La Universidad Austral de Chile (UACh) informó que finalizó en primera instancia los procedimientos disciplinarios internos iniciados tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, el pasado 8 de abril en el campus Isla Teja, en Valdivia, Región de Los Ríos. La casa de estudios señaló que las resoluciones ya fueron notificadas a las personas involucradas y que existe un plazo de cinco días para presentar recursos de apelación.
En una declaración pública difundida por su Dirección de Comunicaciones, la UACh sostuvo que el proceso se desarrolló bajo su normativa y con resguardo del debido proceso. “En todo momento, la Institución ha aplicado estrictamente su normativa interna y respetado el debido proceso, sujetándose a las figuras y sanciones contempladas en sus reglamentos y los plazos de investigación previstos, así como respetando el derecho a presentar descargos y pruebas por parte de las personas involucradas”, indicó la universidad.
La institución precisó que, una vez que transcurra el plazo para apelar o se resuelvan los recursos que eventualmente se presenten, se dará a conocer públicamente el resultado del sumario interno. Con ello, subrayó que el procedimiento disciplinario no está cerrado de forma definitiva, ya que las sanciones notificadas en esta etapa pueden ser revisadas por la autoridad universitaria correspondiente.
De acuerdo con antecedentes entregados por fuentes cercanas a los involucrados, las medidas aplicadas en primera instancia en este proceso por agresión a ministra Lincolao contemplarían suspensiones de tres semestres para uno de los estudiantes investigados, dos semestres para otro y un semestre para los dos restantes. Las mismas versiones señalaron que los afectados presentarían apelaciones ante la Vicerrectoría Académica dentro del plazo establecido.
Plazo de apelación y resolución aún abierta
La UACh explicó que el mecanismo de revisión se ejerce mediante recursos de apelación ante la Vicerrectoría Académica, instancia que debe pronunciarse en función de los antecedentes, los descargos y las pruebas reunidas durante la investigación. Por esa razón, las sanciones comunicadas a los implicados corresponden a un primer nivel de decisión y podrían cambiar antes de la determinación final.
Según los antecedentes conocidos, de confirmarse las suspensiones mencionadas, el caso podría convertirse en un precedente al interior de la institución, al tratarse de sanciones consideradas altas conforme al reglamento aplicado. En todo caso, la universidad evitó referirse a sanciones específicas mientras el procedimiento permanezca en una etapa sujeta a recursos.
La agresión que dio origen a la investigación interna ocurrió durante la inauguración del año académico en el campus Isla Teja. En esa jornada, un grupo de manifestantes irrumpió en una actividad oficial, impidiendo que la ministra pudiera abandonar el recinto durante más de dos horas. Cuando intentó retirarse, fue objeto de empujones, insultos y lanzamiento de agua y otros objetos, según los antecedentes del caso.
Causa penal avanza en paralelo en la Fiscalía de Los Ríos
En paralelo a la investigación administrativa universitaria en Valdivia, la arista penal es llevada por el Ministerio Público en la Región de Los Ríos. En esa causa, tres estudiantes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad.
Como parte de las medidas cautelares, se decretó arraigo nacional, firma periódica y prohibición de acercarse a la víctima. Esas cautelares fueron ratificadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia el 27 de abril, manteniéndose vigentes mientras continúa la investigación penal.
De esta forma, el caso se desarrolla por dos vías: una disciplinaria, bajo los reglamentos internos de la UACh, y otra judicial, con persecución penal a cargo de la Fiscalía de Los Ríos. La definición final del procedimiento universitario quedará supeditada al resultado del período de apelación y a lo que resuelva la Vicerrectoría Académica, mientras la causa penal continúa su curso en tribunales.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
