El ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, se convirtió este viernes en el protagonista involuntario de la mayor polémica política de la semana. No por un discurso ni por una entrevista, sino por un oficio interno que se filtró y reveló la magnitud del ajuste fiscal que el Ejecutivo tiene en mente para el Presupuesto 2027.
El documento, fechado el 21 de abril y distribuido a todos los ministerios, propone descontinuar 142 programas distribuidos en 22 carteras, con un costo anual conjunto que alcanza los $5,4 billones de pesos. Además, plantea rebajas de hasta un 15% en decenas de otros programas que sí se mantienen. Todo enmarcado bajo una lógica que el propio Quiroz define como «cambio de paradigma» en la gestión del gasto público.
Lo que nadie esperaba es que entre los programas en la mira estuviera uno de los pilares más concretos y cotidianos del Estado chileno: la alimentación de los niños en los colegios.
250 mil raciones en juego en Los Lagos
Para la Región de Los Lagos, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB no es un beneficio abstracto. Es un sistema logístico de alta precisión que opera cada día de clases desde San Pablo hasta Palena.
Durante 2025, la región proyectó la entrega de más de 258 mil raciones diarias, de las cuales 233 mil corresponden al PAE entregado en 858 establecimientos educacionales, en beneficio de 115.939 estudiantes, con una inversión anual total de $77 mil millones de pesos.
En 2026, el PAE cubre a 113.033 estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados, con más de 250 mil raciones diarias y una inversión anual que supera los $73 mil millones.
El programa entrega desayunos, almuerzos, onces, colaciones y cenas a estudiantes en condiciones de desventaja social, económica, psicológica o biológica, desde pre-básica hasta educación de adultos. En comunas rurales e insulares de la región —Cochamó, Hualaihué, Quinchao, Chaitén— donde las familias enfrentan mayores índices de vulnerabilidad y peor conectividad, el PAE no es un complemento: es la única comida completa del día para cientos de escolares.
El oficio que encendió la mecha
En el listado de programas propuestos para descontinuar figuran nombres de alto impacto ciudadano: el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la Beca Vocación de Profesor, el sistema de inducción y mentoría docente, programas de lectura y escritura, reinserción escolar y el PACE.
Pero fue el PAE el que concentró la reacción más inmediata. Su caso es particularmente delicado porque no solo financia la alimentación de estudiantes vulnerables, sino que también se activa en emergencias: en coordinación con Senapred, ha entregado decenas de miles de raciones durante incendios forestales. Para el sur lluvioso, esa función de red de seguridad tiene un valor que no aparece en ninguna planilla de eficiencia fiscal.
Más allá de educación, el listado incluye también programas de salud mental en atención primaria, prevención del suicidio, hospitalización domiciliaria y el programa de seguridad «Calles sin Violencia». Y en salud, Hacienda apunta a descontinuar 25 programas, entre ellos el acceso a atención para personas migrantes, Elige Vida Sana, el Plan Nacional de Demencia y el Programa Odontológico Integral.
La clase política reacciona
El efecto fue inmediato. La oposición reaccionó en bloque: bancadas del Frente Amplio, PS y PC ingresaron un oficio para citar a Quiroz a una sesión especial en la Cámara junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado, exigiendo explicaciones sobre lineamientos que podrían afectar programas clave de protección social.
El Colegio de Profesores calificó la propuesta como «impresentable». Su presidente, Mario Aguilar, advirtió que la eventual supresión del PAE significaría que «muchos niños, niñas y adolescentes perderían su única alimentación más completa del día».
La presión llegó incluso al interior del oficialismo. Desde Chile Vamos surgieron señales de alerta sobre el diseño político del ajuste y la forma en que fue comunicado, dejando expuesto a Quiroz en un frente que el gobierno no anticipaba abrir.
Quiroz en modo control de daños
Ante la magnitud de la crisis comunicacional, el ministro debió actuar rápido. A través de un comunicado, Quiroz enfatizó que los documentos corresponden a una etapa inicial del proceso presupuestario y no constituyen decisiones definitivas: «La comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto», sostuvo.
Fue más directo aún respecto al programa que más revuelo generó. El ministro fue enfático: «No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada».
Sin embargo, la inclusión del PAE en la lista de programas a descontinuar mantiene la alerta en las comunidades educativas, ya que cualquier modificación definitiva deberá ser discutida y votada en el Congreso durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027. Las palabras de un ministro en una rueda de prensa tienen menos peso jurídico que un oficio firmado enviado a todos los ministerios del país.
Un paradigma que llega al sur — y que alguien tiene que pagar
Lo que el oficio de Quiroz instala, más allá del escándalo político del fin de semana, es una lógica estructural que tiene un contexto que el gobierno prefiere no mencionar en el mismo titular.
El proyecto de reactivación económica que Kast envió al Congreso propone una rebaja escalonada del impuesto de Primera Categoría desde el 27% hasta el 23%. Eso significa que las grandes empresas pagarán progresivamente menos impuestos al fisco durante los próximos años.
A eso se suma otro beneficio que apunta a los propietarios de inmuebles de mayor valor. El proyecto establece una exención total de contribuciones sobre la vivienda principal para mayores de 65 años, y elimina el gravamen sobre viviendas cuya tasación fiscal supere los 70.000 dólares, lo que favorecería al 20% de los propietarios.
El costo de esas decisiones no es menor. Según el propio informe financiero del proyecto, el costo neto de las medidas tributarias alcanza su peak al cuarto año de vigencia, llegando a 0,71% del PIB, lo que equivale a unos US$ 3.215 millones anuales.
La ecuación es simple, aunque el gobierno evite presentarla así: se recauda menos por arriba y se recorta por abajo. El efecto inmediato de varias de estas medidas es una reducción de ingresos tributarios en el corto plazo, lo que abre el debate sobre su impacto en el equilibrio fiscal. Ese hueco, según la lógica del ajuste de Quiroz, se compensa con la eliminación de programas sociales.
Para Los Lagos, una región donde la educación pública es el único sistema disponible para la mayoría de las familias y donde los índices de ruralidad y pobreza son estructuralmente superiores al promedio nacional, la discusión deja de ser abstracta. Detrás de cada uno de esos $73 mil millones anuales del PAE hay un niño en Ancud, en Futaleufú o en Purranque que llega al colegio sabiendo que, al menos, ese día va a comer.
Eso es lo que, según Quiroz, no está en riesgo. Pero el mismo ministro que firma el oficio para eliminar el PAE es quien diseña la reforma tributaria que le rebaja los impuestos a las grandes empresas. Y eso, el sur de Chile, lo tiene muy claro.
