La seguridad fue el eje que llevó a José Antonio Kast a La Moneda. Con el 58,16% de los votos en la segunda vuelta de diciembre de 2025, el presidente republicano llegó al poder con un mandato ciudadano explícito: terminar con el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que, según su propio diagnóstico de campaña, tenía a Chile funcionando «al revés». Lo que las cifras muestran 50 días después es una historia más compleja: Kast asumió sobre una tendencia a la baja que le dejó el gobierno anterior, y sus primeras semanas coincidieron con un alza en los indicadores más críticos y con decisiones presupuestarias que contradicen el discurso de emergencia con el que ganó la elección.
Lo que Boric dejó en la mesa
El balance del delito en Chile correspondiente al año 2025, elaborado por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) y publicado por el Ministerio de Seguridad Pública el 18 de febrero de 2026 —tres semanas antes de que Kast asumiera—, registró bajas en prácticamente todas las categorías delictuales. Los homicidios cayeron un 4,1% respecto de 2024, acumulando así el tercer año consecutivo a la baja tras el peak histórico de 2022. Los robos violentos disminuyeron un 9,8%, con una tasa que pasó de 600,1 a 541,5 casos por cada 100 mil habitantes. El robo de vehículos motorizados se redujo un 22,2%, equivalente a 2.293 casos menos. Los robos con violencia o intimidación cayeron un 12%. A nivel de homicidios consumados, el informe oficial registró 1.091 víctimas en 2025, una reducción del 11,5% en la tasa nacional, llegando a niveles previos a la pandemia.
Ese es el escenario que Kast recibió el 11 de marzo de 2026: una tendencia estadística favorable, construida durante tres años de gobierno anterior con incrementos sostenidos en los presupuestos de seguridad y con los equipos ECOH (Crimen Organizado y Homicidios) de la Fiscalía operando sobre terreno. No es un detalle menor: el propio Ministerio de Seguridad del gobierno de Boric, bajo el ministro Luis Cordero, fue quien montó la institucionalidad que produjo esa baja.
Las primeras semanas y los datos que no cuadran
A 27 días del cambio de mando, los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público entregaron al diario El País las cifras del período inicial del nuevo gobierno. Entre el 11 de marzo y el 6 de abril de 2026 se registraron 26 homicidios vinculados al crimen organizado —consumados y frustrados—, frente a 19 en el mismo período del año anterior bajo la administración de Gabriel Boric. El incremento es de un 36,8%.
La cifra generó de inmediato un debate sobre metodologías. Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, la subsecretaria Ana Victoria Quintana respondió con datos propios, sosteniendo que entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026 hubo 247 víctimas de homicidio a nivel nacional, un 14,2% menos que en el mismo período del año anterior, y que desde el 11 de marzo la cifra de 63 homicidios está «por debajo del promedio histórico». El director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, aclaró que ambas mediciones son válidas pero miden cosas distintas: las cifras de la Fiscalía reflejan reacciones en tiempo real, mientras que las tasas consolidadas de la SPD comparan períodos completos y son más estables estadísticamente.
Lo que ninguna de las dos metodologías puede ocultar es la tendencia de fondo: los homicidios vinculados específicamente al crimen organizado —el fenómeno que Kast prometió «declarar en guerra»— escalaron en las primeras semanas de su gestión. Y eso ocurre mientras, en paralelo, el gobierno tomó decisiones presupuestarias que apuntan en la dirección opuesta.
Recortar lo que financiaba la baja
El 23 de marzo, apenas 12 días después de asumir, el Ministerio de Seguridad presentó ante la Comisión de Seguridad del Congreso los detalles de un recorte presupuestario del 3% impuesto por Hacienda a todas las carteras. En cifras brutas, el ajuste implica una reducción de $72.669 millones del presupuesto de seguridad. El programa más afectado es el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO), creado en 2022 para entregar recursos tecnológicos y operativos a Carabineros y la PDI: el recorte propuesto equivale a $33.271 millones, un 64% del total que ese programa destina a las policías.
La decisión generó críticas transversales en la comisión parlamentaria, incluyendo voces del propio oficialismo, que acusaron «falta de consecuencia» en un gobierno que llegó con el discurso de la emergencia de seguridad. El senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, fue más directo: denunció una «sequía legislativa» en la materia y cuestionó que la agenda de seguridad haya tenido que ser suplida por mociones de los propios parlamentarios, no por iniciativas del Ejecutivo.
