José Antonio Kast presentó este lunes en el Palacio de La Moneda las esperadas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, una de las prioridades de su agenda laboral, en un contexto marcado por el deterioro del empleo femenino. La iniciativa, que lleva años y varios gobiernos en discusión, busca garantizar el acceso a sala cuna para los hijos e hijas de madres y padres trabajadores, eliminando a la vez una norma que el Ejecutivo considera un desincentivo a la contratación de mujeres.
La propuesta fue encabezada por el mandatario junto al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y contempla un diseño gradual que llega de forma progresiva a todos los trabajadores con hijos en edad de sala cuna, sin agregar —según el Gobierno— nuevos costos a los empleadores.
El fin del «impuesto a la contratación de mujeres»
El eje central de las indicaciones es desmantelar la obligación que hoy recae sobre las empresas con 20 o más trabajadoras de financiar el beneficio, un mecanismo contemplado en el artículo 203 del Código del Trabajo que, según la evidencia económica, encarece la contratación femenina. Rau lo describió como una distorsión de más de un siglo: cada vez que una empresa se acerca a la trabajadora número 20, enfrenta un incentivo concreto para no contratarla por el aumento de costos laborales.
Con el nuevo diseño, el Ejecutivo apunta a cerrar esa brecha y reemplazar la obligación individual de cada empresa por un fondo solidario de cobertura universal.
Cómo se financia: una nueva cotización que sale del seguro de cesantía
Para sostener el beneficio se crea un Fondo de Sala Cuna, financiado con una nueva cotización de 0,35% de la remuneración a cargo del empleador. La clave del diseño —y el punto que concentra el debate— es que esa cotización se compensa íntegramente con una reducción equivalente en el Seguro de Cesantía: 0,2 puntos menos en las cuentas individuales, que bajan de 2,4% a 2,2%, y 0,15 puntos menos en el Fondo de Cesantía Solidario, que cae de 0,8% a 0,65%.
De esta forma, el empleador no desembolsa un peso adicional y el Gobierno evita introducir lo que llamó un nuevo «impuesto al trabajo». «Diseñamos una solución que no carga a las empresas ni a los trabajadores con costos adicionales netos», afirmó Rau, quien defendió la fórmula como una reforma sostenible dentro de los márgenes fiscales actuales. El esquema fue analizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), que concluyó que no tendría impacto en los costos laborales.
A ello se suma un aporte fiscal acotado de 11.631 UTM —cercano a los 10 mil millones de pesos— durante los dos primeros años tras la publicación de la ley, además de una garantía estatal que cubrirá la diferencia en caso de que los recursos del fondo resulten insuficientes.
Una implementación gradual en cuatro años
El beneficio no llega de golpe. El primer año cubre a los hijos de trabajadoras dependientes y de quienes tienen el cuidado personal del niño; el segundo incorpora a trabajadoras independientes y de casa particular; el tercero suma a padres trabajadores cuyas parejas no tienen empleo pero buscan trabajo o estudian; y el cuarto extiende la cobertura a padres cuyas parejas no trabajan ni estudian, incluyendo a funcionarios del Gobierno Central.
Las pymes, además, quedan eximidas de la obligación de proveer sala cuna cuando no exista oferta disponible, sin copago obligatorio, uno de los puntos más sensibles para el pequeño empresariado.
Qué significa para Los Lagos y Los Ríos
Entre las claves del proyecto figura un aporte diferenciado por región: los recursos del fondo permitirán entregar montos que podrán variar según la zona geográfica, determinados cada tres años por el Ministerio de Hacienda sobre la base de un informe técnico. Ese mecanismo es especialmente relevante para regiones como Los Lagos y Los Ríos, donde los costos y la disponibilidad de salas cuna difieren de los de la capital y donde el acceso al cuidado infantil incide directamente en la posibilidad de las mujeres de incorporarse al trabajo formal.
El telón de fondo es un mercado laboral tensionado: el país acumula 40 meses consecutivos con desempleo sobre el 8%, y en el trimestre febrero-abril la desocupación femenina alcanzó un 10,5%, su peor registro desde la crisis del covid-19.
Administración, control y resguardos
El proyecto entrega la recaudación y el pago de los aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que la inversión de los recursos acumulados quedará a cargo del Servicio de Tesorerías. La fiscalización del fondo recaerá en la Superintendencia de Pensiones, y la Subsecretaría de Educación Parvularia administrará un registro público que informará en tiempo real la matrícula y los cupos disponibles en los establecimientos adscritos.
El financiamiento estará restringido a salas cuna autorizadas o reconocidas por el Estado, con el fin de elevar los estándares de seguridad y cuidado. Una comisión técnica de sustentabilidad propondrá el valor del aporte y evaluará la viabilidad financiera del fondo cada tres años, con estudios actuariales periódicos, mientras que quienes entreguen antecedentes falsos o accedan de forma indebida al beneficio deberán restituir los montos y enfrentarán sanciones.
Con las indicaciones ya ingresadas a la Comisión de Educación del Senado, el Gobierno apuesta por darle celeridad a una reforma que vincula directamente el cuidado infantil con la urgencia de revertir el desempleo femenino.
