La comisión técnica convocada por el Ministerio del Trabajo entregó un paquete de 22 propuestas para enfrentar la crisis del empleo, en un escenario que el informe describe como especialmente complejo: 40 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8%, un 9,1% en la última medición y la pérdida de cerca de 70 mil empleos formales desde 2022. La instancia fue presidida por el economista David Bravo y sus recomendaciones no son vinculantes, por lo que su eventual implementación dependerá de decisiones del Ejecutivo y su tramitación en el Congreso.
Entre los cambios que más atención concentraron está la recomendación de modificar el mecanismo de cálculo de la jornada semanal asociado a la ley de 40 horas. La comisión propuso ampliar el periodo sobre el cual se promedian las horas trabajadas, pasando de las actuales cuatro semanas a un plazo de 15 semanas, lo que el documento identifica como equivalente al promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o incluso a un año.
En términos prácticos, el ajuste permitiría concentrar más carga laboral en periodos de mayor demanda, habilitando semanas de hasta 52 horas al considerar jornada ordinaria y extraordinaria, para luego compensar con semanas de menor extensión. El informe sostiene que el marco vigente ubica a Chile entre los países más restrictivos de la OCDE en adaptabilidad laboral, con efectos particularmente relevantes en sectores estacionales como agricultura y turismo, donde la demanda puede variar abruptamente.
Otro eje del documento apunta al sistema de indemnización por años de servicio, vigente desde 1937. La propuesta plantea un reemplazo gradual por una indemnización “a todo evento”, financiada mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía. Según lo planteado, el mecanismo se aplicaría inicialmente a nuevos contratos de trabajo, aunque también se contempla la incorporación voluntaria de trabajadores con contratos vigentes, siempre que exista acuerdo entre las partes.
Cambios a causales y pactos laborales
El informe también recomienda ampliar la causal de despido por “necesidades de la empresa”, incorporando explícitamente situaciones como bajas sostenidas en las ventas, procesos de reorganización interna y la “falta de adecuación del trabajador”, un criterio que, de acuerdo con el documento, ha sido acotado en los últimos años por la jurisprudencia.
En el terreno de la organización del trabajo, la comisión propone modificar el Código del Trabajo para permitir que empleadores y trabajadores puedan pactar múltiples funciones, sin la exigencia de que correspondan a una misma naturaleza de servicios. La idea, según el planteamiento, es aumentar la flexibilidad en actividades donde las tareas pueden variar durante el año, sin que esto implique necesariamente cambios de contrato permanentes.
Además, el documento sugiere crear un mecanismo permanente que permita reducir temporalmente la jornada en periodos de crisis económicas, usando el Seguro de Cesantía para financiar parte de la merma de ingresos durante el acuerdo. La propuesta contempla, mientras dure ese arreglo, restringir los despidos por necesidades de la empresa, como una forma de alinear el esfuerzo de ajuste con la continuidad laboral.
Las recomendaciones, sin embargo, se presentan como una hoja de ruta técnica: no obligan al Gobierno a adoptarlas, ni establecen por sí mismas cambios legales automáticos. Su incidencia concreta dependerá de qué medidas se transformen en proyectos de ley y de cuánto respaldo político logren en la discusión legislativa.
Gobierno anuncia proyectos sobre jornada y contratos por hora
Tras la entrega del documento, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que “próximamente” presentará un proyecto para modificar el cálculo de la jornada de 40 horas, ampliando el periodo sobre el cual se promedian las horas trabajadas. El anuncio apunta directamente a uno de los puntos centrales del informe y abre una discusión que tensiona dos objetivos: mantener estándares de protección laboral y, al mismo tiempo, dotar de mayor adaptabilidad a los empleadores en contextos de demanda variable.
La autoridad también confirmó que el Gobierno impulsará el proyecto de contratos por hora ingresado al Congreso en 2018, con el objetivo de formalizar empleos en actividades con demanda fluctuante, especialmente en rubros como el gastronómico. En ese marco, Rau planteó que el desafío será definir una regulación que permita implementar estos cambios sin deteriorar las condiciones laborales.
En lo inmediato, el informe de la comisión queda como insumo para la agenda del Ejecutivo en materia de empleo, y marca un punto de partida para eventuales ajustes en indemnizaciones, causales de despido y flexibilidad de jornada. La discusión por la reforma jornada laboral y sus instrumentos asociados se trasladará ahora al plano político y legislativo, donde se definirá qué propuestas avanzan y bajo qué resguardos.
