La encuesta Cadem mayo correspondiente a la tercera semana de mayo de 2026 registró una baja en la aprobación del presidente José Antonio Kast, que cayó cuatro puntos y llegó a 36%, mientras la desaprobación subió a 58%, el nivel más alto desde el inicio de su administración. Según el estudio, un 6% no respondió.
El sondeo fue realizado el 15 de mayo con una muestra de 1.007 casos a nivel nacional. En sus resultados, también quedó reflejado un aumento del escepticismo sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar la inmigración irregular y controlar la seguridad pública.
En la medición de prioridades atribuidas al mandatario, la seguridad, delincuencia y orden público apareció como el principal compromiso asociado al Presidente, con 44%. En segundo lugar se ubicó inmigración y expulsión de extranjeros, con 30%, y luego economía, empleo, impuestos y costo de vida, con 11%.
Al evaluar el plan de seguridad del Ejecutivo, un 64% de los encuestados dijo que no cree que el Gobierno tenga un plan concreto en esta materia, mientras un 36% sostuvo que sí existe una estrategia clara.
Encuesta Cadem mayo: seguridad pública concentra la principal demanda
Los resultados del estudio también se enfocaron en la percepción sobre la inmigración. Un 60% consideró que la llegada de inmigrantes extranjeros es mala para el país, mientras un 31% opinó que es positiva. A la vez, un 75% estimó que Chile debería aplicar más restricciones migratorias que las actuales.
En el apartado sobre el denominado Plan Escudo Fronterizo impulsado por el Gobierno, un 57% señaló aprobarlo y un 38% manifestó estar en desacuerdo. Pese a ese respaldo, solo la mitad de los consultados cree que medidas como zanjas, radares, drones y presencia militar lograrán cerrar la frontera y evitar el ingreso irregular.
En el mismo bloque, la medición reflejó un respaldo amplio a medidas restrictivas vinculadas a la inmigración irregular. Un 85% se mostró de acuerdo con fiscalizar y eventualmente sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular, un 84% apoyó expulsar a quienes hayan ingresado ilegalmente al país y un 83% respaldó restringir beneficios sociales a inmigrantes irregulares.
Plan Escudo Fronterizo y expulsiones: apoyo mayoritario, pero dudas de cumplimiento
La encuesta también consultó sobre nuevas medidas legales relacionadas con el control migratorio. Un 72% apoyó que Chile tenga una ley que establezca penas de cárcel para la inmigración ilegal y un 65% respaldó limitar la cantidad de dinero que los inmigrantes pueden enviar al extranjero.
En relación con una promesa de campaña asociada a expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares, un 61% consideró que era imposible de cumplir. Además, un 54% opinó que la mayoría de las personas creyó que se trataba de un compromiso realizable.
De cara a fines de 2026, el estudio consignó que un 65% estima que la mayoría de los inmigrantes irregulares seguirá en Chile, mientras solo un 30% cree que serán expulsados. Esta percepción se suma a la evaluación crítica sobre la existencia de un plan concreto en seguridad, un punto que en la medición se mantiene como el principal foco de preocupación.
Respecto de eventuales procesos de regularización, la opción con mayor respaldo fue regularizar a personas que lleven más de 10 años viviendo en Chile sin cometer delitos, con 77%. Otras alternativas también recogieron apoyo, como regularizar a quienes demuestren empleo formal, con 60%, y a quienes tengan hijos nacidos en Chile, con 40%.
En la evaluación institucional incluida en el sondeo, Bomberos lideró nuevamente con 92% de aprobación. Le siguieron la PDI, con 74%, y la Contraloría General de la República, con 67%. En la parte baja de la tabla, los partidos políticos obtuvieron 10% de aprobación, el Congreso llegó a 15% y los medios de comunicación marcaron 24%.
Con estos resultados, la aprobación presidencial anotó una nueva caída en mayo, mientras la desaprobación alcanzó su punto más alto desde el inicio del mandato, en un contexto donde la seguridad pública y la inmigración se mantienen como los temas que dominan las expectativas y la evaluación ciudadana recogida por la encuesta.
