El Gobierno de José Antonio Kast retiró desde la Contraloría General de la República (CGR) el Decreto N°10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que proponía cambios al reglamento de la Ley Karin, decisión que reabrió el debate político sobre cómo se investigarán denuncias de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo en Chile, con efectos directos en empleadores y trabajadores también en la Región de Los Lagos.
El decreto había sido ingresado a pocos días del cambio de mando y buscaba ajustar procedimientos de investigación a partir de la experiencia recogida durante el primer año de implementación de la normativa. El retiro desde Contraloría, en la práctica, frena su avance para una revisión por parte del Ejecutivo.
La medida generó críticas desde la oposición. La diputada Ana María Gazmuri apuntó a través de redes sociales contra el retiro del texto, afirmando: “El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable”.
Desde la administración del expresidente Gabriel Boric, en tanto, defendieron la propuesta retirada. Plantearon que los cambios se levantaron tras un proceso de monitoreo que detectó un alto volumen de denuncias, situación que habría tensionado los procedimientos institucionales encargados de tramitar e investigar estos casos.
Qué buscaba cambiar el Decreto N°10 sobre la Ley Karin
De acuerdo con lo señalado por personeros del gobierno anterior, el objetivo del decreto era perfeccionar mecanismos y procedimientos sin alterar el corazón de la Ley Karin, manteniendo resguardos considerados centrales para su aplicación: la perspectiva de género y la no revictimización.
En esa línea, la ex jefa de asesores del Ministerio del Trabajo, Ximena Valencia, sostuvo que “el objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización”.
La administración del expresidente Gabriel Boric también explicó que el decreto no fue informado durante el proceso de traspaso de mando, porque se encontraba en etapa de tramitación y, por lo mismo, no constituía un acto administrativo finalizado.
Respuesta del Ejecutivo: “la ley sigue plenamente vigente”
Frente a la ofensiva política por el retiro del documento, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, descartó que se trate de un retroceso en la Ley Karin y defendió el retiro desde Contraloría como un paso para revisar un texto ingresado al cierre del gobierno anterior.
El subsecretario afirmó: “Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas”.
Rosende agregó que el proceso considerará participación de distintos actores vinculados al mundo del trabajo. “Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes”, indicó.
En paralelo, desde el gobierno anterior advirtieron que el riesgo del retiro del decreto es que “eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes. Cualquier ajuste debe hacerse resguardando esos estándares”.
Finalmente, desde el Gobierno reafirmaron su compromiso con avanzar en una nueva propuesta reglamentaria para fortalecer la implementación de la Ley Karin, manteniendo la protección de las personas y el cumplimiento efectivo de sus principios, tras el retiro del Decreto N°10 desde la Contraloría General de la República.
