Fabián Barrientos Andrade, quien hasta este fin de semana ejercía como seremi de Salud de la Región de Magallanes —la máxima autoridad sanitaria regional—, será formalizado este martes 28 de julio por un presunto delito de connotación sexual. La audiencia quedó fijada para las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde permanece bajo custodia tras ser detenido por Carabineros durante el fin de semana. El caso derribó en cuestión de horas a una de las principales autoridades regionales del Gobierno.
La detención se concretó luego de una denuncia presentada por una trabajadora sexual, en el marco de un encuentro en el que, según la investigación, habrían estado involucrados el consumo de alcohol y el eventual uso de fármacos. La Fiscalía de Punta Arenas reúne peritajes toxicológicos y bioquímicos para determinar si existió administración de sustancias que pudieran haber incidido en la presunta agresión, elemento central de la indagatoria.
De autoridad sanitaria a detenido en un fin de semana
El contraste es brutal: quien días atrás encabezaba la fiscalización sanitaria de toda una región pasó, en menos de 48 horas, a estar recluido en el complejo penitenciario de Punta Arenas. Barrientos fue detenido en un procedimiento en la capital regional y quedó a disposición del Ministerio Público, que solicitó y obtuvo la ampliación de su detención ante el Juzgado de Garantía debido a diligencias pendientes.
La fiscal a cargo del caso, Johanna Irribarra, informó que la investigación se sigue por un presunto delito de índole sexual cometido en flagrancia, y evitó precisar la calificación jurídica exacta hasta la audiencia del martes. «Es un hecho de investigación y es de índole sexual, es lo único que les puedo manifestar por ahora», señaló la persecutora, quien confirmó que la presunta víctima, una persona adulta, ya prestó declaración. La identidad de la denunciante permanece bajo reserva por disposición judicial.
La disputa por la renuncia: la versión de la defensa
Uno de los puntos que ha tensionado el caso es la forma en que se produjo la salida de Barrientos del cargo. Mientras el Ministerio de Salud comunicó públicamente que había solicitado su renuncia para resguardar el funcionamiento institucional y la independencia del proceso penal, la defensa del exfuncionario cuestionó esa versión, asegurando que nunca recibió una solicitud formal de renuncia por parte del Gobierno.
Su abogado defensor, Juan Carlos Rebolledo, además negó tajantemente la existencia de un delito. Sostuvo que el encuentro entre ambas personas fue consentido y que el conflicto se habría originado por un desacuerdo de carácter económico. «Él niega una situación delictual en este caso (…) es un hecho que se estaba realizando en forma consentida y el problema fue por un problema de dinero», planteó el profesional, quien también afirmó que su representado niega haber suministrado medicamentos o alcohol a la denunciante.
Un caso en pleno desarrollo
La formalización del martes permitirá conocer los cargos precisos que la Fiscalía imputará y las medidas cautelares que solicitará para el resto de la investigación. Hasta entonces, la causa sigue su curso mientras se completan los peritajes que buscan reconstruir la dinámica de los hechos y establecer si hubo o no administración de sustancias.
El caso reviste especial gravedad por la investidura que ostentaba el imputado: un seremi de Salud concentra responsabilidades de fiscalización sanitaria, autorización de recintos y gestión de la red asistencial, lo que vuelve el episodio particularmente sensible para la institucionalidad pública regional.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.
