El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la eliminación de la franquicia tributaria del Sence en el plan de Reconstrucción Nacional, una definición que encendió alertas en el mundo de la capacitación también en la Región de Los Lagos, donde operan organismos técnicos y empresas que dependen de este mecanismo para financiar cursos y habilidades laborales.
La medida apunta a terminar con el incentivo que permite imputar gasto de capacitación a beneficios tributarios. Desde el Ejecutivo, el mensaje fue que el instrumento, tal como existe hoy, no estaría cumpliendo su objetivo y que su continuidad no se justifica frente al costo fiscal que implica.
Según explicó el secretario de Estado, la franquicia tiene un costo fiscal cercano a los US$ 300 millones anuales y, de acuerdo con su evaluación, no mostraría resultados positivos. En esa línea, Jorge Quiroz sostuvo que la falta de análisis ha permitido graves abusos en el uso de estos recursos estatales.
El anuncio generó una respuesta inmediata desde entidades del rubro, que reconocen fallas en el sistema, pero plantean que el camino debiera ser corregirlo, aumentar exigencias y ordenar el mercado, más que suprimir de forma total el incentivo asociado a la capacitación.
Industria de capacitación pide corregir, no eliminar
Desde el sector, José Esteban Garay, gerente general del OTIC de la CChC, advirtió que suprimir la franquicia atenta contra la inversión y el crecimiento. Su planteamiento se apoyó en la necesidad de mantener herramientas que promuevan la formación laboral, especialmente en un escenario donde las empresas requieren perfiles técnicos y competencias actualizadas.
Garay agregó que el país no puede improvisar medidas radicales frente a la actual escasez de capital humano calificado, situando el debate en el riesgo de debilitar una vía de financiamiento que ha sido usada para desarrollar capacidades dentro de las organizaciones.
En la misma línea, Carla Aravena, gerenta general de OTEC Teamclass, reconoció la existencia de irregularidades previas. Sin embargo, sostuvo que ese diagnóstico no justifica desmantelar la herramienta, y planteó que el foco debe ponerse en elevar la calidad y los controles.
Expertos cuestionan el diseño y advierten incertidumbre
Aravena pidió fortalecer la fiscalización gubernamental y elevar drásticamente los estándares exigidos a los organismos ejecutores de los cursos, apuntando a cerrar espacios a malas prácticas sin cortar el financiamiento a la capacitación que sí cumple con objetivos formativos.
A las críticas al funcionamiento actual se sumaron miradas técnicas. El ex director del Sence, Ricardo Ruiz de Viñaspre, y el director del OCEC de la UDP, Juan Bravo, cuestionaron el diseño vigente del subsidio, marcando que existen debilidades estructurales en cómo se orienta y controla su uso.
No obstante, ambos advirtieron sobre la gran incertidumbre que genera eliminarlo sin proponer una política alternativa clara, dejando abierto un debate que impacta directamente en la planificación de cursos, la oferta de capacitación y la inversión en formación laboral, incluidos los actores que operan en el sur del país.
