La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Los Lagos presentó este viernes la acusación formal en la causa seguida contra el exalcalde de Puerto Montt Gervoy Paredes Rojas y otros siete exfuncionarios de la Municipalidad y del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). La acusación solicita más de 14 años de cárcel efectiva para Paredes y más de 12 años para el exdirector del DAEM, Albán Mancilla. El Juzgado de Garantía de Puerto Montt fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el 2 de junio del presente año.
El fiscal Marco Muñoz, de la Unidad Anticorrupción, informó que la acusación se sustenta en más de 3.000 elementos y medios de prueba recopilados durante la investigación, entre ellos testimonios de testigos, informes periciales, documentos, evidencias físicas y digitales. «Se trata de un esfuerzo interinstitucional para combatir el fenómeno del crimen de corrupción y de alta complejidad dentro del aparato público, lo que da cuenta de que en nuestro país las instituciones que conforman el sistema de justicia sí existen y funcionan», señaló el persecutor.
El esquema: fondos para educar a los más pobres, desviados a campañas políticas
Entre 2016 y 2022, en el marco de la asignación de recursos de la Ley N°20.248 de Subvención Escolar Preferencial (SEP), Paredes Rojas, en ejercicio de sus funciones como alcalde y jefe superior del servicio, con el acuerdo de Albán Mancilla en su calidad de jefe del DAEM, aprobaron operaciones fraudulentas que generaron un perjuicio fiscal superior a los $500 millones.
El fraude consistió en aprobar la implementación de programas en las áreas de salud y control de asistencia, financiados con fondos SEP, cuyos recursos fueron destinados a la contratación a honorarios de personas que no prestaron los servicios contratados. Las firmas fueron falsificadas y la ejecución simulada. El objetivo: beneficio económico personal de los funcionarios involucrados y propaganda política para las candidaturas a alcalde y diputado de Paredes y Mancilla, respectivamente.
Según testimonios recabados durante la investigación, el 10% de los recursos SEP era administrado directamente por el DAEM y se utilizaba para contratar activistas políticos en distintas unidades del departamento. Los contratos llegaban con firma y timbre de la Municipalidad de Puerto Montt, y entre los contratados figuraban concejales de Calbuco y Chonchi.
Los ocho acusados y sus roles en la trama
Junto a Gervoy Paredes y Albán Mancilla, son acusados Carlos Soto, exdirector de Concesiones; Carlos Parrao, exfuncionario de la empresa Siglo Verde; Roberto Oyarzo, exjefe de Subvenciones del DAEM; Esteban Oyarzo, exadministrativo de la Alcaldía y exasesor directo del alcalde; Alicia Hernández, excoordinadora de los Programas de Integración Escolar (PIE) y fondos SEP del DAEM; y Cristián González, exfuncionario del DAEM.
En el caso específico de Paredes, la Fiscalía acredita que entre 2012 y 2022 —período completo de su administración— registró un incremento patrimonial no justificado de más de $214 millones. La recepción y entrega de dineros entre funcionarios se realizó a través de actos destinados al encubrimiento y ocultación para desvincular los fondos de su origen ilícito.
La cronología: de los allanamientos a la acusación
La investigación tuvo su punto de inflexión el 13 de septiembre de 2023, cuando el OS-7 de Carabineros allanó 15 oficinas del municipio, incautando computadores, celulares y discos duros. La Contraloría Regional de Los Lagos ya había emitido en agosto de 2022 el Informe Final N°871, que expuso irregularidades en el manejo de los fondos SEP, y a ese informe se sumó otro sobre el Programa de Integración Escolar (PIE) correspondiente al período 2018-2019.
El 22 de octubre de 2024, Gervoy Paredes fue detenido en su domicilio por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Junto a él fueron arrestados Carlos Soto, entonces director de Concesiones del municipio, y Carlos Parrao, jefe zonal de Siglo Verde, la empresa encargada de limpieza de áreas verdes. Paredes fue removido del cargo de alcalde en agosto de 2024 por el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos, tras una denuncia de cuatro concejales por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad.
Luego de pasar siete meses en prisión preventiva, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt revirtió la medida cautelar en mayo de 2025 y la reemplazó por arresto domiciliario total, más arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados. Paredes salió del penal declarándose inocente y atribuyendo el fraude a cuatro funcionarios que actuaron sin su conocimiento. «La autocrítica es que contraté a cuatro ladrones», declaró.
El equipo que llevó la causa
La investigación fue liderada por la Fiscal Regional Carmen Gloria Wittler y el fiscal Marco Muñoz de la Unidad Anticorrupción de Los Lagos, con la participación activa de la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana, la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI de Puerto Montt, el Laboratorio de Criminalística de la PDI, personal de la Unidad de Investigación Patrimonial y Anticorrupción del OS-7 de Carabineros, y la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera y Patrimonial de la Fiscalía Nacional.
Las personas acusadas en esta causa se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
