El senador Miguel Ángel Calisto llegó a la Cámara Alta en marzo de 2026 arrastrando una acusación penal por fraude al fisco por la que la Fiscalía Regional de Aysén pide doce años de presidio. Cuatro meses después, ese mismo parlamentario —cuya permanencia en el cargo depende de una audiencia de desafuero que aún no se resuelve— se convirtió en una de las piezas que permitió al Gobierno de José Antonio Kast sacar adelante su reforma económica más importante. La paradoja no es retórica: es aritmética. En un Senado dividido casi por mitades, el margen que separó la aprobación del rechazo cupo, en más de una votación, en el comportamiento de un solo escaño.
Una acusación que pide doce años de cárcel
La causa que pesa sobre Calisto se originó en 2021, a partir de una denuncia por uso irregular de asignaciones parlamentarias durante el período en que ejercía como diputado por Aysén, entre 2018 y 2022. La Fiscalía Regional de Aysén, encabezada por el fiscal regional Hernán Libedinsky, formalizó una acusación por delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones, imputando al parlamentario junto a otras siete personas. El Ministerio Público sostiene que los honorarios pagados por el Congreso a asesores fueron derivados posteriormente en beneficio personal del entonces diputado, configurando un esquema de contratos de asesoría que, según la acusación, nunca se ejecutaron. El perjuicio fiscal estimado asciende a unos 105 millones de pesos, y el Consejo de Defensa del Estado busca recuperar 131 millones. La pena solicitada es de doce años de presidio mayor en su grado medio.
En su calidad de diputado, Calisto ya había sido desaforado por este caso: la Corte de Apelaciones de Coyhaique y luego la Corte Suprema confirmaron el desafuero, lo que permitió su formalización en mayo de 2025, con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados. Pese a ese escenario judicial, en noviembre de 2025 fue elegido senador por la Región de Aysén con cerca del 32% de los votos. En estos hechos rige la presunción de inocencia consagrada en el artículo 4° del Código Procesal Penal: mientras no exista condena firme, Calisto es jurídicamente inocente de los cargos que se le imputan.
El desafuero que no llega y su radicación en Los Lagos
La segunda solicitud de desafuero —la que corresponde a su condición de senador— ha seguido un recorrido que hasta ahora ha jugado a favor del parlamentario. Cuando la Fiscalía de Aysén ingresó el requerimiento, los cuatro ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaron para conocerlo, argumentando que ya habían intervenido en la etapa anterior del mismo caso. Por esa razón, y para resguardar la imparcialidad del proceso, la causa fue derivada a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Es decir, el futuro parlamentario de un senador de Aysén quedó, por razones procesales, en manos de un tribunal de la Región de Los Lagos.
La audiencia estaba programada para el viernes 10 de julio de 2026. No se realizó. Un día antes, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió, por dos votos contra uno, suspenderla. El fundamento: el Juzgado de Garantía de Coyhaique había ordenado el 7 de julio reabrir la investigación por un plazo de 60 días para ejecutar diligencias solicitadas por las defensas, lo que modificó el escenario procesal sobre el cual la Fiscalía había pedido el desafuero. El tribunal determinó que el Ministerio Público deberá volver a solicitarlo «en la oportunidad procesal que corresponda», según consignó la propia Fiscalía. El resultado concreto es que Calisto conserva su fuero y sigue ejerciendo plenamente como senador. El propio parlamentario valoró la decisión como «una señal clara del funcionamiento de las instituciones» y afirmó que continuaría desempeñando su rol senatorial.
Los votos que sostuvieron la megarreforma
Es en ese estado —acusado, con desafuero pendiente y sin suspensión de sus funciones— que Calisto participó en la tramitación de la megarreforma, el proyecto de Reconstrucción Nacional y desarrollo económico y social impulsado por el Gobierno de Kast. Y aquí conviene precisar, porque el rol del senador no fue idéntico en las dos instancias decisivas.
En la votación de la idea de legislar, el 24 de junio de 2026, el proyecto se aprobó en general por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Los 26 respaldos eran exactamente los necesarios para la mayoría requerida, y el voto de Calisto estuvo entre ellos. Sin su respaldo, el Ejecutivo no habría alcanzado el quórum para que la reforma avanzara a su discusión en particular. En esa jornada, según consignó La Tercera, su posición favorable nunca estuvo en duda; el senador solo optó por fundamentar su voto antes de marcarlo.
