El ministro de Hacienda Jorge Quiroz abrió el jueves 7 de mayo una polémica de fondo al declarar, en el seminario «Hoja de Ruta 2026-2030» organizado por Clapes UC, que el Gobierno no depende del Congreso para seguir adelante con su agenda económica. «Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos», afirmó el secretario de Estado. El Presidente José Antonio Kast, desde Costa Rica donde cumple una gira oficial, respaldó públicamente esas palabras horas después.
La declaración no es menor. Tiene lugar en un momento en que la Ley de Reconstrucción Nacional —el proyecto económico central del Gobierno, también llamado «megarreforma» o «ley miscelánea»— enfrenta resistencias crecientes dentro y fuera del Congreso, y acaba de recibir advertencias formales del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el banco de inversión JP Morgan sobre sus riesgos fiscales.
El límite constitucional que Quiroz no mencionó
En Chile, solo las leyes aprobadas por el Congreso pueden establecer, modificar, reducir o eximir tributos. Eso significa que los componentes más estructurales de la megarreforma —entre ellos la reducción gradual del impuesto a las empresas del 27% al 23% y los incentivos tributarios al empleo formal— no pueden implementarse por decreto. La vía administrativa tiene un techo constitucional preciso, y ese techo excluye la política tributaria.
El propio Presidente Kast intentó precisar el alcance de sus palabras al ser consultado por la prensa. Señaló que «hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, no se pasan a llevar las facultades del parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos, siempre y cuando no pasemos a llevar el poder legislativo». Como ejemplo citó la instrucción a la Tesorería de cobrar a los deudores del CAE, que fue una medida administrativa adoptada sin ley.
Pero la aclaración presidencial no despejó la controversia. El debate que desataron las palabras de Quiroz no es técnico: es político y democrático. Plantea hasta qué punto un gobierno puede impulsar una agenda de transformación económica de gran escala usando herramientas administrativas para sortear la deliberación parlamentaria.
Un debate que viene desde la campaña
Las declaraciones de Quiroz reavivaron un debate que ya se había producido durante la campaña presidencial, cuando el entonces candidato Kast dijo que el Congreso no era tan importante y que en su gobierno se iban a aplicar «todas las potestades administrativas que tiene el Estado», deslizando la opción de gobernar «por decreto». Esos dichos fueron criticados incluso por Evelyn Matthei, quien los calificó como «desafortunados».
Que ese mismo debate regrese a la agenda, esta vez desde el ministro de Hacienda y en ejercicio, en plena tramitación del proyecto más ambicioso del Gobierno, no es casualidad. Revela una tensión estructural: un Ejecutivo que tiene una hoja de ruta económica clara pero que enfrenta una correlación parlamentaria adversa y organismos técnicos independientes que cuestionan la sostenibilidad de su propuesta.
Qué dice el CFA y por qué importa
El Consejo Fiscal Autónomo advirtió nueve riesgos fiscales directos en la Ley de Reconstrucción Nacional, señalando que, aun considerando el efecto del crecimiento proyectado, se generaría un déficit en las arcas públicas que se extendería más allá del 2031. El exministro de Hacienda Mario Marcel precisó que las medidas permanentes del proyecto implican una reducción directa de ingresos tributarios superior a 14 mil millones de dólares en el período 2026-2031, y que los efectos dinámicos sobre el crecimiento compensarían menos de la mitad del costo fiscal directo.
Pese a ello, el Ejecutivo ha mantenido las urgencias legislativas y descartó retirar el proyecto. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto por ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención —la del representante del Partido de la Gente (PDG), cuyo liderazgo había anunciado previamente el retiro de su respaldo para luego negociar con el ministro Quiroz—. El lunes se recibirán indicaciones y la discusión en particular comenzará el martes.
La pregunta de fondo
En una democracia representativa, el Congreso no es un obstáculo al Ejecutivo: es el mecanismo mediante el cual la ciudadanía participa en la construcción de las leyes que la rigen. Cuando un gobierno anuncia que seguirá adelante con o sin ese mecanismo, la pregunta que surge es legítima y necesaria: ¿qué le queda al Parlamento si el Ejecutivo puede sortear su deliberación mediante la vía administrativa?
La respuesta constitucional es clara en materia tributaria: no puede. Pero la señal política que emite la declaración de Quiroz —respaldada por el Presidente— trasciende el tecnicismo jurídico. Instala la idea de que el Congreso es prescindible cuando no coincide con la agenda del gobierno de turno. Y esa es una idea que, con independencia del signo político de quien la exprese, debería incomodar a quienes valoran la arquitectura democrática.
