La Corte de Apelaciones de Valdivia cerró el año judicial 2025 con un hito en materias de familia: ordenó el pago de más de $93.900 millones por pensiones de alimentos impagas, reflejando el alcance que ha tomado en la zona la persecución y cobro efectivo de estas deudas. El balance también mostró un giro de alto rigor en el ámbito penal, con una política restrictiva frente a la libertad condicional y un reforzamiento de la fiscalización en cárceles.
El detalle fue presentado en el balance jurisdiccional encabezado por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcela Araya Novoa. En su exposición, la ministra puso el acento en las consecuencias concretas para las familias que esperan el cumplimiento de una obligación esencial: el pago de alimentos, que sostiene gastos diarios de niñas, niños y adolescentes y que, cuando no se cumple, impacta directamente el bienestar del hogar y la estabilidad económica de quienes crían.
En ese marco, Araya subrayó los efectos de la Ley 21.484, normativa que ha permitido acelerar y materializar mecanismos de retención financiera. Según el balance, hasta diciembre de 2025 se logró un monto exacto retenido de $93.926.576.693. Además, la jurisdicción informó la inscripción de 12.918 personas en el Registro Nacional de Deudores, lo que representa un incremento interanual del 15%.
En términos de impacto comunitario, el dato no sólo muestra un récord contable: traduce la capacidad del sistema para llegar a recursos que antes quedaban fuera del alcance efectivo de las resoluciones judiciales. Para muchas familias de la Región de Los Ríos y territorios vinculados a la jurisdicción, la retención y la inscripción en el registro operan como una presión real para regularizar pagos, y como una señal de que el incumplimiento ya no queda sin consecuencias prácticas.
Retenciones y registro de deudores
La magnitud de las retenciones por pensiones de alimentos impagas se convirtió en uno de los ejes del balance, por tratarse de una demanda reiterada en tribunales de familia y una problemática extendida en el país. La aplicación de la Ley 21.484 —destacada por la presidenta del tribunal de alzada— se tradujo en resultados medibles: montos retenidos con precisión hasta diciembre de 2025 y un registro de deudores que continúa creciendo, con 12.918 inscritos en la jurisdicción.
Este panorama se enmarca en un contexto estructural donde el sistema de justicia enfrenta, a la vez, altos volúmenes de causas y exigencias ciudadanas por respuestas más rápidas y efectivas. En materias de familia, particularmente, la presión social y económica se hace sentir: cuando la pensión no llega, se afecta el presupuesto cotidiano, se tensionan redes de apoyo y se incrementa la judicialización. De ahí la relevancia de las herramientas que permiten pasar del papel al cobro efectivo.
Libertad condicional con criterio estricto
En la arista penal, la señal fue igualmente clara. La Comisión de Libertad Condicional, bajo la dirección del ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa Rosado, rechazó 451 de 507 requerimientos presentados, lo que equivale a denegar casi el 89% de las solicitudes. El balance describió este enfoque como un control férreo sobre beneficios penitenciarios, en línea con estándares más exigentes respecto del cumplimiento de condenas.
Este trabajo se enmarcó en las directrices observadas por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. A la vez, la jurisdicción complementó la revisión de solicitudes con una fiscalización intensiva: la Primera y Segunda Fiscalía Judicial realizaron 20 visitas a recintos penitenciarios, reforzando la supervisión del funcionamiento carcelario y las condiciones asociadas al cumplimiento de penas.
Productividad judicial y gestión territorial
En eficiencia operativa, la Corte de Apelaciones de Valdivia informó una tasa de resolución inédita de 103,8%: falló 7.422 causas frente a 7.149 ingresadas durante el periodo. El balance precisó que un 63% de la carga se concentró en materias penales, civiles y acciones de protección, áreas que suelen absorber alta demanda y donde la rapidez de respuesta incide en derechos fundamentales y en la certeza jurídica para personas y organizaciones.
El dinamismo resolutivo también se replicó en tribunales de primera instancia, que absorbieron un volumen total de 74.440 ingresos. En lo laboral, se reportó una tasa de término superior al 92,64%, mientras que en la jurisdicción civil se informó la emisión de 2.674 sentencias. En la práctica, estas cifras representan más causas cerradas, menores tiempos de espera y una reducción de la incertidumbre para trabajadores, empleadores, familias y comunidades.
El balance incorporó además componentes de compromiso territorial, patrimonial y de derechos humanos. El ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa Latorre, lideró diligencias en la macrozona sur bajo el amparo del Plan Nacional de Búsqueda. En paralelo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) consolidó el nuevo edificio penal de Osorno, infraestructura que hoy atiende a una población que supera los 200 mil habitantes.
En modernización y acceso, se consignaron más de 23.300 atenciones a través de la plataforma virtual CONECTA.PJUD.CL, junto con convenios de colaboración para ampliar cobertura en el territorio. Entre ellos, acuerdos con la Municipalidad de Futrono —comuna con 44% de ruralidad— y con la Fundación Casa Esperanza. De cara a los próximos pasos, el desafío que deja el balance es sostener estos niveles de gestión, mantener el estándar estricto en el ámbito penal y consolidar herramientas que acerquen la justicia a zonas rurales y a grupos que requieren apoyos específicos, sin perder capacidad de respuesta frente al alto flujo de causas.
