Nuevos antecedentes salieron a la luz en la investigación que sacude a Gendarmería de Chile en Puerto Montt, donde un grupo de funcionarios —hoy imputados— es acusado de participar en una red de corrupción al interior del Complejo Penitenciario Alto Bonito. La causa, liderada por el Ministerio Público y expuesta en un reportaje de investigación, detalla un modus operandi reiterado y sistemático que incluyó transferencias electrónicas, uso indebido de dependencias internas y comercio informal de alimentos.
Según la investigación, los funcionarios habrían recibido pagos a través de la aplicación MACH, mecanismo utilizado por internos o terceros para cancelar favores ilícitos. Entre estos se incluían el ingreso de celulares, facilitación de drogas y la permisividad para mantener relaciones sexuales dentro del recinto, utilizando incluso baños del penal como improvisados moteles, vulnerando de forma grave los protocolos de seguridad.
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la venta de sushi y otros alimentos preparados, los que ingresaban de manera irregular al penal y eran comercializados entre los internos, generando un circuito económico informal al margen de toda fiscalización. Estas prácticas, de acuerdo con la Fiscalía, no solo implican delitos de cohecho y soborno, sino que también fortalecen dinámicas de poder y control al interior de la cárcel.
Las diligencias investigativas —desarrolladas durante cerca de dos años— incluyeron análisis de transacciones bancarias, peritajes a teléfonos celulares, seguimientos y declaraciones, permitiendo reconstruir cómo operaba la red y el rol específico de cada imputado. Parte de los antecedentes fueron expuestos en audiencias de formalización, donde el tribunal decretó prisión preventiva para varios de los exfuncionarios, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad penitenciaria.
Desde el Ministerio Público se ha recalcado que este caso evidencia la existencia de estructuras criminales que buscan instalarse dentro de recintos penitenciarios, aprovechando la corrupción de funcionarios para facilitar delitos que incluso se proyectaban hacia el exterior, como estafas telefónicas coordinadas desde el interior del penal.
El caso ha generado un fuerte impacto institucional y ciudadano, reabriendo el debate sobre los mecanismos de control interno en Gendarmería, la supervisión del personal y la necesidad de reforzar las medidas de probidad y persecución penal frente al crimen organizado.
La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas formalizaciones ni la ampliación de cargos, mientras la Fiscalía avanza en desentrañar la totalidad de la red y sus eventuales vínculos externos.
