José Antonio Kast, junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola, presentó este martes en el Palacio de La Moneda un proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y devuelve a los establecimientos la facultad de seleccionar estudiantes, una atribución que el sistema vigente había eliminado. La iniciativa, ingresada con suma urgencia a la Cámara de Diputados, busca reemplazar el actual modelo —basado principalmente en sorteos— por un esquema mixto que combine selección por criterios objetivos y asignación aleatoria, según el tipo de establecimiento y su nivel de demanda.
Cómo ingresan hoy los alumnos al sistema escolar y por qué funciona así
Para dimensionar el alcance del cambio, conviene entender el modelo que se busca modificar. El SAE nació con la Ley de Inclusión Escolar de 2015, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y entró en operación de forma gradual a partir de 2016. Su lógica de origen fue precisamente eliminar la selección: hasta entonces, numerosos colegios subvencionados escogían a sus alumnos mediante pruebas, entrevistas o antecedentes socioeconómicos, lo que —según el diagnóstico de la época— reproducía la segregación y cerraba la puerta a los estudiantes más vulnerables. Para impedir esas prácticas, el legislador trasladó la decisión desde los establecimientos hacia una plataforma única, centralizada, digital y gratuita administrada por el Ministerio de Educación.
Bajo ese esquema, las familias postulan declarando sus preferencias en orden y el sistema asigna las vacantes mediante un algoritmo que reconoce cuatro criterios legales de prioridad, en este orden: primero, los postulantes con hermanos ya matriculados en el establecimiento; segundo, un 15% de estudiantes prioritarios por nivel; tercero, los hijos de funcionarios que trabajan de forma permanente en el colegio; y cuarto, los exalumnos que deseen retornar y no hayan sido expulsados. El punto crítico que el Gobierno utiliza para fundamentar su reforma es lo que ocurre cuando un postulante no califica en ninguno de esos criterios o cuando hay más postulantes que vacantes: históricamente, el desempate se resolvía por sorteo, el mecanismo popularmente conocido como «la tómbola».
Cabe precisar un matiz técnico relevante: para el proceso de Admisión 2026, ese componente aleatorio fue reemplazado de forma transitoria por un algoritmo de variables fijas que combina el RUN del estudiante con el código del establecimiento (RBD), generando un número único y predeterminado para cada postulación. El ajuste, contenido en el Decreto 70 del Mineduc y tomado de razón por la Contraloría, respondió a un compromiso de la Ley de Presupuestos 2025 y fue elaborado por académicos de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Es decir, la «tómbola» como tal ya había sido suspendida antes de esta reforma, aunque el carácter no selectivo del sistema se mantenía intacto.
El argumento del Gobierno: ocho de cada diez postulantes quedan al azar
Para justificar la modificación, el Ejecutivo expuso cifras sobre el funcionamiento actual del sistema. Según el Gobierno, cerca del 80% de los postulantes a colegios con alta demanda no cumple los criterios de priorización vigentes, lo que los deja sujetos a la asignación aleatoria; en el caso de primero medio, esa proporción alcanza a nueve de cada diez estudiantes. Las autoridades agregaron que el 30% de los establecimientos presenta sobredemanda en al menos un nivel, concentrando el 55% de las primeras preferencias de postulación. Kast enmarcó la propuesta en tres ejes que calificó de esenciales: el reconocimiento al mérito y al esfuerzo, la libertad de los proyectos educativos y el derecho de las familias a elegir entre ellos.
Dos vías de admisión: Elección Mutua y Asignación Aleatoria
El corazón de la reforma es la creación de dos mecanismos complementarios administrados a través de la plataforma del Ministerio de Educación. El primero, denominado Elección Mutua, será voluntario para los establecimientos con sobredemanda y permitirá considerar criterios objetivos, no discriminatorios, en la admisión: adhesión al proyecto educativo, participación en instancias informativas, aptitudes para programas especializados, rendimiento académico desde séptimo básico, entrevistas y cercanía territorial. El segundo, la Asignación Aleatoria, mantiene el esquema centralizado para los colegios que no adhieran a la selección o para los cupos que queden disponibles tras el proceso principal. Según detalló el proyecto, los establecimientos que opten por la Elección Mutua deberán reservar un 20% de cupos para alumnos prioritarios y un 10% para estudiantes con necesidades educativas especiales, además de mantener la prohibición de exigir antecedentes socioeconómicos o cobrar por postular.
Resguardos de inclusión y carácter voluntario
El proyecto contempla mecanismos de protección para los grupos que el modelo actual prioriza, con reserva de cupos para estudiantes del Sistema de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y para alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. Kast subrayó el carácter voluntario de la reforma: «Si algún establecimiento no desea participar, podrá seguir en el sistema que tenemos hasta hoy. Por eso decimos que es un sistema que opta por la libertad», afirmó. La ministra Arzola, por su parte, apuntó al diseño original del SAE y lamentó que una década atrás «se instaló una desconfianza generalizada hacia los colegios», eliminando todo margen para decisiones descentralizadas.
La iniciativa, que el presidente ya había anticipado en su primera Cuenta Pública bajo la bandera del mérito, comienza ahora su tramitación en el Congreso. La discusión enfrentará a quienes defienden la selección por mérito con los sectores que ven en ella un retorno a la segregación escolar que el SAE buscó corregir, en lo que se anticipa como uno de los debates educativos de mayor carga ideológica del actual período legislativo.
