Cuando en septiembre de 2023 miles de militares y policías venezolanos coparon la cárcel de Tocorón, donde permanecían los líderes del Tren de Aragua, constataron que el jefe de la organización, Héctor Guerrero Flores —conocido como «Niño Guerrero»— había instalado en el recinto nada menos que una piscina, una cancha de béisbol, un zoológico y una discoteca de lujo que sus secuaces bautizaron «Tokio». La Fiscalía Metropolitana Sur tomó ese nombre para bautizar la investigación que, durante dos años, rastreó el brazo financiero de la organización en Chile.
Cómo nació la investigación: un quíntuple homicidio y un teléfono olvidado
El caso tuvo su origen en los antecedentes recopilados tras el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa, en el contexto de un «after party» clandestino. A partir de las declaraciones de asistentes a esa fiesta, los investigadores establecieron la posible existencia de una estructura jerarquizada, con presencia en Chile y vínculos con liderazgos del Tren de Aragua en el extranjero. En la escena del hecho, la policía encontró un teléfono celular con antecedentes que sirvieron para iniciar la investigación.
Posterior al hecho, la banda se dedicó a realizar eventos en el sector de Bellavista, donde a través de amenazas y extorsiones desarrollaban fiestas en seis locales. Los dueños de los recintos eran amenazados y obligados a ceder sus espacios. El cobro de ese derecho de operación tenía un nombre propio: la «vacuna».
La estructura financiera: jefes de plaza, testaferros y un ejecutivo bancario
Según la Fiscalía, la organización operaba a través de distintos niveles: jefes de plaza, brazos operativos, testaferros, sociedades de fachada y facilitadores financieros. Entre los detenidos figura un ejecutivo bancario que habría colaborado en la apertura de cuentas y en la inserción de fondos ilícitos en el sistema financiero formal.
Ese ejecutivo tiene nombre: José Carlos Pérez Asencio, empleado de Banco Santander que paralelamente mantenía un cargo en el Banco de Venezuela desde 2012, habría aprovechado ambas posiciones para abrir cuentas en Banco Falabella y Scotiabank, introduciendo así en el sistema financiero formal dinero obtenido mediante extorsiones entre 2022 y 2025.
Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años, trabajaba como ejecutivo de recuperaciones en Santander desde 2019 y habría sido reclutado por la banda para gestionar los capitales ilícitos provenientes de extorsiones a comerciantes y productores de eventos. El fiscal regional Héctor Barros precisó que «no estamos hablando que el banco o a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar».
No es la primera vez que un ejecutivo de Santander está involucrado en delitos de lavado de activos. Este año también se conoció el rol que jugaba Johnny Gárate Jiménez, ejecutivo comercial exterior que cumplía un papel clave en la estructura del clan «Chen», que lavó $160 mil millones en Chile.
El megaoperativo del 2 de junio y los números del lavado
El pasado martes 2 de junio se ejecutó un megaoperativo simultáneo en diversas comunas de la Región Metropolitana —entre ellas Santiago, San Miguel y San Ramón— además de distintos recintos penitenciarios. El procedimiento culminó con la desarticulación de una célula del Tren de Aragua y la detención de 19 personas vinculadas a la estructura criminal.
También se realizaron diligencias en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encuentra recluido Carlos Gómez, alias «Carlos El Bobby», sindicado como uno de los principales líderes operativos del Tren de Aragua. La conexión con Colombia es clave para la investigación, ya que parte importante de los fondos detectados habría sido enviada hacia ese país.
Las cifras varían según la fuente y la fecha de la entrega informativa: según la Fiscalía, la investigación permitió detectar el movimiento de más de $78 mil millones, recursos obtenidos mediante actividades ilícitas y posteriormente enviados al extranjero utilizando plataformas de criptomonedas. El fiscal Barros cifró el total en moneda extranjera en más de US$84 millones provenientes de actividades ilícitas como extorsión, tráfico de drogas y explotación sexual.
El fiscal calificó el golpe en términos inequívocos: «Es el primer gran golpe que se le pega a lo que es el lavado activo que tiene la estructura criminal. Pero no solo por las cifras que aparecen vinculadas, sino que por la cantidad de partícipes. Yo creo que esto es una operación que debería hacer tambalear al Tren de Aragua en lo que más le complica, que es lo patrimonial y lo económico.»
La formalización de este domingo
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur inició este domingo la formalización de 17 imputados en el marco de la llamada «Operación Tokio», en una audiencia en el Centro de Justicia encabezada por el fiscal regional Héctor Barros, junto al fiscal jefe del SACFI Milibor Bugueño y el fiscal SAC Luis Barraza. Los imputados serán formalizados por delitos de asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos, dependiendo de su participación en los hechos investigados.
