El proyecto «Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia», un parque de entretenciones impulsado por integrantes de la familia del Presidente José Antonio Kast en la comuna de Paine, quedó en el centro de la controversia tras una investigación del medio El Mostrador que expuso cuestionamientos en materia ambiental y laboral. Según ese reporte, las obras habrían comenzado antes de contar con la aprobación ambiental correspondiente y el recinto fue escenario de un grave accidente que afectó a un trabajador de nacionalidad haitiana en 2019.
El proyecto —bautizado por la prensa como «Kastasilandia»— contempla un parque de aproximadamente 70 mil metros cuadrados, con juegos mecánicos, un centro de eventos, patio de comidas y tres lagunas artificiales. Es impulsado por miembros del grupo familiar, propietario de la cadena de cecinas Bavaria, y su administración patrimonial ha sido vinculada a Cristián Kast Rist, hermano del Mandatario.
Las obras que habrían avanzado sin permiso ambiental
De acuerdo con la investigación citada, el Comité Ambiental Comunal de Paine denunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto recién fue declarada admisible en febrero de 2020, pese a que para esa fecha las obras se encontrarían prácticamente terminadas, sin que existiera una Resolución de Calificación Ambiental aprobada. Los vecinos habrían adjuntado imágenes del estado de avance y solicitado la paralización de las faenas.
Una inspección de la Superintendencia del Medio Ambiente realizada en agosto de 2020, tras la denuncia vecinal, habría constatado que el recinto superaba las siete hectáreas, con servicios higiénicos, patio de comidas y tres lagunas recreativas terminadas, además de personal trabajando en el lugar. El informe oficial, según El Mostrador, concluyó que el proyecto había iniciado su ejecución antes de la evaluación ambiental, lo que vulneraría el artículo 8º de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. En la ocasión, Cristián Kast Rist habría señalado al fiscalizador que las lagunas estaban impermeabilizadas y se abastecían con agua de pozo. La investigación agrega que el terreno se ubicaría en una zona donde el Plan Regulador Comunal no permite un parque de entretenciones.
El accidente del trabajador haitiano
El otro eje del caso es un accidente laboral ocurrido el 14 de octubre de 2019. Según consta en la demanda laboral reseñada por los medios, Donald Georges, un trabajador haitiano contratado por la empresa Café Alpes Limitada —vinculada al grupo familiar—, recibió junto a otros obreros la instrucción de mover unos carros de un juego mecánico, tarea que no correspondería a sus funciones habituales de jornalero. Mientras empujaban los vehículos sobre los rieles, el mecanismo se habría activado y varios carros retrocedieron, aplastando al trabajador, que resultó con múltiples fracturas.
La demanda, presentada ante la justicia de Buin, apunta a un grupo de empresas relacionadas con el holding familiar y detalla al menos quince presuntos incumplimientos, entre ellos la asignación de labores ajenas al contrato, falta de supervisión, ausencia de protocolos de emergencia y carencia de medidas preventivas. La acción solicita una indemnización por daño moral de 80 millones de pesos. Es importante señalar que se trata de una demanda en tramitación y que las responsabilidades deberán ser establecidas por los tribunales.
La arista política y el nombramiento en el SEA
La revelación abrió un flanco político para el Gobierno. Diputados de oposición, en particular quienes representan al distrito que incluye Paine, anunciaron oficios y eventuales denuncias ante la Contraloría y el Ministerio Público, con el fin de esclarecer si existieron privilegios o conflictos de interés en la tramitación del proyecto. Uno de los cuestionamientos apunta a que una de las autoridades que participó en etapas de la evaluación ambiental, Arturo Farías, fue posteriormente nombrado por el Presidente Kast como director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
La diputada Marisela Santibáñez (Ind.-PC) planteó que el caso reflejaría contradicciones entre el discurso público del Mandatario y los antecedentes revelados, aludiendo a sus posturas sobre el cumplimiento de la ley y la migración. Los parlamentarios sostienen que el episodio afectaría la fe pública, planteamientos que corresponden a la posición de la oposición y que deberán ser contrastados con los descargos de las partes aludidas y con lo que determinen los organismos fiscalizadores.
Un caso que recién se traslada al terreno institucional
Hasta el cierre de esta nota, no se conocía una declaración formal de la familia Kast ni de La Moneda que abordara el fondo de los cuestionamientos ambientales, más allá de las gestiones judiciales realizadas por los abogados del grupo en el marco de la demanda laboral. El caso, que comenzó en el ámbito ambiental, avanza ahora hacia una revisión institucional cuyo desenlace dependerá de las eventuales investigaciones que abran la Contraloría, el Ministerio Público y la propia Superintendencia del Medio Ambiente.
