salmonera describen prácticas como subcontratación masiva, contratos precarios y transitorios por obra o faena, extensas jornadas, turnos rotativos y persecución sindical.
El caso de los buzos es el más crítico. Diariamente, en los centros de cultivo y engorda, los buzos descienden entre 30 y 40 metros en las gélidas aguas de fiordos y lagos del sur de Chile para recoger mortalidad de salmones, reparar redes y realizar mantención a las balsas jaula, expuestos al mal de presión por descensos y ascensos sin la descompresión adecuada, sin la debida regulación del gremio ni de las autoridades. Entre 2013 y los primeros meses de 2024, se registraron 80 muertes de trabajadores en la industria, con 22 fallecidos solo en los últimos tres años. En diciembre de 2025, el Gobierno presentó en Puerto Montt una nueva ley que por primera vez incorpora a los buzos al Código del Trabajo, establece contratos especiales y refuerza estándares de seguridad —un reconocimiento tardío de una deuda histórica que ahora Washington también pone sobre la mesa.
El gremio salmonero y el Gobierno activan su defensa
El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, advirtió que un aumento de la carga arancelaria afectaría la competitividad del sector y profundizaría los efectos que ya ha generado el arancel del 10% vigente desde el Día de la Liberación del 2 de abril de 2025. Melero planteó además un argumento de presión recíproca: el arancel no solo afecta a los exportadores chilenos, sino que encarece el salmón para los distribuidores y consumidores estadounidenses, un elemento que el gremio llevó directamente al canciller Francisco Pérez Mackenna en una reunión donde también participaron Sofofa, Frutas de Chile y la Sociedad Nacional de Agricultura.
El Gobierno y los principales gremios apelaron al Tratado de Libre Comercio vigente entre Chile y Estados Unidos como piso de defensa comercial, mientras la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, conduce las negociaciones técnicas con las autoridades norteamericanas. EcuRed
El tiempo apremia. Lo que más preocupa a los actores del sector no es solo el porcentaje específico del arancel, sino los efectos que este tipo de medidas puede generar en términos de incertidumbre para inversiones y contratos futuros. Para Los Lagos, donde el salmón es la primera industria regional y el principal empleador de cientos de comunidades costeras entre Chiloé y Puerto Montt, el resultado de las audiencias del 7 de julio en Washington será decisivo.
