El Senado aprobó en general el proyecto de ley miscelánea de reconstrucción y reactivación económica, iniciativa que avanzó a su segundo trámite constitucional con el objetivo de reactivar territorios afectados por siniestros y, a la vez, dinamizar la inversión y la actividad económica en el país. El despacho hacia la discusión en particular, sin embargo, dejó en evidencia un debate aún abierto sobre el financiamiento de las medidas y su impacto en las arcas fiscales.
Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el respaldo de la Cámara Alta que permitió despachar la propuesta hacia la etapa de discusión en particular. De acuerdo con la autoridad, la iniciativa apunta a «restituir las capacidades de crecimiento económico» y a recuperar la creación de puestos de trabajo formales, en un escenario en que la reconstrucción y el impulso a la inversión son presentados como factores centrales para sostener la actividad.
Según se informó, el diseño del proyecto se estructura en cinco ejes fundamentados en la reconstrucción de infraestructura y medidas de reactivación económica. En lo territorial, la propuesta pone énfasis en acciones de reconstrucción en las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso, señaladas como zonas afectadas por siniestros. En paralelo, incorpora herramientas orientadas a destrabar inversiones y acelerar la ejecución de proyectos, en un intento por reducir tiempos asociados a trámites y autorizaciones.
Las dudas: ¿con qué se financia?
El punto que concentró las principales objeciones durante la discusión fue el costo fiscal de la iniciativa. Parlamentarios de oposición y algunos economistas advirtieron que el proyecto combina mayor gasto en reconstrucción con rebajas en competitividad tributaria, una ecuación que, a su juicio, podría traducirse en una menor recaudación en el corto plazo, justo cuando el propio Ejecutivo ha insistido en la necesidad de «reordenar las finanzas públicas».
Las voces críticas plantearon que los incentivos tributarios contemplados —pensados para atraer inversión— deben acompañarse de estimaciones claras sobre cuánto dejará de percibir el Fisco y durante cuánto tiempo. En esa línea, sectores de la oposición pidieron que el articulado incluya un informe financiero detallado y mecanismos de compensación, advirtiendo que un diseño mal calibrado podría profundizar la estrechez fiscal en lugar de aliviarla.
A ello se sumaron reparos sobre la efectividad real de las medidas de reactivación. Especialistas consultados en el debate público han señalado que la sola simplificación de trámites no garantiza la materialización de inversiones si no existe certeza jurídica y demanda efectiva, y que el riesgo es comprometer ingresos fiscales sin asegurar el dinamismo prometido.
Desde el oficialismo, en tanto, se defendió que el costo de no reactivar sería mayor, y que los incentivos buscan ampliar la base de actividad económica —y, con ello, la recaudación futura— por la vía del crecimiento y el empleo formal. Esa tensión entre estímulo y responsabilidad fiscal será uno de los ejes centrales de la discusión en particular.
Los cinco ejes: infraestructura, construcción, inversión y responsabilidad fiscal
El Plan de Reconstrucción considera como primer componente la reposición y reconstrucción de infraestructura en las regiones priorizadas. A ello se suma un bloque de reactivación para el sector construcción, rubro que suele concentrar una parte importante del empleo asociado a obras públicas y privadas, y que por lo mismo aparece como una palanca relevante dentro del diseño de la iniciativa.
El texto también incorpora medidas orientadas a la competitividad tributaria, junto con mecanismos de agilización regulatoria para proyectos de inversión. El propósito declarado de este conjunto es acelerar la puesta en marcha de iniciativas económicas, abordando cuellos de botella atribuidos a burocracia administrativa. En el mismo marco, el proyecto consagra un principio de responsabilidad fiscal, presentado como una guía para que las medidas de reconstrucción y reactivación se alineen con el manejo presupuestario.
Precisamente sobre ese principio recayeron parte de los cuestionamientos: para los sectores disidentes, la «responsabilidad fiscal» no puede quedar enunciada como declaración de principios, sino traducirse en reglas verificables que acoten el efecto de las rebajas tributarias sobre la recaudación.
Próximos pasos: indicaciones en comisiones y cronograma 2026
Con la aprobación en general, la tramitación legislativa entra ahora en la etapa de indicaciones y votación artículo por artículo. El trabajo se radicará en las comisiones técnicas del Senado, donde se definirán los ajustes que pueda incorporar el proyecto antes de su despacho.
Desde la Subsecretaría de Hacienda se ratificó el compromiso del Ejecutivo de incorporar propuestas transversales provenientes de distintos sectores políticos, con el objetivo de robustecer el marco legal de la futura normativa. El planteamiento, según lo señalado, es construir un texto que reúna apoyos amplios y permita que los instrumentos de reconstrucción y reactivación se implementen con mayor eficacia.
Uno de los puntos destacados es el objetivo de destrabar proyectos de inversión actualmente paralizados por procedimientos administrativos, mediante reformas de simplificación procesal. En términos de planificación, se informó que, tras esta votación, se inicia un cronograma técnico que prioriza la asignación presupuestaria de emergencia considerando el balance macroeconómico del segundo semestre de 2026.
El proyecto continuará su tramitación en el Senado con la discusión en particular, fase en la que se definirá el contenido final de medidas para reconstrucción, inversión y reactivación económica —y en la que deberá resolverse cómo se financian— antes de avanzar hacia su eventual despacho definitivo como ley.
