El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, salió a responder los cuestionamientos del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, y defendió la legalidad y los resultados del plan municipal de seguridad “El que raya paga”, aplicado para perseguir y sancionar daños en bienes públicos y recuperar espacios urbanos en la capital regional.
La reacción del jefe comunal se produjo luego de las críticas del titular del INDH al proyecto de ley que crea un registro nacional de actos vandálicos e incivilidades, iniciativa que busca endurecer sanciones frente a daños y rayados en espacios públicos. Para el alcalde, el foco del debate no puede desplazarse hacia una supuesta criminalización de expresiones artísticas cuando —sostuvo— se trata de conductas que la legislación vigente ya considera delitos, particularmente en casos flagrantes.
Wainraihgt calificó como inaceptable la postura atribuida a Ljubetic, que equipara la sanción de rayados urbanos con criminalizar la expresión artística. En su respuesta, insistió en que los grafitis no autorizados y los daños al mobiliario o a inmuebles son hechos tipificados y que la discusión debe centrarse en la protección de los espacios comunes, especialmente aquellos de alto valor patrimonial y de uso masivo.
En esa línea, el alcalde defendió el enfoque del municipio, que combina medidas administrativas con acciones judiciales y mecanismos de reparación directa. Según expuso, la estrategia aplicada en Puerto Montt ha permitido que infractores identificados deban costear y reparar, con recursos propios, los daños ocasionados en puntos emblemáticos de la ciudad.
Reparación directa en espacios patrimoniales
Desde el municipio se ha puesto énfasis en sectores de alta visibilidad y relevancia histórica, como la Plaza de Armas y la Catedral de Puerto Montt, lugares que han sido mencionados como zonas donde el plan “El que raya paga” ha operado con mayor fuerza para evitar el deterioro recurrente de muros y fachadas.
De acuerdo con la postura del alcalde, el objetivo no es solo sancionar, sino restituir el bien afectado y recuperar el entorno urbano. En ese marco, el programa municipal contempla la restitución del bien dañado, la aplicación de multas y la presentación de acciones judiciales contra quienes resulten responsables por daños, como parte de una política de “tolerancia cero” frente al vandalismo.
Wainraihgt planteó que la conservación del espacio público tiene impactos que van más allá de lo estético. En su argumentación, sostuvo que mantener el aseo urbano y retirar oportunamente los rayados no autorizados influye en la disminución de delitos mayores y de conductas antisociales en barrios, al reducir señales de abandono y deterioro en el entorno.
Resultados y medición: el indicador 2025 citado por el municipio
En su defensa del plan, el alcalde mencionó evidencia que, según indicó, respalda el impacto de la política local de recuperación de fachadas y control del vandalismo. En particular, citó la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2025, que —según lo expuesto— posicionó a Puerto Montt como la comuna con el menor índice de rayados y vandalismo visual en la Región de Los Lagos.
El jefe comunal vinculó ese resultado a una mejora en la percepción de seguridad en la ciudad y lo presentó como un respaldo a la estrategia municipal. En su respuesta, recalcó que el debate sobre sanciones por rayados no puede desligarse de la experiencia concreta de los territorios, donde vecinos y locatarios demandan entornos más cuidados, iluminados y libres de daños reiterados.
En esa misma línea, la autoridad comunal defendió que el plan “El que raya paga” no opera como una medida simbólica, sino como una política local con componentes de persecución infraccional y penal, enfocada en identificar responsables, exigir reparación y sostener acciones para evitar la reincidencia en puntos críticos.
Al cierre de su declaración, Wainraihgt también emplazó al Gobierno de Chile a evaluar los criterios con que se designan o conducen organismos de relevancia nacional como el INDH. Según su planteamiento, quienes dirigen esas instituciones deben mostrar sintonía con las urgencias de seguridad que expresa la ciudadanía.
La controversia quedó instalada a partir de los reparos del INDH al enfoque sancionatorio asociado al registro nacional de actos vandálicos e incivilidades y la respuesta del municipio, que sostiene que la experiencia local en Puerto Montt demuestra efectos concretos en la recuperación de espacios y en la reducción de rayados, con especial énfasis en sectores centrales como la Plaza de Armas y el entorno de la Catedral.
