El gobierno del Presidente José Antonio Kast declaró estar «en modo pro empleo» y patrocinó el proyecto que habilita los contratos por hora, junto con la intención de flexibilizar el cálculo de la jornada de 40 horas. Lo hace en un escenario de desocupación del 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026 —el nivel más alto en cinco años, según cifras citadas por el ministro del Trabajo, Tomás Rau—, con golpes aún más duros para mujeres (10,5%) y jóvenes (22,8%). El mundo empresarial respaldó la medida de inmediato. Pero detrás del envoltorio de «formalización» se esconde un punto que la vocería oficial evita: la legislación chilena ya cuenta con herramientas para contratar empleo fluctuante, y la nueva modalidad no las mejora, sino que transfiere al trabajador un riesgo que hoy recae en el empleador.
La ley ya resuelve lo que el contrato por hora dice venir a solucionar
El argumento central del Ejecutivo es que existen sectores donde «la demanda fluctúa» —el ministro Rau menciona la gastronomía— y que hoy esas relaciones se resuelven con «arreglos informales» por falta de un marco legal. El problema es que ese marco ya existe. El Código del Trabajo contempla el contrato a plazo fijo, que puede extenderse hasta un año y renovarse, y que está diseñado precisamente para faenas con un período definido de mayor demanda, como la temporada agrícola o el peak turístico. También existe el contrato por obra o faena. Ambos permiten formalizar empleo estacional garantizando al trabajador algo que el contrato por hora no asegura: un ingreso conocido durante la vigencia del contrato.
La diferencia es estructural. Bajo un plazo fijo, el empleador asume el riesgo de la variación de demanda: si pactó tres meses, paga tres meses, ocupe o no toda la capacidad del trabajador. Bajo el contrato por hora, ese riesgo se invierte. El trabajador queda disponible «por llamado», sin certeza de cuántas horas se le convocarán ni de cuánto recibirá a fin de mes. La modalidad propuesta permite contratar hasta 120 horas mensuales —30 semanales—, pero no garantiza un piso de horas efectivas. La supuesta innovación, entonces, no llena un vacío legal: reemplaza un instrumento que protege el ingreso por otro que lo vuelve incierto.
Las salvaguardas que dependen de una fiscalización que no existe
El proyecto —una moción ingresada en 2018 por los entonces senadores de RN Andrés Allamand, Rodrigo Galilea, José García Ruminot y Rafael Prohens, junto al independiente Kenneth Pugh, que el gobierno reactivó con urgencia simple el 9 de junio— incluye resguardos en el papel. Si el empleador no usa las horas pactadas, el trabajador recibiría al menos el 75% del pago correspondiente; ante abusos, se presumiría contrato de jornada completa. Consultado por el riesgo de precarización, Rau respondió que «lo importante es que eso no ocurra, por eso hay que regularlo bien».
Esa frase concentra la debilidad del proyecto. Toda la protección descansa en una regulación que aún no está escrita y en una fiscalización que la Dirección del Trabajo, con dotación históricamente limitada, difícilmente puede asegurar en miles de microcontratos dispersos. Una salvaguarda del 75% solo protege si el trabajador puede exigirla, y quien acepta un empleo por horas en un mercado con 9,1% de desocupación rara vez está en posición de reclamar ante su empleador. El resguardo legal corre el riesgo de quedar como letra muerta frente a la asimetría de poder real entre las partes.
Una primera ficha de una agenda de flexibilización más amplia
Conviene además leer la medida en su contexto. El respaldo de la Sofofa no fue a una iniciativa aislada: su presidenta, Rosario Navarro, integró los contratos por hora a un plan que también pide cambios al sistema de indemnización por término de contrato, ampliación de bandas horarias y la anualización de la jornada laboral. Esto último se conecta con la otra señal del gobierno: flexibilizar el cálculo de las 40 horas para medirlas en promedio anual, como adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En la práctica, un promedio anual habilita jornadas extensas concentradas en ciertos meses a cambio de semanas cortas en otros, otra fórmula que desplaza el costo de la variación de demanda hacia el trabajador y su planificación de vida.
El paquete completo dibuja una dirección clara, y es ahí donde la oposición sindical puso el foco. La CUT acusó derechamente «precarización», y el diputado Luis Cuello (PC) comparó la modalidad con un «pago con fichas para promover el empleo», en alusión al sistema de las salitreras. El biministro de Economía, Daniel Mas, respondió que el empleo por horas «amplía» la libertad. Pero la libertad de elegir cuántas horas trabajar supone poder negociar en condiciones de igualdad, algo que un mercado laboral deteriorado no ofrece. El proyecto recién entra a la Comisión de Trabajo del Senado. La pregunta de fondo no es si Chile necesita más empleo —lo necesita con urgencia—, sino si la fórmula elegida crea empleo protegido o simplemente traslada al trabajador la inseguridad que antes asumía quien contrata.
