La Contraloría Regional de Los Ríos emitió el 9 de enero de 2026 el Informe Final N° 801, de 2025, con los resultados de una auditoría y examen de cuentas a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Municipalidad de Lago Ranco entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. El documento consolida observaciones que, de acuerdo con el organismo fiscalizador, requieren correcciones administrativas y la determinación de eventuales responsabilidades.
La fiscalización puso el foco en los gastos imputados al subtítulo 22, “Bienes y Servicios de Consumo”, cuyo universo sumó más de $5.337 millones en el período examinado. El objetivo fue verificar el cumplimiento de la normativa de compras públicas, la correcta acreditación de desembolsos, la oportunidad de los registros contables y si existían controles internos adecuados para gestionar estos recursos.
En la práctica, este tipo de auditorías impacta directamente en la vida comunal porque las compras municipales —combustible, servicios, contratos y pagos a proveedores— sostienen parte importante del funcionamiento diario. Cuando se detectan respaldos incompletos, licitaciones mal ejecutadas o registros contables con diferencias relevantes, se tensiona la gestión y se arriesga la continuidad y transparencia de servicios que la comunidad espera que operen con normalidad.
Entre los hallazgos que el informe califica como más relevantes aparece el gasto en combustible. La auditoría estableció que “un total de 424 registros de carga de combustible, asociados a 10 vehículos de contratistas, por un total de $22.645.929, no se encuentran debidamente respaldados”. Es decir, se identificaron cargas vinculadas a vehículos que no son municipales y que, además, no contaban con respaldo suficiente.
A partir de lo anterior, la Contraloría determinó que procederá a formular un reparo por la suma indicada, conforme a la ley N° 10.336, que regula sus atribuciones. También ordenó implementar medidas de control para asegurar que las cargas se realicen exclusivamente por personal autorizado y respecto de vehículos municipales debidamente habilitados, apuntando a evitar que el gasto vuelva a repetirse bajo las mismas condiciones.
Proveedores inhabilitados y conflictos de interés
El Informe Final N° 801 también detectó casos de contratación de proveedores afectos a la inhabilidad establecida en el artículo 35 quáter de la ley N° 19.886, sin que quedaran adecuadamente acreditadas las condiciones excepcionales que permitirían contratar en dichas circunstancias. En el estado de observaciones, el organismo consignó la “falta de actos administrativos fundados que justifique la contratación de proveedores afectados por la prohibición de contratar con el municipio, contenida en el artículo 35 quáter de la ley N° 19.886, o con fundamentos que carecen de sustento”.
En este punto, el municipio informó medidas adoptadas tras el preinforme. Sin embargo, la Contraloría recalcó que esas acciones solo tendrían efectos hacia el futuro, por lo que las observaciones se mantienen respecto de los hechos ya ocurridos. El señalamiento no es menor: en compras públicas, la trazabilidad de las decisiones y sus fundamentos es clave para evitar riesgos de discrecionalidad o contratos que no cumplan la regla general.
La auditoría, además, advirtió “falta de abstención en procesos de licitación, adjudicación y recepción de servicios”, junto con la ausencia de formularios de declaración de conflictos de intereses por parentesco entre proveedores y funcionarios. Estas materias fueron calificadas con nivel de complejidad “C” y quedaron sujetas a seguimiento, ordenándose la instrucción de sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Licitaciones, compras fuera de norma y contabilidad
En el examen de licitaciones públicas, la Contraloría constató que en algunos procesos se adjudicó un mismo ítem a más de un proveedor. Según el informe, esa práctica no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.886 y el artículo 41 del decreto N° 250 de 2004, que obligan a adjudicar la propuesta más conveniente de acuerdo con los criterios establecidos en las bases. También se detectaron procesos con plazos acotados para presentar ofertas, lo que “pudo haber afectado la presentación de ofertas”, además de compras realizadas al margen del portal Mercado Público, pese a tratarse de adquisiciones y servicios sujetos a esa normativa.
Otro punto crítico se relaciona con compras y pagos efectuados con cargo a una licitación que había expirado el 31 de diciembre de 2023. El informe señala operaciones por $158.557.624 durante 2024 y por $58.675.990 durante 2025 bajo esa condición, manteniéndose la observación. En términos de gestión, este tipo de situaciones exige revisar cómo se controlan vencimientos y renovaciones para no operar fuera del marco de las bases vigentes.
En el ámbito financiero-contable, la Contraloría detectó la ausencia de conciliaciones bancarias actualizadas en la cuenta corriente “Fondos Ordinarios” y una diferencia de $659.218.486 entre los saldos contables y bancarios al 31 de diciembre de 2024. El organismo ordenó regularizar la confección de las conciliaciones, aclarar la diferencia y remitir un informe de avance en un plazo no superior a 60 días hábiles, además de instruir el respectivo sumario administrativo.
Pese a que la Municipalidad de Lago Ranco respondió al preinforme y acompañó antecedentes, la Contraloría concluyó que los descargos permitieron subsanar solo parte de las observaciones, por lo que varias quedaron bajo seguimiento. En consecuencia, instruyó que el municipio deberá iniciar sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades, remitiendo copia del decreto alcaldicio que lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, dentro de 15 días hábiles desde la notificación del informe. El documento fue remitido formalmente al alcalde de la comuna para la adopción de las medidas correctivas correspondientes, quedando el escenario marcado por plazos y acciones concretas que deberán acreditarse ante el ente fiscalizador.
