El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, solicitó una investigación exhaustiva luego de un reportaje emitido por 24 Horas que expuso un presunto financiamiento por $500 millones desde Noruega hacia comunidades lafkenche, con el objetivo de influir en proyectos ligados a la industria salmonera nacional. La reacción de la autoridad regional apuntó a la necesidad de despejar dudas con rapidez, dadas las implicancias para el sector productivo y para la certeza jurídica en el territorio.
De acuerdo con los antecedentes abordados por el reportaje, los recursos provenientes del gobierno noruego habrían sido canalizados a través de una ONG. El objetivo, según la denuncia difundida, habría sido potenciar reclamaciones territoriales vinculadas al borde costero chileno, en un contexto donde distintos proyectos productivos dependen de autorizaciones, pronunciamientos y marcos regulatorios que involucran a varias instituciones.
Santana calificó el escenario como “extremadamente delicado” y situó el debate en un plano que, a su juicio, trasciende una controversia puntual. En sus palabras, se requiere contar con certezas jurídicas para “trabajar correctamente”, especialmente cuando lo que está en juego es la regulación de una actividad productiva de alto impacto regional.
En esa línea, el gobernador subrayó un elemento geopolítico-económico: Noruega es el principal competidor global de Chile en la exportación de salmón. Por lo mismo, sostuvo que cualquier indicio de intervención externa sobre procesos que inciden en el desarrollo de la industria debe ser aclarado con un estándar alto, para proteger la institucionalidad y la transparencia.
“Que se investigue a fondo”
“Lo que espero es que se pueda investigar a fondo”, afirmó el gobernador regional Alejandro Santana, al referirse a los antecedentes difundidos. La autoridad intentó poner el énfasis en el camino institucional: esclarecer el origen, los mecanismos y los eventuales objetivos de los recursos mencionados, y determinar si existieron acciones destinadas a influir en decisiones regulatorias o en conflictos asociados al uso del borde costero.
Santana añadió que, desde su perspectiva, es imperativo evitar que entes externos al Estado intervengan en la regulación de una actividad que ha sido “motor de desarrollo hace 50 años”. Con ello, enlazó el debate con el peso que tiene la salmonicultura en el sur austral, particularmente en la Región de Los Lagos, donde la cadena productiva sostiene una parte relevante del empleo y de la actividad económica.
Al mismo tiempo, el gobernador recalcó que su postura no busca ser interpretada como un ataque hacia las comunidades locales. Planteó que el foco está puesto en la necesidad de reglas claras, procesos transparentes y resguardos suficientes para que las discusiones territoriales y productivas se den bajo criterios verificables y con legitimidad pública.
Permisos, empleo y reglas claras
En su análisis, Santana abordó además la urgencia de regular lo que denominó “permisología excesiva”, con el objetivo de entregar mayor seguridad a un sector que —indicó— genera miles de empleos en la Región de Los Lagos. El planteamiento busca conectar el debate de fondo con un problema cotidiano para iniciativas productivas: la acumulación de trámites, la extensión de plazos y la incertidumbre que enfrentan proyectos que dependen de autorizaciones múltiples.
Finalmente, la autoridad instó a cerrar brechas legales que, a su juicio, permitirían este tipo de intervenciones. Enmarcó su llamado en la necesidad de resguardar el Estado de derecho y asegurar que el desarrollo productivo marino se mantenga bajo soberanía y regulación del Estado de Chile, con estándares que entreguen confianza tanto a las comunidades como a los actores productivos.
En adelante, el debate queda instalado en dos planos: por un lado, el esclarecimiento de los antecedentes sobre el presunto flujo de recursos y su eventual uso; y por otro, la discusión sobre cómo fortalecer la institucionalidad para que los procesos en el borde costero se resuelvan con transparencia, certezas jurídicas y reglas que reduzcan espacios de captura o influencia indebida.