El secreto bancario: el debate político que nadie quería pero que el caso forzó
La Operación Tokio no sólo fue un golpe policial y judicial: fue el detonante de una de las discusiones legislativas más tensas de la semana en el Congreso.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno trabaja en una iniciativa legislativa sobre la materia, aunque descartó que el levantamiento del secreto bancario pueda realizarse por una vía meramente administrativa. «En esta materia hemos sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa», señaló el secretario de Estado.
El Senado dejó en suspenso la norma que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder, en casos excepcionales, a información bancaria protegida por secreto bancario sin autorización judicial previa. La disposición, parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, tuvo dos votaciones empatadas —23 a favor y 23 en contra en cada ocasión— y deberá repetirse la próxima semana.
Durante toda la discusión se recordó la Operación Tokio, asegurándose que «este procedimiento podría haberse realizado con mayor rapidez, si estuviera este proyecto promulgado como ley, porque de seguro hay más ejecutivos bancarios coludidos con criminales».
El senador Daniel Núñez (PC) emplazó al Gobierno a respaldar la medida, mientras que la senadora Beatriz Sánchez (FA) sostuvo que el levantamiento administrativo del secreto bancario responde a recomendaciones internacionales para combatir el crimen organizado. El senador Diego Ibáñez (FA) acusó que el Ejecutivo, a través del subsecretario de Hacienda, impulsó una votación separada que terminó provocando el doble empate, y defendió la norma argumentando que mantendría la autorización judicial como regla general y que solo operaría en casos específicos, bajo auditorías, sanciones penales y control del Congreso.
El Fiscal Nacional también intervino en el debate, insistiendo en flexibilizar el acceso a cuentas bancarias para acelerar investigaciones. Según su postura, uno de los principales obstáculos que enfrentan los fiscales en este tipo de investigaciones está relacionado con los tiempos de respuesta y la forma en que las entidades financieras entregan los antecedentes solicitados.
Las voces que se oponen: privacidad vs. eficacia
El debate tiene detractores y el más vocal de todos ha sido Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario.
A través de su cuenta en X, el excandidato presidencial escribió: «Se los voy a explicar con manzanitas. Yo no estoy dispuesto a que un militante comunista o del Frente Amplio tenga discrecional acceso a mi cuenta de banco. Punto».
Kaiser también argumentó que «no es tu obligación demostrarle al resto que no haces nada malo» y respondió a quienes dicen que quien nada hace, nada teme: «dicen los mismos genios que le ponen cortinas a la ventana del dormitorio y que le ponen clave al teléfono».
El debate de Kaiser fue más allá del eslogan. El exparlamentario recurrió a Grok, la inteligencia artificial integrada en X, para verificar si era cierto que el secreto bancario ya no existía en los países de la OCDE, cuestionando declaraciones del exdirector del SII Hernán Frigolett. La IA respondió que Frigolett no mentía completamente, pero que el secreto bancario persiste como mecanismo de protección de la privacidad: lo que cambia entre países es el nivel de acceso de las autoridades tributarias, no su desaparición formal. Al abordar el acceso irrestricto de las oficinas públicas a las cuentas bancarias, Grok señaló que este se permite bajo penas si se filtra la información a terceros.
Desde la centro-derecha, el diputado Schalper aportó un argumento técnico diferente: «Hoy día la Fiscalía tiene plena capacidad de levantar el secreto bancario, o la privacidad bancaria, cuando lo ha requerido. Yo siempre he desafiado a la oposición a que me digan una vez que la Fiscalía no le haya pedido al Poder Judicial, al juez de garantía, hacer este alzamiento y que no se lo hayan concedido».
Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, recordó que actualmente el secreto bancario ya puede levantarse con autorización judicial y afirmó que el foco también debe estar en nuevas formas de mover recursos ilícitos, como las criptomonedas.
Lo que viene: cuatro senadores ausentes y una semana decisiva
La ausencia más sorpresiva en la votación fue la del senador Miguel Ángel Calisto (independiente asociado a Evópoli), quien ese día se encontraba en el Senado y participó en todas las otras votaciones, en las que en la mayoría votó alineado con la derecha. No obstante, en esta norma no marcó su preferencia. Son cuatro senadores ausentes los que, en la próxima sesión, dirimirán el doble empate.
La Operación Tokio demostró que el crimen organizado transnacional no solo importa violencia: también importa corrupción financiera. La pregunta que queda sobre la mesa no es si el sistema bancario chileno fue permeado —eso ya ocurrió—, sino si las herramientas legales disponibles son suficientes para detectarlo antes de que US$85 millones crucen la frontera digital de las criptomonedas.
