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La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga a la senadora Camila Flores (RN) por presunto fraude al fisco reiterado. La acusación sostiene que durante siete años, desde 2018 y hasta 2025, Flores operó un sistema informal de cobro a sus propios colaboradores parlamentarios. Un exasesor declaró ante la justicia, hay conversaciones de WhatsApp incautadas, y el Consejo de Defensa del Estado ya analiza acciones legales. RN llevó el caso a su Tribunal Supremo.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez, tras cuatro jornadas de formalización. El juez Daniel Urrutia dio por acreditados los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. Lavín León salió del tribunal esposado. Detrás de la resolución hay una investigación que comenzó en 2024 y que destapó una trama de facturas falsas, funcionarios fantasmas, una plataforma electoral financiada con recursos del Congreso y presunta injerencia en la Municipalidad de Maipú.

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz advirtió que el Gobierno de Kast seguirá adelante con su agenda económica mediante decretos si la Ley de Reconstrucción Nacional no avanza en el Parlamento. El Presidente respaldó los dichos. Pero hay un límite constitucional preciso: las leyes tributarias solo pueden modificarse mediante legislación aprobada por el Congreso, no por decreto. La declaración reavivó un debate que comenzó en campaña y que apunta al corazón del sistema democrático chileno.

El Consejo Fiscal Autónomo expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara que el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de Kast mantendría un impacto deficitario en las cuentas fiscales al menos hasta 2031, incluso incorporando el efecto del mayor crecimiento económico proyectado. El organismo técnico identificó nueve riesgos fiscales directos y entregó 12 recomendaciones al Congreso.

La 41° Encuesta LCN revela que José Antonio Kast alcanza una nota promedio de 3,2, posicionándose como el mandatario peor evaluado entre 13 gobernantes, por debajo de Salvador Allende y apenas décimas sobre Augusto Pinochet. El colapso se extiende a su gabinete, sus expectativas de gestión y al clima valórico del país.

Mientras el gobierno anterior dejó una baja de tres años consecutivos en homicidios y delitos violentos, las primeras semanas de Kast coincidieron con un alza del 36,8% en homicidios vinculados al crimen organizado y con la propuesta de recortar en 64% el presupuesto del plan que financiaba las policías para combatirlo. El Plan Implacable, por ahora, existe en papel.