Una investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) expuso esta semana la arquitectura financiera más sofisticada detectada hasta ahora en Chile vinculada al Tren de Aragua: la denominada «Operación Tokio» resultó en la detención de 19 personas acusadas de haber blanqueado cerca de $78 mil millones —alrededor de 85 millones de dólares— utilizando criptomonedas, cuentas en al menos seis bancos y sociedades fachada creadas para disimular el origen de los fondos.
El fiscal regional Héctor Barros calificó el caso como uno de los mayores lavados de activos vinculados al crimen organizado en la historia del país. «Esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio», señaló el persecutor.
Cómo operaba el circuito financiero
La investigación reconstruyó una estructura de varios niveles. Los fondos provenían principalmente de dos fuentes: extorsiones a dueños de locales nocturnos en Chile —a quienes obligaban a ceder el control de sus establecimientos para organizar fiestas donde la banda dominaba la venta de entradas, drogas y música— y explotación sexual en Perú. El dinero ingresaba al sistema formal mediante «cuentas puente» abiertas en distintos bancos, entre ellos Santander, BCI, BancoEstado, Falabella, Scotiabank y Banco de Chile.
Desde esas cuentas, los fondos transitaban hacia dos sociedades intermediarias —BexDigital Services SpA y Servicios Digitales BexGroup SpA—, formalmente dedicadas a servicios digitales pero con transferencias millonarias muy superiores a sus ingresos declarados ante el Servicio de Impuestos Internos. El paso final era la conversión a criptomonedas para sacar el dinero del país, con destino confirmado a Colombia, donde una parte habría llegado a Carlos «El Bobby» Gómez, uno de los líderes de la organización actualmente recluido en ese país.
El ejecutivo bancario en el centro de la trama
La pieza más llamativa del operativo fue la detención de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años que llevaba casi siete años trabajando como ejecutivo del Banco Santander. Según la Fiscalía, Pérez Asencio no utilizó los sistemas corporativos de la entidad, sino que abría cuentas corrientes personales en múltiples bancos para canalizar los flujos ilícitos. La investigación lo ubica operando este rol entre 2022 y 2025.
La Asociación de Bancos (Abif) informó que algunas instituciones habían reportado movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) hace al menos dos años, lo que habría contribuido a la investigación. El Banco Santander colaboró con las diligencias y las autoridades aclararon que las operaciones ilícitas no pasaron por la infraestructura corporativa del banco.
El origen del caso: un celular en una fiesta de Lampa
La investigación no comenzó por una pesquisa financiera, sino a partir de un teléfono celular encontrado durante las diligencias por un quíntuple homicidio ocurrido el 16 de junio de 2024 en una fiesta en Lampa. Ese dispositivo abrió el hilo que llevó a reconstruir toda la estructura financiera de la célula durante casi dos años de trabajo de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado (BRICO).
Un esquema que el Tren de Aragua perfeccionó en Perú
El caso chileno no surgió en el vacío. Según antecedentes conocidos por BioBioChile, la organización ya aplicaba desde finales de 2023 esquemas similares en Perú, a través de la facción conocida como la Dinastía Alayón, vinculada a la explotación sexual. En septiembre de 2025, fiscales peruanos detectaron otra operación en la que fondos lavados fueron enviados a Venezuela y Colombia antes de retornar a Perú mediante empresas fachada, dificultando su rastreo. Las criptomonedas, que el Tren de Aragua habría comenzado a utilizar desde al menos 2022 según fiscales chilenos, son hoy el eje central de su circuito de blanqueo a escala regional.
