El Senado rechazó este martes 30 de junio la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, en sus cuatro capítulos. El libelo, impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano, responsabilizaba al exsecretario de Estado de infracciones a la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas durante el último tramo del gobierno del expresidente Gabriel Boric, con foco en las proyecciones fiscales y el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025. Con el rechazo del Senado, Grau queda a salvo de la inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos y trabajar en instituciones del Estado que contemplaba una eventual condena.
Se trató de la novena acusación constitucional contra un ministro del gobierno de Boric. Al igual que las ocho anteriores, fue rechazada.
Los cuatro capítulos del libelo y el argumento central de la defensa
La acusación se articuló en cuatro capítulos que cuestionaban, en esencia, la consistencia aritmética entre las proyecciones de balance fiscal y la trayectoria de la deuda pública presentadas en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025. Los acusadores sostuvieron que ese documento presentó dos trayectorias incompatibles entre sí: una de balance fiscal que profundizaba el déficit proyectado en $13,5 billones respecto del informe anterior, y otra de deuda bruta que solo recogía $3,9 billones de ese deterioro. También se imputó el incumplimiento del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.
El abogado defensor Patricio Zapata rebatió desde el inicio que el libelo identificara un acto concreto e imputable al exministro. «La acusación tiene un problema muy de fondo que es el objeto: el mal desempeño del cargo. Los cuatro capítulos presentan debilidades estructurales. Tres enjuician la responsabilidad de un ministro por supuestos errores en proyecciones económicas, lo que es equivocado», señaló Zapata. Los acusadores, por su parte, insistieron en que no se buscaba probar dolo sino responsabilidad política: «no estamos buscando dolo sino la responsabilidad política», planteó el diputado del PNL Pier Karlezi durante la réplica.
La transversalidad del rechazo como señal política
La sesión estuvo marcada por la tensión política desde la semana previa. El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se inhabilitó para votar al haber adelantado juicio público sobre el libelo, y el senador Manuel José Ossandón (RN), que había solicitado permiso constitucional para ausentarse del país en la gira presidencial, finalmente retiró esa solicitud y participó de la votación. Desde la oposición, la senadora Beatriz Sánchez (Frente Amplio) sostuvo que las proyecciones fiscales son ejercicios técnicos sujetos a variables cambiantes y que no pueden tratarse como obligaciones de resultado. El senador Arturo Longton (RN) fue más directo: «la probidad no puede confundirse con el error. Una pésima gestión económica no equivale automáticamente a una infracción constitucional».
Tras conocerse el resultado, Grau valoró especialmente que el rechazo incluyera votos y abstenciones de senadores de sectores distintos al suyo. «Vi a la rápida que en todos los puntos hubo votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras tanto de Renovación Nacional como de la UDI. Creo que eso es muy valioso, además de algunos senadores independientes», señaló en conferencia de prensa. El exministro también rechazó que su defensa se hubiera basado en atribuir responsabilidades a otras partes del Estado: sostuvo que los hechos imputados simplemente no eran ciertos y que la investigación realizada en la comisión revisora no encontró fundamentos claros para el libelo.
Un debate que deja abierta la discusión sobre el uso de las acusaciones constitucionales
El proceso dejó expuesta una fractura en la derecha entre Chile Vamos y los partidos Republicano y Nacional Libertario, que fue la coalición gobernante hasta marzo de 2026. RN acusó de «matonaje político» al Partido Republicano por las presiones ejercidas sobre sus diputados, y la UDI expresó sus reparos en términos similares. Una encuesta Criteria del 25 de junio registró que el 71% de los chilenos considera que las acusaciones constitucionales no resuelven los problemas de fondo, y parlamentarios de distintos sectores abrieron el debate sobre la necesidad de elevar los estándares para presentar un libelo: hoy basta con diez firmas de diputados para activar el mecanismo.
