Un caso de una gravedad inusual sacude al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Osorno: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó querella criminal contra Carla Hellwig Enriotti, exfuncionaria de la institución, acusada de haber utilizado el acceso privilegiado a los sistemas del servicio para montar un esquema de cobro fraudulento de subsidios fiscales, valiéndose de los datos de un adulto mayor de 83 años que nunca supo que su identidad estaba siendo utilizada.
Cómo funcionó el presunto fraude
Según consigna la acción judicial presentada por el CDE y reportada por el medio de investigación FastCheck, Hellwig habría aprovechado su rol dentro del Serviu y las credenciales de acceso que se le asignaron para ingresar al sistema institucional y elaborar un contrato de arriendo ficticio: el documento posicionaba al adulto mayor como arrendatario de una vivienda que, según la querella, nunca llegó a ocupar. Como contraparte del contrato —en el rol de arrendadora— figuraba la propia funcionaria.
Con ese documento montado en el sistema, el subsidio fiscal destinado a cubrir el pago mensual de arriendo del beneficiario adulto mayor comenzó a operar. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 se generaron seis transferencias por un total de $2.784.362, correspondientes al Subsidio de Arriendo para el Adulto Mayor, fondos que habrían sido depositados en la cuenta bancaria de la querellada.
Un detalle que no pasa inadvertido en la cronología del caso: según Transparencia Activa del organismo, Hellwig presentó su renuncia voluntaria al Serviu a contar del 1 de septiembre de 2023, fecha que coincide exactamente con el inicio de los pagos del subsidio a su cuenta.
El adulto mayor que descubrió sin saberlo el fraude
La irregularidad fue detectada cuando una funcionaria municipal advirtió que el beneficiario intentaba reactivar su subsidio en la comuna de San Pablo. Sin embargo, el sistema indicaba que el beneficio ya estaba siendo aplicado en Puerto Montt, en una propiedad de Carla Hellwig Enriotti.
En otras palabras: el adulto mayor de 83 años, beneficiario legítimo del programa, no tenía acceso a su propio subsidio porque este estaba siendo cobrado por otra persona en una vivienda que él nunca pisó, en una ciudad distinta a la suya. Fue su intento de reactivarlo el que destapó todo.
Tras confirmarse la irregularidad, el Serviu puso término al contrato de arriendo y suspendió los pagos a la querellada.
El Serviu reconoció el caso y reforzó controles
Desde el Serviu de Los Lagos —organismo del que depende la dependencia de Osorno— indicaron que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y que fue el propio servicio el que presentó la denuncia original, lo que derivó en la querella del CDE.
La institución agregó haber fortalecido de manera inmediata los procesos de fiscalización asociados a la asignación de subsidios habitacionales del Minvu, con el objetivo de resguardar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Un programa vulnerable por diseño
El caso de Osorno no es un episodio aislado en el sistema de subsidios habitacionales. En enero de 2026, la Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de falencias en la entrega del Subsidio de Arriendo durante 2023 y 2024, incluyendo casos en que los ocupantes de las viviendas no correspondían a los beneficiarios registrados. El patrón revela que el programa de arriendo —especialmente el llamado especial para personas mayores y en situación de discapacidad— presenta brechas de control que permiten manipulaciones desde dentro del sistema.
El caso de Hellwig está ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar los cargos formales y el curso de la investigación penal.
