Solo el 23,6% de las causas por delitos asociados al crimen organizado en la Región de Los Lagos terminó en una sentencia condenatoria durante la última década, una cifra que se ubica 4,2 puntos porcentuales bajo el promedio nacional. Así lo concluye el Informe de Persecución Penal del Crimen Organizado en Chile, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO-USS), que advierte sobre los desafíos del sistema para aplicar condenas en delitos de alta complejidad.
Una de las regiones con mayor crecimiento del país
El estudio, basado en registros del Ministerio Público, contabilizó 24.295 salidas por delitos asociados al crimen organizado en Los Lagos entre 2014 y 2024, equivalentes al 3,5% del total nacional de 701.307 salidas. Pese a ese peso relativo acotado, la región destaca por su dinamismo: se posiciona como la tercera del país con mayor crecimiento de salidas en la década, con una variación de 465,5%, solo por detrás de Ñuble (689,9%) y de la vecina Los Ríos (529,3%).
Los delitos más frecuentes fueron los asociados a drogas, que concentraron el 62,7% de los casos, seguidos por los de armas (23%) y los de violencia (5%). Según la investigadora del CESCRO Camila Astraín, si bien los delitos vinculados al crimen organizado han aumentado de forma significativa, no representan más del 5% del total de causas que investiga la Fiscalía. La especialista planteó que, aunque el sistema se muestra más efectivo persiguiendo este tipo de delitos que los comunes, presenta desafíos importantes en la aplicación de sentencias condenatorias.
Más de la mitad de los casos se cierra sin resolución judicial
El informe muestra que las salidas judiciales concentraron el 38,5% del total de causas en la región (9.345 casos), 7,9 puntos menos que a nivel nacional. Dentro de ese grupo, las sentencias condenatorias fueron el término más frecuente, con 5.740 casos, pero su 23,6% quedó bajo el 27,8% del promedio país. A ello se suman los sobreseimientos definitivos (2.111 casos, 8,7%) y la facultad para no investigar (539 casos, 2,2%), mecanismo que registró el mayor aumento porcentual del período, con un alza de 913%.
El dato más crítico está en las salidas no judiciales, que alcanzaron el 52,2% de los términos (12.748 casos), por sobre la cifra nacional de 41%. Entre ellas, los archivos provisionales fueron el resultado más habitual, con 11.029 casos equivalentes al 45,4% del total regional, una cifra que se multiplicó más de ocho veces en la década. Le siguen las decisiones de no perseverar (1.290 casos, 5,3%) y las declaraciones de incompetencia (354 casos, 1,5%).
Secuestro, extorsión y trata: los delitos que más se escapan de la justicia
El estudio identifica categorías con dificultades particulares para alcanzar resultados judiciales. En la dimensión de violencia asociada al crimen organizado se registraron 1.221 términos (5% del total regional), una cifra que creció 97,9% en el período. Dentro de ese grupo, los delitos de secuestro y extorsión destacan por sus altos niveles de cierre sin resolución judicial, con un 44% y un 85% de los casos respectivamente, pese a ser la segunda y tercera categoría con más términos de la dimensión.
El panorama se repite en otros delitos organizados. En el tráfico de migrantes, el 83% de las causas terminó mediante salidas no judiciales. Y el escenario más grave corresponde a la trata de personas menores de 18 años: de los seis casos registrados entre 2014 y 2024, ninguno obtuvo una salida judicial. El informe subraya que estas mayores dificultades se concentran en delitos de alta complejidad, que suelen involucrar organizaciones criminales especializadas y víctimas especialmente vulnerables.
Un trabajo regional con avances destacados
Pese a las brechas, Astraín valoró el desempeño regional y recordó que Los Lagos llegó a aplicar la primera sentencia condenatoria del país contra una de las bandas transnacionales más relevantes, el Tren de Aragua. La investigadora sostuvo que mejorar la persecución penal de estos delitos complejos requiere mayor especialización, tecnología y recursos de los distintos actores del sistema de seguridad pública.
Por su parte, Sergio Hermosilla, vicerrector de la Universidad San Sebastián sede De la Patagonia, planteó que el informe busca aportar una mirada académica para la toma de decisiones de las autoridades. Señaló que el avance y control del crimen organizado preocupa a toda la sociedad, y que el sentido del estudio es compartir información pertinente sobre los esfuerzos institucionales y los desafíos que enfrenta la región frente a este fenómeno.
Presunción de inocencia: Las cifras de este informe corresponden a datos estadísticos del sistema de persecución penal y no individualizan a personas imputadas. Toda persona involucrada en una causa penal se presume inocente mientras una sentencia firme no establezca lo contrario.
