Un fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, bajo la causa RIT O-84-2025, condenó a la Municipalidad de Purranque a pagar cerca de $90 millones por indemnizaciones y cotizaciones previsionales, al acreditarse una relación laboral subordinada y encubierta con un funcionario a honorarios. La sentencia desestima la figura de exclusividad de confianza alegada por el municipio para desvincular al trabajador. Este aspecto resultó determinante para la resolución judicial y para exigir el pago correspondiente por obligaciones previsionales y de indemnización.
El tribunal dio por probado que existió una relación laboral encubierta, a pesar de la denominación de contrato a honorarios. Este hallazgo es central para entender el monto y la naturaleza de las obligaciones que la municipalidad debe cubrir ante el trabajador afectado. Las distintas partidas que componen la condena incluyen indemnizaciones y cotizaciones previsionales, conforme a lo establecido por la normativa laboral vigente.
En reacción a la sentencia, el concejal Gustavo Barría Montiel expresó su preocupación por las implicancias financieras para el presupuesto municipal. Según su lectura, el pago deberá cubrirse con fondos del Fondo Común Municipal, lo que implicaría realizar modificaciones presupuestarias y podría afectar la capacidad de respuesta social de la comuna. Estimó que el importe equivale a la asistencia social promedio para entre 300 y 400 familias, afectando la entrega de insumos críticos como vales de gas, canastas de alimentos y pañales, cuya distribución ya habría tenido interrupciones en meses recientes.
En el plano administrativo, Barría anunció la apertura de investigaciones internas y sumarios para determinar las responsabilidades de directivos y jurídicos que visaron las desvinculaciones. El concejal subrayó que este caso no sería aislado y mencionó otros antecedentes de personal de planta y de Alta Dirección Pública cuyas salidas han generado conflictos y costos para el patrimonio de la comuna.
La autoridad comunal enfatizó que la decisión judicial refleja una falta de prioridad y una posible negligencia en la administración del erario público, señalando que las decisiones sin resguardo jurídico generan detrimento patrimonial y repercuten en los vecinos que dependen de la red de apoyo municipal.
