Con el inicio del año escolar 2026, los establecimientos de educación básica y media en Chile comenzaron a aplicar la Ley 21.801, que prohíbe el uso de teléfonos celulares durante las actividades curriculares. La normativa —que rige desde marzo de 2026— busca ordenar el espacio pedagógico para mejorar la concentración, fortalecer la convivencia y, en consecuencia, apoyar el rendimiento escolar.
La ley también fija tareas concretas para las comunidades educativas: los colegios tienen plazo hasta el 30 de junio para actualizar sus reglamentos internos, de modo que la restricción no quede en una indicación general, sino en reglas claras, conocidas por estudiantes, familias y equipos docentes.
En este escenario, la directora de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Marcela Jarpa, plantea que el debate debe correrse de la polarización y enfocarse en condiciones reales para aprender. La académica, además investigadora del CIAE, advierte que el éxito de la medida no se juega solo en “quitar el celular”, sino en cómo se enseña a gestionar la atención.
“No se trata simplemente de retirar los dispositivos. Hay que educar en la gestión de la atención y articular estrategias didácticas que aprovechen lo digital cuando sea pertinente”, sostiene Jarpa. En otras palabras, el desafío para escuelas y liceos será equilibrar la reducción de distractores con una formación que permita usar la tecnología con criterio.
El impacto en la vida cotidiana de los colegios puede ser significativo. En la práctica, la norma busca disminuir interrupciones en clases, tensiones por el uso de pantallas y situaciones que afectan la convivencia, como la distracción entre compañeros. Pero también obliga a ordenar procedimientos para evitar que el control recaiga únicamente en el profesor o profesora, lo que podría convertirse en un foco de conflictos y desgaste en la sala.
Una tendencia internacional en expansión
Jarpa enmarca la decisión chilena en una tendencia global. Según el informe GEM de la UNESCO, a enero de 2025, 79 sistemas educativos en el mundo ya habían implementado restricciones similares. Entre los países mencionados están Francia, Países Bajos y Nueva Zelanda, donde se han impulsado medidas para enfrentar la fragmentación de la atención en contextos escolares.
La discusión internacional, explica, se alimenta de evidencia que reconoce una relación ambivalente con la tecnología. Citando el informe de la OCDE “How’s Life for Children in the Digital Age?”, la académica apunta que existen riesgos asociados al tiempo de pantalla excesivo y pasivo, los que se vinculan con dificultades en el desarrollo cognitivo. A eso se suma un efecto muy concreto dentro del aula: la distracción de otros compañeros, con impactos negativos en el rendimiento.
Al mismo tiempo, el informe también subraya que la tecnología puede abrir oportunidades si existe un uso moderado y con propósito escolar. En ese marco, Jarpa destaca que un uso moderado —hasta una hora diaria— para fines educativos se ha asociado a mejores resultados en evaluaciones como PISA. Así, el eje no sería demonizar lo digital, sino construir condiciones para que opere a favor del aprendizaje y no en su contra.
Tres ejes para evitar el conflicto
Para que la Ley 21.801 no termine transformándose en un nuevo motivo de desgaste al interior de las comunidades escolares, Jarpa propone tres ejes a partir de experiencias internacionales. El primero es contar con reglas simples y precisas: las políticas más efectivas sugieren el teléfono “apagado y guardado” durante toda la jornada, con excepciones explícitas por razones médicas o emergencias.
El segundo eje apunta a mecanismos institucionales: la responsabilidad, dice, no puede quedar reducida a la vigilancia del profesor en el aula. Se requieren criterios comunes y procedimientos compartidos que reduzcan la confrontación directa y den respaldo a los equipos docentes cuando deban aplicar la norma. El tercero es la coherencia adulta, porque la legitimidad de la restricción también se juega en el ejemplo cotidiano de docentes y directivos. “No se trata de prohibir, sino de modelar el uso profesional del dispositivo”, remarca.
Finalmente, la académica plantea que la prohibición por sí sola es insuficiente si no va acompañada de formación. En su mirada, el sistema educativo debe enseñar a distinguir información confiable y desarrollar autorregulación: habilidades claves en un entorno donde la atención compite con estímulos permanentes.
“La sala de clases es uno de los pocos espacios donde la atención compartida sigue siendo un bien común. Recuperarla no es nostalgia, es una decisión estratégica en favor del aprendizaje profundo. Menos polémica y más pedagogía será siempre el mejor camino”, concluye Jarpa, en un debate que seguirá marcado por cómo cada establecimiento ajuste sus reglamentos antes del 30 de junio y por las estrategias que adopte para hacer de la norma una herramienta educativa y no solo una sanción.
