José Antonio Kast, resolvió retirar del Congreso el proyecto de nueva Ley General de Pesca, una iniciativa ingresada en enero de 2024 que buscaba reemplazar el marco vigente. La medida fue confirmada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia junto a la Subsecretaría de Pesca, y será sustituida por una batería de cambios acotados impulsados por el Ejecutivo.
El giro del Gobierno instala un punto de inflexión en una discusión que venía tensionando a la pesca industrial y artesanal. La apuesta oficial es reducir la conflictividad que comenzaba a escalar y despejar la incertidumbre legislativa, reordenando la agenda hacia reformas “focalizadas” en materias que cuenten con mayor acuerdo.
En su diseño, el Ejecutivo afirmó que el trabajo técnico se concentrará exclusivamente en áreas de consenso y que el fraccionamiento pesquero se mantendrá como una discusión paralela. Para las regiones costeras, el anuncio no es solo una decisión administrativa: reabre el debate sobre cuotas, empleo y reglas que impactan directamente a caletas, plantas y flotas.
La determinación provocó reacciones inmediatas en el Parlamento. El diputado de la Comisión de Pesca, Alejandro Bernales, y el diputado de la Comisión de Pesca, Jorge Brito, manifestaron un rechazo frontal a la decisión y apuntaron a que el retiro prolonga la vigencia de la Ley 20.657. En esa línea, cuestionaron que no se aborden soluciones urgentes para los costos operativos del sector artesanal, un tema que se ha vuelto sensible en el día a día de las comunidades pesqueras.
Industria respalda y alerta por empleos
En el mundo industrial, el anuncio fue recibido como una corrección de rumbo. El sector respaldó formalmente el retiro y sostuvo que el proyecto original ponía presión sobre la viabilidad financiera de la flota, especialmente por la propuesta de redistribución de cuotas de captura.
Entidades como Sonapesca y Asipes defendieron la decisión señalando que el texto discutido abría un escenario de riesgo para el funcionamiento del sector. En declaraciones previas, el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, y la presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, habían advertido que el debate, tal como estaba encaminado, podía afectar a más de 30.000 empleos directos e indirectos en la zona centro-sur.
Un punto especialmente resistido por el empresariado fue la idea de licitar el 15% de la fracción industrial, calificada por ese sector como inconstitucional. Con el retiro, la industria interpreta que se descomprime una discusión que, a su juicio, amenazaba la continuidad operacional y la estabilidad laboral asociada a la cadena pesquera.
Artesanales activan asambleas territoriales
Del lado artesanal, la lectura es distinta: el retiro del proyecto deja intacta una estructura normativa que sindicatos y dirigentes han cuestionado por años, y posterga definiciones que consideran clave para equilibrar el acceso a los recursos y enfrentar el alza de costos. En respuesta, sindicatos de pescadores artesanales anunciaron la activación de asambleas territoriales de emergencia en las regiones de Valparaíso, Biobío y Los Lagos, tres zonas donde la pesca es parte central de la economía local y del empleo.
En lo inmediato, el itinerario gubernamental fija los próximos pasos: durante los próximos siete días, el Ministerio de Economía iniciará rondas de coordinación técnica para delinear los nuevos proyectos normativos que reemplazarán a la iniciativa retirada. Con ese trabajo en curso, el debate se desplaza hacia negociaciones más acotadas, pero con alta carga territorial, porque las decisiones sobre cuotas, reglas y fiscalización inciden en la estabilidad de comunidades costeras y en los puestos de trabajo ligados a la actividad.
El retiro del proyecto no cierra la discusión de fondo. Por el contrario, abre un nuevo ciclo: el Ejecutivo deberá traducir el “rediseño técnico” en propuestas concretas capaces de sostener apoyos transversales, mientras el Congreso y los actores del rubro —industriales y artesanales— ajustan sus estrategias para influir en una reforma que seguirá marcando la relación entre economía regional, empleo y acceso a los recursos del mar.
