La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 123 votos a favor y cuatro abstenciones el proyecto que regula la extracción de áridos en el territorio nacional. La normativa, que responde a la necesidad de certificar origen y trazabilidad, queda lista para su promulgación por parte del Ejecutivo.
La ley establece un marco regulatorio para una actividad clave en la construcción y la infraestructura pública, define zonas de prohibición, planes de cierre obligatorios y fortalece el rol de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas como autoridad técnica fiscalizadora.
Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de las sanciones para la extracción irregular. Se prevé presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) para reincidentes que ya hayan recibido sanciones administrativas en los últimos dos años.
En término operativo, la norma distingue entre extracciones menores (hasta 30 mil metros cúbicos) y mayores, exigiendo planos topográficos georreferenciados, memorias de extracción y estudios de riesgo para mitigar impactos ambientales, especialmente en zonas ribereñas vulnerables a inundaciones.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, señaló que la nueva regulación crea un marco uniforme y asigna a la DOH un rol central en autorizaciones y en la creación de un registro público. Legisladores destacaron que la medida busca equilibrar crecimiento económico y sustentabilidad ambiental.
A partir de su entrada en vigor, la DOH tendrá plazos acotados para resolver las solicitudes de factibilidad técnica, con el objetivo de agilizar procesos y combatir el mercado informal de materiales pétreos como arenas, ripios y gravas.
