En una sesión de la iniciativa «Directores por Chile» en La Moneda, el presidente José Antonio Kast volvió a defender los ajustes presupuestarios que impulsa su gobierno en educación, esta vez recurriendo a un ejemplo que generó inmediato rechazo: la imagen de un niño que lleva sándwich de su casa y decide no almorzar en el casino del colegio. Con ese escenario —que el propio mandatario aseguró que «se da más de lo que uno cree»— Kast intentó sostener que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb tiene márgenes de mejora y que, con los mismos recursos, se podría alimentar a más estudiantes si se administra mejor.
El argumento, sin embargo, tiene un problema de base difícil de soslayar: construye la justificación del ajuste sobre la excepción, no sobre la regla. El PAE beneficia a casi un millón 600 mil estudiantes a diario, entregando cerca de cuatro millones de raciones en todo el país. Para una parte significativa de esos estudiantes —los de menores ingresos, los de zonas rurales e insulares de regiones como Los Lagos y Los Ríos— esa ración puede ser la comida más completa del día. Usarlos como telón de fondo de una lógica de eficiencia basada en el caso del niño con sándwich revela una distancia profunda entre el diagnóstico presidencial y la realidad del programa.
El contexto que Kast omite: un recorte que ya está sobre la mesa
Las palabras del mandatario no ocurren en el vacío. A través del Oficio N°16, el Ministerio de Hacienda recomendó descontinuar el Programa de Alimentación Escolar como parte de un paquete de ajustes a 142 programas estatales por hasta $5,4 billones de pesos con proyección a 2031, siendo el PAE el de mayor costo individual con un gasto ejecutado que supera el billón de pesos. La propuesta encendió una alarma transversal: la rechazaron la oposición, el propio oficialismo y hasta figuras de derecha como Evelyn Matthei cuestionaron al ministro de Hacienda.
Ante la presión, el Gobierno salió a desmentir el recorte. El ministro Jorge Quiroz aseguró públicamente que no habrá recorte alimentario, y el director de Junaeb, Fernando Peña, afirmó que el programa no arriesga su continuidad. Pero el oficio existe, lleva firma ministerial y el PAE está nominalmente en la lista de programas a descontinuar. El hecho de que el propio Presidente deba ahora explicar el programa en términos de eficiencia y desperdicio sugiere que la lógica del recorte no ha sido abandonada, sino reencuadrada.
Un ejemplo que revela más de lo que pretende ocultar
Lo problemático del argumento del sándwich no es solo su fragilidad empírica —ningún dato oficial respalda que el desperdicio de raciones sea una causa estructural del costo del programa—, sino lo que revela sobre el enfoque con que el Gobierno observa la política social. Según datos de la propia Junaeb, el programa acumula multas impagas a empresas proveedoras por incumplimientos normativos que superan los $200 mil millones desde 2015, equivalente a cerca de un quinto del presupuesto anual. Ese es el problema real de eficiencia del PAE: no los niños que llevan sándwich, sino un sistema de contratos con empresas donde las sanciones no se cobran y los incumplimientos se repiten.
Frente a esa realidad documentada, la imagen presidencial resulta no solo insuficiente como argumento, sino que invierte la lógica del problema: señala a los estudiantes como la fuente del desperdicio en lugar de apuntar a las empresas que no cumplen y a un sistema de fiscalización que no funciona. Que esa sea la justificación elegida por el Presidente para hablar de ajustes en Junaeb dice más sobre las prioridades del diagnóstico oficial que sobre cualquier niño con sándwich en su mochila.
