En medio del debate por el rumbo de la política migratoria del Ejecutivo, José Antonio Kast, matizó este miércoles 18 de marzo el tono y el alcance de su propuesta de expulsar a personas migrantes en situación irregular, afirmando que no se trata de una acción inmediata ni ejecutable en un solo operativo masivo.
El Mandatario abordó declaraciones realizadas durante la campaña presidencial, cuando en un debate televisivo sostuvo: “No vamos a empadronar, ni a regularizar a ninguno. Les estamos señalando que les quedan 92 días. Después de eso, cualquier persona no tendrá beneficios del Estado”.
Ya como jefe de Estado, Kast planteó que la dimensión del fenómeno impide pensar en una salida rápida. “Es evidente que en un día uno no va a sacar a 300 mil personas, pero uno está dando una señal”, afirmó, en una frase que busca recalibrar expectativas sobre tiempos y capacidades para implementar expulsiones a gran escala.
En la misma línea, el Kast reforzó el criterio que su gobierno pretende instalar respecto del ingreso irregular al país. “Si usted entró por la ventana y no por la puerta, en algún minuto va a tener que salir”, sostuvo, subrayando que la situación migratoria deberá resolverse en algún momento bajo reglas definidas por el Estado.
El énfasis en “dar una señal” se instala en un escenario donde la discusión pública cruza seguridad, capacidad administrativa y efectos sociales en las comunidades. En ese marco, las palabras del Mandatario apuntan a delimitar una postura de control, pero a la vez a reconocer dificultades prácticas para materializar un proceso masivo.
Control sin búsqueda masiva
Kast descartó una persecución generalizada para ubicar a quienes están en situación irregular, pero advirtió que existirán instancias de fiscalización. “No los vamos a poder encontrar a los 300 mil de una vez, y no queremos hacer una persecución lugar por lugar, pero cada una de las personas sabe que tiene que encontrarse con el Estado en algún momento”, señaló.
La frase instala una idea central: la relación con el Estado —a través de trámites, controles o servicios— podría transformarse en el punto donde se ejerza el control migratorio, más que una búsqueda territorial intensiva. En el trasfondo, el Ejecutivo intenta sostener una política de mayor exigencia, sin abrir un flanco por un eventual despliegue que pueda ser visto como impracticable o tensionante en el plano social.
El número citado por el Mandatario, 300 mil, funciona como referencia del volumen involucrado en el debate y del desafío operativo que supone cualquier política de expulsiones. En términos simples, el propio Presidente reconoció que la materialización no es instantánea, aunque mantuvo el foco en establecer un criterio frente al ingreso por vías no formales.
Debate por viabilidad e impactos
Las declaraciones del jefe de Estado se producen en un momento de alta discusión pública sobre el alcance y viabilidad de las medidas migratorias impulsadas por el gobierno, en especial respecto de cómo se compatibilizan objetivos de control con capacidades administrativas y con la convivencia cotidiana en barrios, ciudades y regiones.
En lo inmediato, el ajuste discursivo pone el acento en los tiempos y en los mecanismos: una expulsión masiva “en un día” no aparece como escenario posible, pero sí la instalación de controles y señales políticas destinadas a modificar conductas y ordenar el sistema.
El debate seguirá concentrado en cómo se implementan las medidas anunciadas, qué criterios se aplicarán y cuáles serán los próximos pasos del Ejecutivo para traducir el mensaje presidencial en procedimientos concretos, con efectos directos en la gestión pública y en las comunidades donde la migración se ha convertido en un tema central de la agenda.
