La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, encabezada por la fiscal Constanza Encina, allanó este jueves 25 de junio las exoficinas y el domicilio del exdiputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Manuel Fuenzalida, en una nueva arista del caso Lavín que indaga un presunto fraude al Fisco a través de asignaciones parlamentarias. La diligencia, dada a conocer en exclusiva por Reportajes Teletrece de Canal 13, se originó en una hebra investigativa surgida del caso que mantiene en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León.
Según consignó Reportajes Teletrece, las pesquisas, hasta ahora reservadas, apuntan a presuntos cobros en efectivo que Fuenzalida habría realizado a sus funcionarios del Congreso, un mecanismo que la propia investigación califica como similar al caso conocido como «cuota Flores». La fiscal Encina llegó pasadas las 9:00 horas hasta las dependencias del Parlamento, en Valparaíso, con una orden de entrada y registro, en lo que constituye el segundo ingreso del Ministerio Público al Congreso en el marco de esta causa.
De SocialTask al hallazgo de la «cuota»
El nombre de Fuenzalida apareció inicialmente porque era uno de los diputados cercanos a Lavín León: contrató los servicios de la plataforma SocialTask, la red de base de datos que promocionaban los cercanos al exparlamentario, marido de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. A partir de ese vínculo, y a medida que avanzaba la indagatoria sobre el eventual uso de información del Servicio Electoral (Servel) para alimentar dicha plataforma, los investigadores detectaron una nueva línea: el exlegislador también habría incurrido en acciones que podrían constituir fraude al Fisco mediante el uso de sus asignaciones parlamentarias.
Desde la Fiscalía Oriente confirmaron el procedimiento de manera escueta, dado el carácter reservado de la causa: «Se ingresó a las exoficinas parlamentarias y domicilio del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida; la Fiscalía investiga fraude al Fisco. La investigación se encuentra bajo reserva, por lo que solo podemos confirmar la medida intrusiva». Las diligencias estuvieron a cargo de la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó peritajes sobre equipos computacionales. El Ministerio Público precisó que las pesquisas no involucran a parlamentarios actualmente en ejercicio, sino a exlegisladores de periodos anteriores. Fuenzalida, abogado, fue diputado por la Región de Coquimbo durante dos periodos consecutivos entre 2018 y 2026.
El antecedente de la «cuota Flores»
El paralelo que traza la investigación remite a un caso que también reveló Reportajes Teletrece en abril de 2026. En esa oportunidad, la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una indagatoria contra la senadora de Renovación Nacional Camila Flores por un presunto fraude al Fisco cercano a los $300 millones, bajo un mecanismo que los propios trabajadores del Congreso bautizaron como «cuota Flores». Según esa denuncia, asesores contratados con cargo a asignaciones parlamentarias debían devolver en efectivo una parte significativa de sus remuneraciones; uno de ellos, con un sueldo de $2,6 millones, habría entregado regularmente $1,8 millones. La defensa de Flores ha descartado las acusaciones y manifestado su disposición a colaborar.
Con el hallazgo en torno a Fuenzalida, el foco vuelve a posarse sobre los gastos del Congreso y el uso de las asignaciones parlamentarias, uno de los puntos más sensibles del control del gasto público en Chile. La Fiscalía Metropolitana Oriente continúa reuniendo antecedentes para avanzar en la investigación, que se desarrolla en paralelo a la causa principal contra Lavín León, recluido desde el 8 de mayo en el anexo penitenciario Capitán Yáber por un eventual perjuicio fiscal estimado en $104 millones.
La acumulación de aristas —desde el uso de datos del Servel hasta los presuntos cobros a funcionarios— configura un escenario que mantendrá el caso Lavín en el centro de la agenda política nacional, reinstalando el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos dentro del Parlamento.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada o investigada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
