Los hospitales públicos del sur de Chile enfrentan los recortes presupuestarios más profundos de los últimos años. El decreto 333, firmado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz e ingresado a la Contraloría General de la República el 24 de abril, establece una reducción total de $413.193 millones al presupuesto del Ministerio de Salud para el ejercicio 2026, equivalente al 2,4% del financiamiento aprobado en la Ley de Presupuestos para la cartera, que asciende a $17,25 billones. Los principales recintos hospitalarios de las regiones de Los Lagos y Los Ríos están entre los más golpeados a nivel nacional.
Los números por hospital en el sur
El Hospital Regional de Puerto Montt es el más afectado de la zona, con una rebaja de $1.970 millones. El Hospital Base San José de Osorno pierde $1.158 millones. Y el Hospital Base Valdivia, principal recinto de la región de Los Ríos y referencia para toda la macrozona sur, enfrenta un recorte cercano a los $2.000 millones, ubicándose entre los hospitales con mayores rebajas a nivel nacional junto a los recintos regionales de Chillán y Antofagasta. En conjunto, los tres hospitales de referencia de ambas regiones pierden más de $5.000 millones en su presupuesto de operación anual.
El impacto no se limita a los hospitales base. El decreto también afecta a la red de establecimientos dependientes de los Servicios de Salud del Chiloé, Reloncaví y Los Lagos —que agrupan recintos en Castro, Ancud, Calbuco, Puerto Varas y otras comunas de la región— así como a los establecimientos vinculados al Servicio de Salud Valdivia en la región de Los Ríos.
El recorte más profundo cae sobre la red hospitalaria
A nivel nacional, el mayor impacto recae sobre la Subsecretaría de Redes Asistenciales, organismo encargado de financiar la red hospitalaria pública, que verá reducidos sus fondos en $147.715 millones, lo que representa el 11% de sus recursos originales. Aunque al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se le aplicó una rebaja nominalmente mayor —$259.512 millones—, esta equivale solo al 1,7% de su presupuesto total, lo que hace que el golpe porcentual sobre la operación hospitalaria directa sea notoriamente más severo que sobre el asegurador público.
Además de los hospitales, el decreto contempla rebajas para el Instituto de Salud Pública, la Superintendencia de Salud y la Subsecretaría de Salud Pública.
El Gobierno asegura que la atención no se verá afectada
La ministra de Salud, May Chomalí, ha insistido en que el ajuste se concentrará en mejoras de eficiencia administrativa y servicios generales, y que ningún programa de atención vigente en 2026 será eliminado. «No se está tocando ningún programa este 2026», aseguró la ministra, añadiendo que el impacto en el gasto total del sistema sería acotado y que se revisarán procesos internos buscando eficiencias proyectadas al período 2027-2030.
Sin embargo, desde los gremios de salud la lectura es diferente. La FENATS y otros sindicatos hospitalarios han advertido que los recintos de regiones como Los Lagos y Los Ríos operan históricamente con presupuestos por debajo de sus necesidades reales, y que cualquier reducción adicional se traduce inevitablemente en deterioro de la operación: menor disponibilidad de insumos, dificultad para cubrir turnos y presión sobre las listas de espera que ya registran cifras críticas en ambas regiones. Exautoridades del sector han señalado que en 2025 fue necesario inyectar un billón de pesos adicionales para sostener la operación de la red asistencial, por lo que recortar $430 mil millones parece difícilmente compatible con mantener el nivel de prestaciones sin afectar la atención.
El decreto 333 se encuentra actualmente en trámite en la Contraloría General para su toma de razón y posterior implementación oficial. Una vez que el organismo fiscalizador resuelva, las rebajas comenzarán a aplicarse en la ejecución presupuestaria de los servicios de salud afectados.