A fines de abril, el escenario se complejizó con la filtración de una circular interna de Hacienda. El ministerio liderado por Jorge Quiroz envió una comunicación a todos los ministerios para orientar la elaboración del presupuesto 2027, en la que recomendó —sin que sea aún una decisión formal— descontinuar el PNCO, el Plan Calles Sin Violencia y el Sistema Nacional de Seguridad Municipal. El propio ministro Quiroz aclaró que se trata de orientaciones técnicas en el marco del ajuste fiscal, no de resoluciones definitivas. Sin embargo, según el análisis de CIPER Chile publicado el 30 de abril de 2026, que estas tres iniciativas aparezcan en el paquete de recortes de Hacienda resulta difícil de conciliar con las promesas de campaña del presidente: «reducir drásticamente los homicidios», «no más calles tomadas por bandas» y «poner a disposición de los municipios los apoyos policiales para desalojar espacios públicos tomados por el comercio ilegal». Que el gobierno haya dejado abierta esa puerta es, en sí mismo, una señal sobre las prioridades reales del ajuste.
La legislación propia que no llega
En lo legislativo, el gobierno presentó con urgencia un paquete de 20 proyectos de ley el 16 de marzo, cinco días después de asumir. De ese total, tres llevaban «discusión inmediata»: la tipificación del ingreso clandestino como delito, la incorporación de Gendarmería a las fuerzas de seguridad, y la creación de un Subsistema de Inteligencia Económica contra el crimen organizado. Las otras 17 iniciativas tenían suma urgencia o urgencia simple.
Sin embargo, una revisión de ese paquete muestra que la mayor parte corresponde a mociones parlamentarias preexistentes o a proyectos que el gobierno de Boric dejó ingresados. La primera ley promulgada por Kast —el traslado de Gendarmería al Ministerio de Seguridad— fue redactada, tramitada y negociada en su totalidad por la administración anterior. La Moneda la adoptó como primer hito de su agenda, aunque sus propios ministros participaron únicamente en la votación final. El senador Bianchi apuntó específicamente a esto: de los 35 proyectos que conforman la virtual agenda de seguridad del gobierno, solo 5 son mensajes presidenciales originales del Ejecutivo de Kast. Los 30 restantes son iniciativas patrocinadas o heredadas.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha enfrentado en sus primeras semanas más preguntas sobre recortes presupuestarios que sobre estrategias operativas contra el crimen organizado. El Plan Implacable —la propuesta que Kast describió en campaña como «una declaración de guerra, no un listado de buenas intenciones»— no ha tenido traducción institucional específica en el primer mes y medio de gobierno.
El contraste que los números instalan
El escenario que emerge del análisis de fuentes oficiales no es el de un gobierno que fracasó en sus primeras semanas: 50 días es un plazo demasiado acotado para evaluar políticas de seguridad de mediano plazo. Pero sí es el de un gobierno que llegó al poder construyendo su legitimidad sobre una crisis de seguridad que su predecesor ya había comenzado a revertir, y que en sus primeras decisiones presupuestarias optó por recortar exactamente los programas que sostenían esa reversión.
La paradoja es técnica pero elocuente: mientras Kast prometía en campaña duplicar la capacidad del Estado para perseguir el crimen organizado, los primeros oficios de su Ministerio de Hacienda recomendaban eliminar el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, el Plan Calles Sin Violencia y el Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Y mientras los homicidios vinculados al crimen organizado subían un 36,8% en el primer mes, según la Fiscalía, la ministra de Seguridad debía responder ante el Congreso por qué se recortaba en un 64% el presupuesto policial del único programa estatal diseñado específicamente para combatirlos.
El Plan Implacable fue, durante la campaña, la promesa más concreta de Kast en materia de seguridad: cárceles de máxima seguridad, fuerza de tarea conjunta para recuperar territorios, aislamiento total de líderes del narco, fin de los narcofunerales. A más de un mes y medio de gobierno, ninguna de esas medidas tiene una fecha de implementación anunciada, un presupuesto asignado específico, ni un operativo ejecutado en terreno. Lo que sí tiene es un recorte.
