La Sala del Senado aprobó este martes 7 de julio de 2026 el proyecto de ley que autoriza al Fisco a contraer obligaciones financieras por hasta US$ 6.200 millones durante el presente ejercicio, con lo que la iniciativa quedó despachada a ley y en condiciones de ser promulgada por la Presidencia de la República para su posterior entrada en vigencia.
Con la votación, la propuesta presentada por el Ejecutivo cerró su tramitación legislativa en el Congreso Nacional, abriendo paso a una herramienta extraordinaria de financiamiento para el Estado en 2026. La autorización aprobada tiene carácter adicional e independiente de la contemplada en la Ley de Presupuestos 2026 y se incorpora a los marcos ya existentes para ajustar las necesidades identificadas por el Ministerio de Hacienda.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el resultado y lo calificó como una señal de “responsabilidad” para dar cobertura a un presupuesto que, según expuso, había sido aprobado el año anterior con un financiamiento incompleto. En la misma línea, sostuvo que la medida constituye una decisión concreta sobre cómo el Estado enfrenta una situación fiscal que terminó siendo distinta a la prevista al momento de formular la ley respectiva.
La necesidad del ajuste, de acuerdo con lo expuesto en el debate legislativo, se constató tras la actualización del escenario macroeconómico y fiscal contenida en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2026, documento elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Ese informe técnico describió un escenario fiscal más estrecho que el proyectado en 2025, al evidenciar que los ingresos originalmente considerados se ubicaron por sobre su comportamiento efectivo y que distintas obligaciones de gasto no habían sido plenamente reconocidas.
Dipres advirtió un escenario fiscal más estrecho para 2026
El descalce descrito en el IFP derivó en un ajuste al alza de la estimación del déficit del ejercicio respecto de la proyección aprobada el año anterior. En ese contexto, el Ejecutivo recalculó los requerimientos de capital necesarios para asegurar la continuidad operativa del aparato estatal durante 2026.
A partir de ese diagnóstico, el Gobierno estimó una necesidad de financiamiento de US$ 4.700 millones. Esa cifra, según se explicó, incorpora el impacto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda pública y considera, además, un margen de resguardo financiero.
A ese requerimiento base se sumó un componente adicional de US$ 1.500 millones destinado a capital de trabajo y a la reducción de la deuda flotante. El objetivo de ese tramo, conforme a lo informado por Hacienda, es regularizar obligaciones de pago pendientes con proveedores del sector público, incluyendo pequeñas y medianas empresas.
En la tramitación se recalcó que el financiamiento no reemplaza la autorización ya contenida en la Ley de Presupuestos 2026, sino que opera como una ampliación independiente, diseñada para responder a necesidades efectivas detectadas tras la actualización de las cuentas fiscales y del escenario macroeconómico.
Hacienda enmarca la medida en una estrategia de consolidación fiscal
El ministro Jorge Quiroz enmarcó la aprobación dentro de una planificación de mediano plazo y sostuvo que no se trata de una decisión aislada, sino de una pieza integrada en una estrategia fiscal orientada a recuperar la solidez de las cuentas públicas.
De acuerdo con lo presentado por el Ejecutivo ante el Poder Legislativo, dicha estrategia integral de consolidación fiscal se sustenta en cuatro pilares: recuperar el crecimiento económico, racionalizar el gasto público, modernizar la gestión patrimonial del Estado —con foco en las empresas públicas— y avanzar hacia una gestión integral del balance fiscal mediante una administración activa de activos, pasivos financieros y niveles globales de liquidez de la Tesorería General de la República.
Al cierre del debate legislativo, el titular de Hacienda reafirmó el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las obligaciones del Estado, la protección de la confianza de los mercados internacionales y la creación de condiciones para un crecimiento sostenible. Con el proyecto ya despachado, el siguiente paso será su promulgación para que el nuevo marco de financiamiento adicional Estado pueda entrar en vigencia durante el ejercicio 2026.