En el despacho definitivo del Senado, en la maratónica sesión que se extendió desde la tarde del miércoles 15 hasta la madrugada del jueves 16 de julio, el comportamiento de Calisto cambió de signo pero no de relevancia. En los artículos centrales del proyecto —entre ellos la rebaja gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23% y la reintegración tributaria— el senador se abstuvo. Su abstención tuvo un efecto reglamentario concreto: en el artículo 12, referido a la indemnización por revocación de Resoluciones de Calificación Ambiental, la votación arrojó 25 votos a favor y 24 en contra, y por incidir la abstención en el resultado, debió repetirse conforme al reglamento del Senado. Al mantenerse el mismo cómputo, la disposición quedó aprobada. Las normas tributarias troncales se despacharon por 26 votos a favor y 24 en contra. El proyecto volvió a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, en medio de reservas de constitucionalidad y anuncios de requerimientos ante el Tribunal Constitucional.
Por qué su escaño pesa tanto
La razón por la que la situación de Calisto se sigue con atención en el Senado es estructural. El artículo 61 de la Constitución establece que, desde el momento en que se declara por resolución firme haber lugar a la formación de causa —esto es, al ser desaforado—, el parlamentario queda suspendido de su cargo. Y el artículo 7° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso dispone que los senadores suspendidos no se consideran en ejercicio para el cómputo de quórums y mayorías. En un cuerpo legislativo donde el oficialismo ordenó apenas 26 votos —uno más que el mínimo necesario tras perder el respaldo de los senadores del PPD—, un escaño menos altera el equilibrio completo.
El senador Miguel Ángel Calisto es independiente, aunque en su última campaña senatorial compitió utilizando un cupo del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Anteriormente militó durante muchos años en el Partido Demócrata Cristiano y tuvo un breve paso por Demócratas. Su llegada al Senado sin militancia formal tiene una consecuencia práctica de peso: en caso de un eventual desafuero que lo suspenda, su cupo no puede ser reemplazado por ningún partido, y el quórum de la sala se reduciría de forma permanente. Su presencia, entonces, no solo aporta un voto: define el piso mismo sobre el cual el Gobierno negocia cada mayoría.
Dos escaños bajo sospecha sostuvieron la mayoría
El caso de Calisto no fue el único que inquietó al oficialismo durante la tramitación de la megarreforma. En paralelo, la senadora Camila Flores (Renovación Nacional) enfrenta una investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso por presunto fraude al fisco en el denominado caso «cuota Flores», que indaga si, cuando era diputada, descontaba parte de las remuneraciones de sus asesores parlamentarios. Su causa se encuentra en una etapa más temprana que la de Calisto: aún no ha sido formalizada y la Fiscalía no ha ingresado una solicitud de desafuero, trámite que debería anteceder a cualquier formalización. Renovación Nacional resolvió pasar a Flores a su Tribunal Supremo interno. La senadora ha rechazado las acusaciones, calificándolas de «acusaciones sin sustento» y anunciando acciones judiciales.
El dato de fondo es que el Gobierno construyó su estrecha mayoría de 26 votos sobre un piso frágil, en el que dos de los escaños de la derecha que lo respaldaban pertenecen a parlamentarios con investigaciones abiertas por fraude al fisco. Como consignaron The Clinic y Ex-Ante, un eventual desafuero simultáneo de Calisto y Flores habría hecho perder al oficialismo la mayoría en la Cámara Alta. Ninguno de los dos ha sido condenado, y en ambos casos rige la presunción de inocencia; pero el solo hecho de que la aprobación de la reforma económica más importante del Gobierno de Kast dependiera, en parte, de dos escaños judicialmente cuestionados grafica la estrechez del margen sobre el que se despachó la iniciativa.
El cierre de un ciclo aún abierto
El recorrido de Miguel Ángel Calisto durante 2026 dibuja una secuencia difícil de ignorar. Un parlamentario acusado de defraudar al fisco por 105 millones de pesos, reelecto por su región con un tercio de los votos, cuya audiencia de desafuero quedó radicada en Puerto Montt y luego suspendida, terminó siendo pieza necesaria para que el Gobierno despachara la reforma económica más ambiciosa de su programa. Fue voto decisivo a favor en junio y abstención dirimente en julio. La causa penal, mientras tanto, sigue abierta: la investigación se reabrió por 60 días y la Fiscalía deberá insistir con el desafuero cuando el proceso lo permita. Hasta que eso ocurra —o no—, un escaño cuya titularidad está judicialmente cuestionada continúa contando plenamente en cada votación de la Cámara Alta.
