Puerto Montt será este miércoles 27 de mayo el epicentro del debate más sensible del borde costero chileno: el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, presentará ante gremios del sector y actores regionales la propuesta de modificaciones del Ejecutivo a la Ley Lafkenche —la Ley N° 20.249—, normativa que regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y que está en el centro de un conflicto acumulado durante años entre comunidades mapuche-lafkenche, pescadores artesanales, la industria salmonera y el desarrollo portuario en las regiones del sur del país. El encuentro, denominado «Diálogo para el futuro del borde costero», se realizará en el Salón Azul del Centro Administrativo Regional y se extenderá por gran parte de la jornada.
Por qué el Gobierno decide moverse ahora
La tensión acumulada en las costas del sur del país finalmente obligó al Ejecutivo a mover sus piezas. En medio de una ola creciente de cuestionamientos que provienen de los sectores productivos y artesanales de las regiones australes, el Gobierno confirmó que ingresará un conjunto de modificaciones a la polémica Ley Lafkenche. El anuncio fue gatillado principalmente por la situación en Magallanes, donde distintos actores de la pesca artesanal, la salmonicultura y el desarrollo portuario han expresado preocupación por el efecto que la expansión de solicitudes ECMPO ha tenido sobre extensas zonas del borde costero, pero tiene repercusión directa también en Los Lagos, la región con mayor densidad de actividad pesquera artesanal y salmonera del país.
El subsecretario Urrutia detalló que el Ejecutivo prepara un paquete de indicaciones que busca destrabar un conflicto que mantiene congeladas diversas inversiones y actividades en las regiones australes. «Vamos a realizar un taller de difusión sobre los ejes temáticos que estarán contenidos en esta propuesta de modificación del Ejecutivo», señaló, agregando que la instancia también buscará recoger observaciones y propuestas de los asistentes.
El conflicto de fondo: quién administra los recursos dentro de un ECMPO
El problema de fondo radica en la masiva expansión de solicitudes de ECMPO sobre extensas áreas del borde costero, lo que ha generado un fuerte choque de intereses entre la pesca artesanal local, la industria de la salmonicultura, el desarrollo e infraestructura portuaria, y las solicitudes de conservación ambiental y de pueblos originarios. La demanda central de los gremios bentónicos de Los Lagos es clara: que los recursos marinos al interior de un ECMPO sean administrados por el Estado, no por las comunidades indígenas titulares del espacio, bajo el argumento de que la norma actual bloquea el acceso de la pesca artesanal a caladeros tradicionales.
El representante de Maullín en la Mesa Bentónica Regional, Custodio Serón, fue directo en su diagnóstico previo al diálogo: las autoridades no escuchan o «quieren hacerse los tontos» sobre las necesidades reales de la pesca artesanal, y prevé que el clima del encuentro del miércoles no será ameno. La presidenta de la Conapach y miembro de la Mesa Bentónica Regional, Zoila Bustamante, valoró en cambio que la instancia haya sido ampliada más allá de los bentónicos para incluir a otros gremios marítimos incumbentes.
El estado legislativo y las posiciones parlamentarias
El proyecto de modificación a la Ley Lafkenche (boletín N°15862-21) fue presentado en abril de 2023 por un bloque transversal de senadores —Fidel Espinoza (PS), Carlos Kuschel (RN), Gastón Saavedra (PS), David Sandoval (UDI) y el exsenador Álvaro Elizalde (PS)— y fue aprobado en términos generales por la Sala del Senado en agosto de 2025. La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura concluyó el análisis en particular e incorporó enmiendas que establecen criterios de proporcionalidad, plazos acotados, mayor transparencia y resguardos para actividades preexistentes como la pesca artesanal y la acuicultura. El texto aprobado por la Comisión establece que la asignación de espacios costeros a pueblos originarios no puede impedir otros usos legalmente autorizados al momento del otorgamiento, y que los procedimientos deberán incorporar planes de administración que armonicen los distintos usos del borde costero.
El senador Fidel Espinoza, uno de los autores de la moción, fue enfático en que el objetivo no es derogar la ley sino perfeccionarla: «Las modificaciones no son contra los pueblos originarios, son para entregarles más derechos, por ejemplo, a la pesca artesanal». En la misma línea, en declaraciones previas al diálogo del miércoles, Espinoza señaló que no permitirán la derogación de la ley, pero valora que el Gobierno presente en Puerto Montt sus indicaciones y se muestra disponible para introducir cambios que eviten un mal uso de la norma y posibles irregularidades en la compra de terrenos para desafectar zonas costeras. El senador Carlos Kuschel (RN) destacó por su parte los avances en materia de previsibilidad, plazos y quórum que el texto aprobado en Comisión ya incorpora.
Desde las comunidades mapuche-lafkenche, en cambio, la posición es de rechazo a cualquier modificación que considere no haber sido sometida a Consulta Indígena. Voces lafkenche han advertido que la ley nació del esfuerzo de las comunidades y no permitirán que sea desmantelada, mientras señalan que en la reciente reforma de la Ley de Pesca también se excluyó a los pueblos originarios del acceso a cuotas de pesca. Para ellos, el diálogo del miércoles en Puerto Montt llega tarde y en un escenario de desconfianza acumulada.
