El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes 8 de mayo la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez. La resolución fue dictada por el juez Daniel Urrutia al término de cuatro jornadas de formalización conducidas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Durante la audiencia, el juez dio por acreditados todos los delitos imputados contra Lavín León, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. En el caso de Domínguez, también se le imputaron cohecho, delito electoral y delito tributario.
«Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo, la libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva», concluyó Urrutia. El tribunal otorgó 90 días de plazo para la investigación. Lavín León salió esposado del tribunal junto a quien fuera hasta hace pocos meses uno de los apellidos más influyentes de la centroderecha chilena.
Cómo empezó todo: el allanamiento de 2024
La investigación de la Fiscalía Oriente que derivó en esta formalización se inició a partir del caso de Maipú, y su primera expresión pública fue un allanamiento a la oficina parlamentaria de Lavín León en octubre de 2024. La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, lideró la indagatoria que fue acumulando antecedentes sobre un período que se extiende entre 2015 y 2023, abarcando tres mandatos parlamentarios completos del exdiputado.
El primer paso formal fue el desafuero. La Corte de Apelaciones de Santiago lo aprobó el 16 de octubre de 2025 y fue ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2026, quedando así Lavín León sin la protección que le otorgaba su condición de parlamentario. Poco después renunció a la UDI y fue formalizado el lunes 4 de mayo de 2026.
La trama: tres mecanismos para desviar fondos públicos
La Fiscalía calificó los hechos imputados no como irregularidades aisladas sino como un mecanismo reiterado y sistemático para desviar recursos públicos con fines personales y electorales. El esquema se articuló a través de tres ejes principales.
El primero fue la rendición de facturas falsas ante el Congreso. Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, instruía al dueño de la Imprenta MMG, Juan Alberto Silva —también imputado—, para que emitiera facturas falsas bajo supuestos servicios prestados al entonces diputado, los que posteriormente eran rendidos como gastos parlamentarios. El origen de esa deuda era concreto: Lavín León debía dinero a la imprenta por material de campaña —flyers para constituyentes y concejales afines— y usó recursos del fisco para saldarla.
El segundo eje fue la plataforma SocialTazk. Financiada con recursos de la Cámara de Diputados, esta aplicación tenía como fin recoger bases de datos de electores para enviarles información de campaña por mensaje de texto y llamadas telefónicas. Los funcionarios de la oficina parlamentaria de Lavín destinaron sus jornadas laborales, entre 2020 y 2021, a contactar electores, capacitar potenciales clientes y hacer llamadas de contenido electoral. La defraudación al fisco relacionada a SocialTazk alcanzaría los $91 millones, y el perjuicio total estimado por la Fiscalía supera los $130 millones.
El tercer eje es el más políticamente sensible: el exparlamentario habría intervenido en decisiones dentro de la Municipalidad de Maipú, promoviendo contrataciones y desvinculaciones de funcionarios mientras su esposa Cathy Barriga se desempeñaba como alcaldesa, obteniendo así ventajas políticas para él, para su cónyuge y para su partido.
El vínculo con la campaña presidencial de su padre
La formalización también vinculó las labores ilegales con la campaña presidencial de 2021 de Joaquín Lavín Infante, padre del imputado. Uno de los funcionarios pagados por el Congreso como asesor del diputado —Shigue Ogino— trabajó entre enero y mayo de 2021 en las oficinas de la sede de campaña presidencial del padre, ubicadas en Avenida Apoquindo, Las Condes. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía no descartó que la investigación pueda ampliarse en esa arista.
La defensa y la reacción de Cathy Barriga
El abogado defensor Cristóbal Bonacic rechazó los cargos durante la audiencia, argumentando que la plataforma SocialTazk sí tenía usos parlamentarios legítimos y que la Fiscalía ajustaba los hechos para construir una imputación más robusta. Sostuvo que su representado no se dedicó «todo el servicio público a defraudar al Estado de Chile».
Cathy Barriga estuvo presente en el tribunal junto a Lavín León y reaccionó con visible emoción. Según medios nacionales, declaró entre lágrimas que «las injusticias te hacen fuerte», posicionando a su pareja como víctima de una persecución.
El estado actual del proceso
Lavín León y Domínguez quedan en prisión preventiva con 90 días de investigación por delante. Un tercer imputado, el programador Felipe Vásquez —considerado uno de los protagonistas de la trama por su rol en SocialTazk—, no se presentó a la formalización porque se encuentra en España: la fiscal Encina solicitó una orden de extradición en su contra. El empresario Juan Silva, dueño de la Imprenta MMG, quedó con arresto domiciliario nocturno.
