En una sola jornada, el Gobierno de José Antonio Kast perdió a dos secretarios regionales ministeriales, elevando a 28 el número de seremis que han abandonado sus cargos en poco más de cuatro meses de administración. La cifra, un récord absoluto de rotación para un gobierno en etapa de instalación, dejó de ser un dato anecdótico para convertirse en la evidencia más clara de un problema estructural: la incapacidad del Ejecutivo para conformar y sostener equipos estables, especialmente en regiones.
Las salidas de este lunes 27 de julio corresponden a Cristián Cabezas Mundaca, seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, y al titular de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Maule. Ambas renuncias, informadas con pocas horas de diferencia, condensan en un mismo día el fenómeno que ha marcado el arranque del actual Gobierno: una hemorragia de autoridades regionales que se produce, precisamente, en el momento en que el Estado debería estar ejecutando las principales políticas públicas del nuevo mandato.
Una baja regional cada pocos días
El ritmo de las salidas es difícil de disimular. En poco más de cuatro meses, 28 seremis han dejado sus funciones, un promedio que refleja una recomposición permanente de los equipos que representan al Gobierno en el territorio. El caso de Cabezas ilustra el tipo de controversias que han acompañado varias de estas salidas: la ahora exautoridad de Tarapacá era investigada por dos denuncias de maltrato y acoso laboral, presentadas por funcionarias de la propia Secretaría Regional Ministerial y del Instituto de Seguridad Laboral, situación que había motivado a la ANEF regional a exigir su separación inmediata del cargo.
No se trata de puestos secundarios. Cada seremi es el rostro del Gobierno en su región y el articulador de sus políticas con municipios, organizaciones sociales, parlamentarios y autoridades locales. Cuando ese cargo rota una y otra vez, el costo no es solo de imagen: cada cambio obliga a reiniciar relaciones institucionales desde cero, retrasa la ejecución de programas y deja a comunidades enteras sin una contraparte estable con quien avanzar. La inestabilidad, en los hechos, se traduce en un Estado que en regiones funciona a media máquina.
El costo territorial de la rotación permanente
El fenómeno golpea de manera transversal a lo largo del país, con regiones como Antofagasta, Arica y Parinacota, Valparaíso, Tarapacá y Los Lagos concentrando buena parte de la inestabilidad. Las causas son variadas y ninguna resulta tranquilizadora para el Ejecutivo: autoridades que renunciaron a pocos días de asumir, otras removidas por conflictos internos, cuestionamientos a antecedentes profesionales, investigaciones judiciales en curso e incluso seremis que jamás alcanzaron a ejercer plenamente sus funciones. A este cuadro se suman salidas por causas más graves, como la del exseremi de Salud de Magallanes, apartado tras conocerse una investigación penal por un presunto delito de connotación sexual.
Para las regiones del sur, el diagnóstico es especialmente preocupante. La Región de Los Lagos ya figura entre las más afectadas por esta rotación: hace apenas unos días, la salida de la seremi de las Culturas convirtió a esa cartera regional en una de las tantas que han quedado acéfalas o en subrogancia. En un territorio donde la relación entre el Gobierno central y las comunidades depende en buena medida de que exista una autoridad regional con permanencia y capacidad de gestión, la sucesión de renuncias erosiona directamente la posibilidad de que las políticas públicas lleguen a destino.
Un problema que trasciende los nombres
Más allá de las circunstancias particulares de cada renuncia, el patrón de 28 seremis en cuatro meses instala una pregunta de fondo sobre la capacidad del Gobierno para gobernar en el territorio. La instalación de una administración se mide, entre otras cosas, por su aptitud para desplegar equipos competentes y estables en cada región. El récord de salidas sugiere que ese despliegue ha fallado de manera sistemática, dejando al descubierto problemas de selección, de conducción política y de acompañamiento a las autoridades designadas.
Mientras el Ejecutivo insiste en que las secretarías regionales continúan funcionando con normalidad a través de subrogancias, la realidad territorial es otra: regiones enteras conducidas por autoridades interinas, sin el peso político ni la proyección temporal necesarias para tomar decisiones de fondo. En el sur de Chile, donde las brechas de conectividad, vivienda y desarrollo productivo exigen una gestión estatal presente y sostenida, cada nueva silla vacía en una seremi es una promesa de descentralización que se aleja un poco más.
