El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, vinculó públicamente el aumento de la delincuencia en la comuna con la migración irregular y llamó a realizar redadas para enfrentar el problema. «Gran parte de la delincuencia se produce por inmigrantes irregulares. Por cada delito que se comete siempre hay un extranjero que está involucrado en aquello», sostuvo el jefe comunal, en declaraciones que reinstalan en la región de Los Lagos un debate que cruza la agenda nacional de seguridad. Bertín acompañó su diagnóstico con un llamado a fiscalizar de manera intensiva la situación migratoria en la zona, resumiendo su postura con la frase «se acaba el lío».
Qué dicen las cifras oficiales sobre delincuencia y migración
La afirmación del alcalde admite contraste con los datos disponibles, y conviene hacerlo con precisión, porque el fenómeno es más matizado de lo que sugiere la declaración. Según el estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) basado en información de la Defensoría Penal Pública, en 2022 los extranjeros representaban el 8,2% de la población residente en Chile, pero solo el 5,3% de las personas condenadas por delitos. Es decir, a nivel del total de delitos, la población migrante está subrepresentada: comete proporcionalmente menos delitos que los que cabría esperar según su peso poblacional. La afirmación de que «por cada delito siempre hay un extranjero involucrado» no encuentra sustento en la estadística general de condenas.
Ahora bien, los mismos estudios advierten una tendencia que matiza el panorama y que explica parte de la preocupación ciudadana. Desde 2018, la participación de extranjeros en los delitos ha aumentado de forma sostenida, tanto en condenas como en imputaciones. El porcentaje de extranjeros en la población penal pasó del 2,9% en 2012 al 7,2% en 2017 y al 9,6% en 2021. Y existe una sobrerrepresentación clara en delitos específicos: los migrantes concentran una proporción mayor a su peso poblacional en infracciones a la Ley de Drogas y, según las cifras más recientes, también en delitos violentos como homicidios y robos. En 2022, por primera vez, los extranjeros pasaron a estar sobrerrepresentados en condenas por homicidio.
El matiz que la estadística obliga a hacer
La distinción es relevante para no confundir dos afirmaciones distintas. Una cosa es sostener que los extranjeros cometen la mayoría o la totalidad de los delitos —algo que los datos no respaldan—, y otra muy distinta es constatar que existe una sobrerrepresentación en ciertos delitos de alta connotación, lo que sí ocurre.
Los especialistas que han analizado estas cifras advierten, además, que la población penal no equivale a la realidad delictual completa: factores como la mayor aplicación de prisión preventiva a extranjeros y el sesgo de selección del sistema penal pueden inflar su presencia en las cárceles respecto de su participación real en el delito. En paralelo, investigadores del CEP y otros centros han documentado que el crecimiento de la inmigración en la última década no se correlaciona de manera lineal con el alza de los indicadores de criminalidad, sugiriendo que parte del vínculo es más perceptivo que empírico, amplificado por la cobertura mediática de casos puntuales.
Un debate que escala a nivel nacional
Las declaraciones del alcalde se inscriben en una discusión que ha ganado fuerza en el debate político chileno, donde distintas autoridades han puesto el foco en la migración irregular como factor de seguridad. El llamado a realizar redadas, en particular, abre interrogantes sobre los límites legales de este tipo de operativos y sobre el rol que corresponde a los municipios, que no tienen competencias directas en materia de control migratorio ni policial, atribuciones que recaen en el Estado central a través de la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior.
Para Osorno y la región de Los Lagos, donde la población penal extranjera es minoritaria dentro del total de reclusos, el desafío de fondo combina la legítima preocupación ciudadana por la seguridad con la necesidad de que las respuestas de política pública se construyan sobre datos verificables y no sobre generalizaciones que la propia estadística no sostiene.
